En apenas 24 horas el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, dio inicio a la tramitación formal de la nueva Ley de Educación de Euskadi. Si el jueves a mediodía el Parlamento Vasco daba el visto buen a las bases pactadas entre PNV, PSE-EE, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU para la reforma educativa, el viernes ya estaba firmada la orden de puesta en marcha de todo el procedimiento legislativo, según la documentación a la que ha accedido este periódico. La previsión verbalizada por el propio Bildarratz es que el proyecto de ley sea aprobado en “octubre” para que sea tramitado en la Cámara, que no tiene plazos determinados hasta completar el proceso. No obstante, antes de ese hito en otoño todavía quedan pendientes no solamente la redacción del articulado sino más de una docena de informes internos previos a que pueda ser aprobada.
El proceso elegido ha suscitado cierta confusión, ya que en ningún caso el Parlamento Vasco ha aprobado ya la reforma educativa. “Éste no es el punto de llegada, sino el de partida”, explicó en este sentido el líder de los socialistas, Eneko Andueza, durante el pleno parlamentario que refrendó las bases. En los últimos meses lo que se ha pactado es un texto sin validez jurídica que pone negro sobre blanco una filosofía, aunque el Gobierno ya ha prometido asumirla como propia. De hecho, tanto Bildarratz como su equipo han participado de primera mano en las complejas negociaciones que han tenido lugar hasta que los dos socios de Gobierno, PNV y PSE-EE, y las dos principales fuerzas de la oposición, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, han llegado a un consenso de mínimos. En todo caso, tocará repetir sí o sí la ponencia y el debate de propuestas y enmiendas de los grupos. Con todo, fuerzas como EH Bildu consideran que esta fórmula de tejer acuerdos ha sido un referente que habría que replicar en otras materias. Además, según informa 'El Correo', los partidos y el Gobierno se han comprometido a crear una comisión de seguimiento que monitorice el proceso legislativo de modo que no se salga de los contenidos pactadas.
El Gobierno, que en el inicio de la tramitación no da pistas del articulado ni menciona en ningún momento la dualidad entre la escuela pública y la concertada -que casi tienen el mismo peso en Euskadi-, defiende que la normativa de 1993 -titulada, por cierto, con una mención expresa a la “escuela pública”- ha quedado “obsoleta”. “La respuesta a los retos actuales y de las próximas décadas exige innovar, considerar las aportaciones científicas aplicables al proceso educativo; visionar un alumnado empoderado como sujeto activo de su aprendizaje, unas familias y un profesorado que guían y acompañan al alumnado y que aprenden en comunidad; configurar una organización escolar de educación formal y no formal con centros empoderados que gestionen en interacción con el entorno sociocultural e institucional vasco; implantar un nuevo modelo de gobernanza del sistema educativo vasco, corresponsable, colaborativo, descentralizado, y ensamblado a nivel municipal, territorial y autonómico; todo ello, en aras de garantizar un Sistema Educativo inclusivo. En este sentido, el necesario proceso de adaptación de la Ley 1/1993, de la Escuela Pública Vasca, con más de veinticinco años de vigencia, aconsejan la redacción de un nuevo texto legal que se adecúe a los profundos cambios sociales, pedagógicos, tecnológicos, económicos y culturales que han tenido lugar desde entonces”, se lee en los informes ya elaborados por el Ejecutivo a este respecto.
Sobre el contenido, hay muy pocas pistas. Sí se indica que “se pretende situar al alumnado como objetivo y protagonista del proceso de aprendizaje” y se alude a “la construcción de una sociedad cohesionada y solidaria en un nuevo futuro complejo e incierto”. “Se apuesta por la convivencia positiva como eje vertebrador de una escuela diversa, que comporte el establecimiento de mecanismos de garantía en el acceso del alumnado a los centros y conlleve una escolarización más inclusiva y equilibrada con el fin de alcanzar una mayor cohesión social”, se abunda. En principio, se han prometido medidas concretas contra la segregación, tanto por sexos como por nivel socioeconómico.
Sobre el modelo lingüístico, uno de los puntos de fricción en la ponencia parlamentaria y que se ha saldado con una formulación genérica que garantiza el B2 al término de la educación obligatoria en ambas lenguas oficiales, castellano y euskera, y el B1 en lengua extranjera dentro de un marco plurilingüe con el euskera como eje, se indica desde el Gobierno que “se busca también impulsar un sistema plurilingüe e intercultural con proyección de calidad, igualitaria, inclusiva e innovadora, tomado el euskera y la cultura vasca como ejes”. Sin embargo, a pesar del trabajo de meses de la ponencia, en un documento de septiembre de 2021 previo al inicio de la elaboración de la ley pero que forma parte del expediente ya se apelaba a algo muy similar, concretamente a “construir un marco propio para un sistema plurilingüe, que tenga como eje central el euskera”.
A partir de ahí, el Ejecutivo se limita a enumerar los trámites previos preceptivos para poder dar luz verde a la ley. Y no son pocos. Se menciona para una primera fase una memoria justificativa, otra económica, un primer informe de impacto de género y otro sobre la garantía de los derechos de la infancia y de la adolescencia. Después llegará un informe jurídico y podrían ser requeridos igualmente informes de normalización lingüística, del Consejo Escolar, de Emakunde, de impacto en las empresas, de Competencia, de las instituciones locales, del Consejo Económico y Social (CES), de las cooperativas, de la Oficina de Control Económico y de la conocida como COJUA, la Comisión Jurídica Asesora, indica Bildarratz.