El Gobierno vasco está dispuesto a colaborar para mantener la viabilidad de Talgo y tiene abierta una línea de interlocución permanente con la empresa y el Ministerio Industria. Fuentes del Departamento de Industria no descartan repetir con la empresa ferroviaria la operación que se hizo en ITP Aero, en la que el Gobierno vasco entró con un 6% y tiene representante en el consejo de administración de la empresa. No obstante, recuerdan que al proceso le queda todavía mucho recorrido y habrá que ver cuáles son las posibilidades que se plantean antes de posicionarse.
Tras el veto del Gobierno español a la OPA de la empresa húngara Magyar Vagon, un veto que ha recibido el respaldo de Bruselas, y la retirada de la OPA, Talgo empieza a barajar otras posibilidades de acuerdos con otras empresas, pero todas las vías se encuentran de momento abiertas, de hecho el grupo húngaro ha anunciado que recurrirá el veto a la OPA, por lo que no está nada claro más allá de que la empresa necesita ampliar su capacidad de fabricación de forma urgente para sacar adelante la cartera de trabajo que tiene, de más de 4.000 millones y que garantiza el trabajo hasta 2030, pero que no tiene capacidad para sacar adelante en plazo. Los propios trabajadores de la planta de Ribavellosa en Álava, donde se fabrican todos los vagones, desde el principio hasta el final, confirmaban que se están enviando muchos de los coches a terminar en la planta de Madrid, en Las Matas, especializada en la fábrica de las locomotoras, porque la vasca ya no tiene capacidad suficiente para sacar adelante todo el trabajo.
Talgo no es una empresa vasca. Tene su sede en Madrid. Pero es muy importante para Euskadi, no sólo por sus origenes vascos -José Luis Oriol y Alejandro Goicoechea, fueros sus artífices- sino porque la planta alavesa de la empresa en Rivabellosa, emplea a 700 trabajadores y mantiene una relación directa con toda la empresa auxiliar del sector, por lo que de la buena marcha de esta empresa dependen miles de puestos de trabajo en Euskadi. Desde el comité de empresa, ya han pedido la ayuda del Gobierno vasco, y solcitarán una reunión con el nuevo consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi.
Desde el Gobierno vasco insisten en que aún es pronto para posicionarse sobre qué puede hacerse más allá de mostrar su disposición a implicarse en un proyecto que sea “sólido” para la compañía y que salvaguarde los puestos de trabajo y la planta vasca.
El modelo ha seguir podría ser el seguido en ITP Aero, empresa en la que entró con un 6% del capital a través del Fondo Finkatuz, gestionado por el Instituto Vasco de Finanzas. Este procentaje garantiza en el caso de ITP Aero su presencia en el consejo de administracion de la empresa y tener derecho a voto, una de las condiciones que se consideraban imprescindibles para confirmar la inversión en la empresa y evitar una deslocalización una vez que la compañia aeronáutica tiene como socio mayoritario al fondo norteamericano Bain Capital.
En el hipotético caso de entrada en el accionariado de Talgo, el Gobierno vasco tendría que asegurarse de igual forma, contar con capacidad de decisión para evitar que decisiones futuras afectasen de forma negativa a la planta vasca y a su continuidad.
El fondo Finkatuz, con el que el Gobiermo vasco quiere garantizar el arraigo de las empresas a Euskadi, tiene en estos momentos un acumulado de unos 200 millones de euros. Desde que en 2022 el Gobiermo vasco materializó la entrada en ITP Aero, no ha realizado ninguna otra inversión, pese a que se ha sido dotado presupuestariamente. La de ITP era la tercera empresa que recibía inversión de este fondo. Antes había invertido en CAF y Kaiku. En CAF Finkatuz tiene el 3% del capital, al que ha llegado a través de dos operaciones de compra que han supuesto una inversión de 32 millones de euros y cuenta con representante en el consejo de administración. En Kaiku ha realizado tres inversiones para hacerse con el 7,31% del capital con una inversión de siete millones de euros.
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