El Gobierno vasco ha informado este domingo que recurrirá la sentencia que tumba la regulación del pasaporte COVID en Euskadi durante la pasada Navidad. La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), presidida por el magistrado Luis Garrido, ha dado la razón a un particular, Joseba Andoni B.C., y ha considerado la implantación del pasaporte COVID-19 para poder entrar a prácticamente todos los espacios de ocio en Euskadi como medida “no proporcionada” debido a que que vulneraba derechos básicos y no era verdaderamente eficaz para combatir los contagios del virus. Ahora, el Gobierno de Iñigo Urkullu continuará la batalla en los tribunales e interpondrá un recurso de casación.
En un comunicado, el Ejecutivo vasco ha informado de que “el propio TSJPV avaló la extensión” del llamado pasaporte COVID implantado por el Gobierno vasco. Por ello, consideran “llamativo que una medida que se entendió como justificada y proporcionada en el momento de su autorización, el mismo Tribunal y Sección considere ahora, 10 meses después, que no era así y que realmente se trataba de una medida desproporcionada”. Según el Gobierno vasco, la decisión del Superior de Justicia es “contradictoria”, mientras que describe a la medida impulsada en el decreto publicado para prevenir contagios como “idónea, necesaria, justificada y proporcionada.
“El fallo se soporta en un informe obtenido a instancias del demandante y sirve a la Sala de lo Contencioso-Administrativo para fundamentar su decisión de anular el Decreto. Se trata de un documento de dos páginas de la Ponencia de Alertas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero que nunca fue incluido en el orden del día, ni aprobado por la Comisión de Salud Pública de dicho Consejo y sobre el que el Gobierno vasco no ha podido efectuar alegación ni valoración alguna. Resulta sorprendente, por tanto, que el cambio de criterio se sustente sobre dichas bases”, critica el escrito publicado este domingo.
En el fallo en el que se da la razón al particular, del que no se hace ninguna referencia, el individuo acusa al Ejecutivo de querer regular con un decreto materias que afectan a derechos básicos y por lo tanto necesarias de una norma de rango superior. Cita afecciones a “datos personales sanitarios”, a la “igualdad”, a la “libertad ideológica” y al derecho de libre circulación. Además, consideraba que pedir el pasaporte COVID supuso “una sanción encubierta por no vacunarse” y “sin cobertura legal”, aunque el documento era posible obtenerlo también o tras haber pasado la enfermedad o con una prueba diagnóstica negativa validada.
Ahora, el Gobierno vasco dispone de 30 días para preparar un recurso que justifique que la medida tomada para evitar la propagación de los contagios de coronavirus en diciembre del año pasado y que, regulaba la entrada de los ciudadanos vascos a bares, cines, discotecas y otros espacios de ocio sin el pasaporte COVID, era proporcionada, estaba justificada y no afectaba a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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