Apenas 48 horas después de que se presentara en el Parlamento Vasco un documento de bases para la reforma educativa vasca, EH Bildu y los partidos que conforman el Gobierno vasco, PNV y PSE-EE, han aprobado una resolución para “proceder a la renovación” por seis años de los actuales conciertos con colegios privados con ciertas condiciones. El texto, de tres puntos, respondía a una propuesta de Elkarrekin Podemos-IU para limitar esta financiación a, como mucho, dos cursos escolares más para “no hipotecar durante seis años el diseño del futuro sistema educativo” y para potenciar la escuela pública, si bien los partidos del Ejecutivo han insistido en que ese plazo no es arbitrario, sino el que marca la normativa estatal, la LOMLOE. El entendimiento, en todo caso, adelanta las buenas relaciones entre el Gobierno y la izquierda abertzale con la nueva ley educativa en el horizonte.
El representante de la coalición de izquierdas, Íñigo Martínez Zatón, que defiende medidas como la reducción progresiva de las plazas privadas e incluso la apertura de centros públicos que asuman ese alumnado, se ha quejado que “en medio del debate” y “antes de aprobar la nueva ley” ya se perpetúe el modelo actual. Euskadi pasa por tener casi el 50% de la red concertada por la suma de religiosos, cooperativas e ikastolas. “Las próximas semanas son claves para el debate educativo”, ha recalcado Martínez Zatón, que ha aludido a la “no concertación universal” y a la necesidad de combatir la “segregación” entre redes. “No somos una caricutura. Somos tan vascos como un director de ikastola. La educación es un arma de construcción masiva”, ha clamado.
El acuerdo de PNV, PSE-EE y EH Bildu insta en todo caso al Departamento de Educación a “establecer los mecanismos para que todos los centros sostenidos con fondos públicos asuman de manera equitativa las necesidad derivadas de los retos que plantea el alumnado vulnerable, la diversidad y cohesión social en el marco de las reflexiones del acuerdo educativo y su traslado a la futura Ley de Educación de Euskadi”. También se pide “adecuar los criterios de concertación educativa en base a los mecanismos que se establezcan una vez se determine el desarrollo normativo resultante del acuerdo educativo y la futura ley con la implicación de los agentes involucrados, a fin de que no se condicionen durante los próximos seis años las nuevas planificaciones educativas y criterios para el concierto”.
En el debate político ha sobrevolado el documento presentado este martes por el presidente de la ponencia que, en los últimos meses, ha analizado las posibles mejoras educativas en Euskadi. El texto de Gorka Álvarez, del PNV, recalcaba que el acceso a la concertada ha de ser gratuito -que es algo ya regulado por la ley- y no se mencionaba que supone casi el 50% de toda la enseñanza. Desde la bancada de EH Bildu, Ikoitz Arrese ha defendido el acuerdo y ha querido matizar su posición sobre la concertada, que ya ha suscitado algunas críticas internas en el seno de la coalición y otros agentes.
Según Arrese, lo que hipoteca el sistema educativo no es la duración de seis años sino los “parámetros” con los que se hacen los conciertos en ese período. “Toca renovar los conciertos educativos. Le corresponde a Educación y lo puede hacer con sus criterios o compartiéndolos con el resto de partidos. La renovación podría poner en duda la credibilidad del posible acuerdo educativo. ¿De qué sirve acordar hoy una cosa y definir unos criterios y hablar de la planificación escolar si los conciertos que se van a decidir hoy van a hipotecar los próximos seis años?”, ha señalado. Y ha añadido: “Se habla mucho de EH Bildu con ánimo de manipulación. Lo que EH Bildu no dice no lo dice EH Bildu y lo que dice EH Bildu lo dice EH Bildu. Más claramente, en EH Bildu no compartimos la concertación universal ni de dar un cheque en blanco a la concertada. Hay centros que niegan a algún tipo de alumnado la matrícula, que segregan por sexos, o que no euskaldunizan. La nueva realidad pasa porque la pública sea el eje vertebrador del sistema educativo”.
Desde el PSE-EE, al tiempo que han defendido la renovación de los conciertos por motivos jurídicos principalmente, han lamentado que “por desgracia” en Euskadi el 50% de la educación no es pública. En todo caso, José Antonio Pastor ha avisado a sus socios del PNV de que la prórroga de la financiación no debe impedir el debate para evitar problemas como la “segregación” entre redes e incluso ha mencionado el modelo de Finlandia, 100% público. Por parte del PNV, Leixuri Arrizabalaga, la dualidad de redes es algo natural y responde al contexto específico de Euskadi: “No es una anomalía es nuestra especificidad”. En todo caso, ha remarcado que este debate parlamentario tiene que afrontarse con criterios “objetivos” y “jurídicos” más que con posiciones más filosóficas sobre el modelo. Ha recordado que en Primaria la ley marca que los conciertos son de, como mínimo de seis años y en el resto de etapas de cuatro años. “Legalmente no es posible la renovación de los conciertos en los términos que pide Elkarrekin Podemos-IU. Y lo saben perfectamente. El marco normativo es claro”, ha enfatizado Arrizabalaga. Y ha ironizado: “La LOMLOE, su LOMLOE, esto no lo ha modicado. ¿Vamos a darles el persianazo?”.
En medio de la diferencias de Elkarrekin Podemos-IU con los partidos que han pactado la resolución aprobada ha brotado la voz de PP+Cs. Su portavoz educativo, José Manuel Gil, el único representante que queda de Ciudadanos en esa coalición, ha denunciado que se busca “atacar a la educación concertada” que es la única que permite escapar de la “imposición del euskera” y del ideario nacionalista. “Se posicionan en contra de 180.000 alumnos y familias y de 400 centros educativos, que han demostrado un enorme compromiso con la calidad de la educación en Euskadi”. Según PP+Cs, la privada tiene “calidad por encima de la media”. Y Gil ha añadido: “La educación concertada es también pública y está infrafinanciada”.