El Gobierno vasco reclama 28,7 millones a la empresa del vertedero de Zaldibar por los trabajos tras el derrumbe

El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco ha cuantificado finalmente en 28,73 millones de euros (IVA incluido) la cantidad que ha tenido que adelantar en la gran obra que supuso la respuesta al derrumbe en febrero de 2020 del vertedero de Zaldibar, en el límite entre Bizkaia y Gipuzkoa. El alud mató a dos trabajadores, Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, y después de meses de rastreo solamente se pudo rescatar uno de los cuerpos, el de Sololuze. Es la empresa gestora de las instalaciones de Zaldibar, Verter Recycling, la que tendrá que abonar ahora esa cantidad. Ante las dudas que ha generado que haya entrado en liquidación, el Gobierno remarca “en caso de que la entidad desaparezca”, los “gestores y administradores de la empresa” tendrán que pagar de su bolsillo la deuda “en su condición de responsables subsidiarios”.

La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ofrece la cifra final en una documentación enviada al Parlamento Vasco a instancias de la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU Miren Gorrotxategi, unos datos solicitados el pasado 21 de octubre. La cuantía se corresponde con el coste asumido por la Administración por la negligencia de Verter Recycling, que no actuó ante la aparición de grietas y movimientos en el vertedero, que estaba emplazado en una ladera que se vino abajo.

El Gobierno vasco considera que Verter Recycling no actuó ante la aparición de grietas y movimientos en el vertedero, que estaba emplazado en una ladera que se vino abajo

Se habla de trabajos de “prevención, evitación y reparación de daños medioambientales”. Sin embargo, no se incluyen las labores de reparación de la autopista AP-8 Bilbao-Donostia que pasa por debajo del antiguo vertedero y que deberían ser reclamados por el titular de la infraestructura, que es la Diputación de Bizkaia. Podrían sumar otros 3 millones. El recuento final de la parte correspondiente al Gobierno vasco se cerró el 17 de septiembre y equivale al 32,2% del presupuesto total que tendrá en 2022 la viceconsejería de Medio Ambiente.

Preguntaba expresamente Gorrotxategi por la “posibilidad legal” de actuar en caso de que se liquide Verter Recycling para que no se pierda el dinero público. Indica Tapia a este respecto que “el procedimiento de exigencia ambiental atribuye a Verter Recycling la responsabilidad correspondiente al daño ambiental derivado del deslizamiento, por lo que no se contempla la posibilidad de que la empresa se exima de su responsabilidad, siempre desde el respeto a las decisiones que se pueden adoptar por las autoridades judiciales en el procedimiento contencioso-administrativo incoado por la mercantil al respecto”.

“Pasar por caja”

Además, recalca que la ley permite actuar con carácter subsidiario contra los gestores a título individual en caso de disolución de la empresa. “En consecuencia, este órgano exigirá el pago de los mencionados costes a Verter Recycling de forma que se le concederá un período voluntario para el pago de dicha deuda. En caso de que dicha deuda no se atienda en el período voluntario indicado, se adoptarán las herramientas disponibles en el ámbito legal establecido para su recuperación”, explica el Gobierno.

Las fuentes consultadas indican que ha sido ahora cuando se ha girado la factura a Verter Recycling y que es ahora también, por lo tanto, cuando tendrán que empezar a pasar por caja. Es decir, hasta la fecha no ha abonado ninguna cantidad. En el Gobierno no se oculta la inquietud por la situación económica de la empresa gestora de Zaldibar pero la versión oficial explicitada por Tapia en la Cámara es que existen todo tipo de fórmulas legales para que la operación no genere ningún agujero a las arcas públicas.

El vertedero de Zaldibar, que acumulaba algunas irregularidades en su gestión y que estaba llenándose a una velocidad mucho mayor de la prevista, se desplomó el 6 de febrero de 2020 y ha constituido la gran catástrofe ambiental de Euskadi en su historia reciente. Tras el desplome hubo también un incendio que generó gases tóxicos. Ello obligó a usar mascarillas en el entorno de Eibar ya antes de la llegada del coronavirus unos días después. Como consta en un informe que publicó este periódico, Verter Recycling conocía antes del día de los hechos de que el vaso de residuos tenía problemas de estabilidad. De hecho, fue uno de los trabajadores fallecidos, Beltrán, el que dio la alerta. “En los vertederos es normal observar este tipo de movimientos”, despachó la compañía ante estas consideraciones, por el contrario. El alud atrapó a dos operarios. El cuerpo de Sololuze fue hallado medio año después, en agosto de 2020. Sin embargo, el Gobierno vasco cesó en la búsqueda de Beltrán en mayo de 2021.

En camiones, el material desprendido equivaldría a 23.800 vehículos. Puestos en fila uno detrás de otro, ocuparían todo el recorrido entre Vitoria y Madrid por carretera

Zaldibar ha sido sellado y nunca más será utilizado como vertedero, lo que ha generado también un debate sobre la necesidad de tener espacios para acoger los residuos que allí iban, los denominados “industriales no peligrosos”. Eso sí, había el equivalente a 200 camiones de amianto. El volumen total del vaso de Verter Recycling eran 2,8 millones de metros cúbicos. Su ocupación era de 1,7 millones y la lengua de la avalancha es de 0,5 millones. En camiones, el material desprendido equivaldría a 23.800 vehículos. Puestos en fila uno detrás de otro, ocuparían todo el recorrido entre Vitoria y Madrid por carretera. La vida útil de Zaldibar era de 35 años con 80.000 metros cúbicos anuales de depósito. Las labores realizadas allí han supuesto, literalmente, reconstruir una montaña mientras, en paralelo, equipos de rescate de la Ertzaintza buscaban los cadáveres de los desaparecidos.

Los hechos se tradujeron en dos investigaciones judiciales, ambas residenciadas en un mismo juzgado de instrucción de Durango. Una de ellas analizaba los delitos medioambientales detrás del derrumbe. La otra procesó a los responsables de Verter Recycling por homicidio imprudente al no haber puesto los medios para evitar lo ocurrido. En este procedimiento, los imputados eran José Ignacio Barinaga, dueño de Verter Recycling, Arrate Bilbao Barinaga, administrativa de la compañía y sobrina del empresario, y Juan Elosegui, ingeniero que ejercía de responsable técnico. En septiembre alcanzaron un acuerdo con la Fiscalía en el cual vieron reducida su condena -evitarán la cárcel- a cambio de asumir las responsabilidades y negligencias por lo ocurrido.