El Gobierno vasco se presenta como “víctima” del cártel de las consultoras y añade que “únicamente” le afectan 27 contratos

Argumento primero: “No se entienden las razones que justifican la interpelación suya al consejero de Economía y Hacienda para dar explicaciones de un expediente sancionador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), cuando el Gobierno vasco, lejos de ser parte en dicho expediente, en todo caso habría de ser considerado como una de las víctimas del supuesto cártel y de las supuestas prácticas restrictivas de la competencia”. Argumento dos: “La resolución acredita la afectación a licitaciones públicas en Andalucía, en Asturias, en Baleares, en Canarias, en Cantabria, en Castilla La Mancha, en Castilla y León, en Cataluña, en Ceuta, en Melilla, en la Comunidad Valenciana, en Extremadura, en La Rioja, en Madrid, en Murcia y en Navarra”. Argumento tres: los expedientes con irregularidades en la Administración autonómica son “únicamente 27”.

El consejero Pedro Azpiazu y el propio lehendakari, Iñigo Urkullu, han negado con esas tesis ante la oposición en la sesión de control al Gobierno celebrada este viernes en el Parlamento Vasco cualquier “connivencia” o participación de la Administración autonómica con la trama de empresas que manipularon alrededor de dos centenares de adjudicaciones de consultoría en toda España y que ha sido destapada por la CNMC. El caso se originó en Euskadi, la mayoría de compañías señaladas tienen su sede en Euskadi y la mitad de los expedientes afectan a Euskadi y, de ellos, varios son del Ejecutivo autonómico y de sus organismos, incluida una licitación de la propia Presidencia vasca en la etapa de Patxi López y encargos de consejeros tanto de PSE-EE como de PNV. Como ha publicado este periódico, algunas de las empresas sancionadas intentaron precisamente ver mejorada su posición alegando que actuaban al amparo de lo que marcaban las instituciones, que alentaban las prácticas irregulares en las licitaciones. Las licitaciones se dieron también hasta 2018 en ámbitos más locales, principalmente en Bizkaia.

El primero en responder a preguntas sobre este caso ha sido Urkullu a instancias de Elkarrekin Podemos-IU, exactamente de su portavoz, Miren Gorrotxategi. El lehendakari ha respondido que el tema “no se circunscribe a las administraciones públicas vascas” porque “son múltiples las administraciones y entidades públicas afectadas”. Y ha añadido que “no son las Administraciones públicas las investigadas, sino las empresas”. “En la investigación de las licitaciones de los departamentos del Gobierno vasco no se ha acreditado indicio alguno de connivencia”, ha zanjado. Ha prometido también “colaboración” en cualquier nuevo paso al que derive esta investigación y que se entregará al Parlamento la documentación sobre los contratos señalados en el dictamen de la CNMC. Gorrotxategi ha denunciado que “en esta trama se han visto implicadas personas relevantes” del PNV. Y también ha remarcado que las empresas investigadas continúan contratando en la actualidad.

El segundo en hablar del cártel de las consultoras, con una intervención más larga, ha sido el consejero Azpiazu, interpelado por Luis Gordillo, representante de Ciudadanos dentro de la coalición PP+Cs. Este -que ha calificado como “don Pedro María” al titular de Economía y Hacienda- ha ironizado que es positivo que el caso haya tenido también derivadas fuera de Euskadi para haya sido investigado por la CNMC porque, de lo contrario, quizás habría quedado en nada si hubiera dependido de órganos vascos. Airado, Azpiazu ha considerado “impresentable” tal afirmación. “No puedo aceptarle en ningún caso la sospecha que ha dejado usted sobre la mesa de que si esto se hubiera analizado en Euskadi quizá no habría ido a ninguna parte, esto me parece absolutamente impresentable”, ha replicado. Y ha zanjado: “En resumen, señor Gordillo, ningún atisbo de connivencia con las empresas sancionadas en el caso del sector público de la comunidad autónoma de Euskadi”. Como Urkullu, Azpiazu también ha querido minimizar el impacto del caso, aunque en su caso asegurando que de las licitaciones vascas “únicamente 27” corresponden a la Administración autonómica. Gordillo ha afirmado, como precedente, que en el caso de los comedores escolares destapado en su día por la Autoridad Vasca de la Competencia hubo que reducir las sanciones a las empresas debido a que “las instituciones públicas, habían desarrollado un clima que hacía presagiar que las empresas no se estaban comportando contra el derecho”.