El Gobierno vasco no tendrá un informe sobre el expolio económico del franquismo en Euskadi antes de 2026. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, considera que serán necesarios al menos tres años para analizar la diferente documentación y extraer conclusiones “de orden cuantitativo y cualitativo”, que permitan una “aproximación real a uno de los mecanismos punitivos y represivos más importantes del franquismo, amén de instrumento de control social y político”.
La elaboración de este informe es un mandato del Parlamento Vasco incluido en la proposición no de ley de reconocimiento, reparación e indemnización a las víctimas de la “expoliación franquista” que se aprobó el 24 de noviembre de 2021. En dicha iniciativa se solicitaba a Gogora (Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos) la elaboración de un estudio exhaustivo sobre el expolio franquista. Dos años después, la consejera reconoce que se está todavía en fase de localización de documentación, y se refiere a la complejidad de este proceso por estar dicha documentación muy desperdigada entre diferentes órganos e instituciones.
En su respuesta a la solicitud de información realizada por el parlamentario de EH Bildu, Julen Arzuaga, la consejera señala que el trabajo sobre la represión económica franquista en Euskadi lo está realizando el Instituto Universitario de Historia Social Valentín de Foronda de la UPV/EHU, para los que ha contado con una subvención de 35.000 euros el año pasado y la misma cantidad este año ha cargo de los presupuestos del Instituto Gogora.
Según señala, el trabajo se encuentra en una primera fase de “localización de los fondos documentales necesarios para el desarrollo de la investigación”. Es un proceso en que señala que hay que tener en cuenta la “multiplicidad de órganos judiciales intervinientes”, la “diversidad y dispersión de los Archivos y Centros de Documentación” y las diferentes situaciones en las que se encuentra dicha documentación.
En este sentido cita en cuanto a órganos judiciales intervinientes, cita Comisiones Provinciales de Incautación de Bienes y General Jefe de la VI Región Militar (1937-1939), Tribunales Regionales de Responsabilidades Políticas (1939-1942) y Juzgados de Instrucción y Primera Instancia (1942 en adelante); en última instancia el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas y Comisión Liquidadora. En cuanto a los archivos, se está localizando documentación en los Archivos Históricos Provinciales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, en el Archivo General de Navarra (para el Tribunal Regional de Pamplona), en bibliotecas forales (para los Boletines Oficiales provinciales) y en el Centro Documental de la Memoria Histórica, en Salamanca.
Esta documentación localizada está “en diversidad de situaciones” en orden a su disponibilidad. Hay parte de la documentación que ha sido destruida. “Una vez concluida esta fase relativa a la localización de los fondos se procederá al análisis y sistematización de los mismos como soporte de una investigación de orden cuantitativo y cualitativo que permita una aproximación real a uno de los mecanismos punitivos y represivos más importantes del franquismo”. “Se estima, a día de hoy, que esta fase pudiera desarrollarse a lo largo de los tres próximos años”, señala.
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