Los Gobiernos central y vasco ultiman el traspaso de Cercanías, que mantendrá a Renfe y se podrá extender a Álava

En puertas de las elecciones vascas, que previsiblemente serán en abril, los Gobiernos de Pedro Sánchez y de Iñigo Urkullu cerrarán un triple acuerdo de transferencias pendientes del Estatuto de 1979, a tenor del optimismo exhibido este martes por la consejera vasca de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, que incluso ha confiado en anunciarlo este mismo mes de febrero. La materia más relevante es la de Cercanías, en la que se incorporará como novedad la posibilidad de crear un nuevo servicio en Álava, ya que hasta ahora solamente existía en Bizkaia y Gipuzkoa. Eso sí, Renfe continuará como operadora en las líneas actuales del área metropolitana de Bilbao y de Donostia hasta 2028 al menos, según las fuentes consultadas. También parece muy cerca de cerrarse el traspaso de la capacidad para homologar titulaciones extranjeras. Quedan más flecos pero avanza también a buen ritmo la competencia de Inmigración, negociada mucho antes de que se abriera el debate en Catalunya y que en ningún caso tocará las facultades exclusivas del Estado en materia de asilo, documentación, expulsiones o primera acogida.

Después de semanas de máxima discreción, la consejera Garamendi se ha mostrado deliberadamente confiada en que en febrero se pueda completar este proceso abierto. El PNV fijó un plazo de tres meses a cambio de apoyar la investidura de Pedro Sánchez para estas tres materias y de dos años para el resto de asuntos pendientes del Estatuto, con la gestión del régimen económico de la Seguridad Social como gran punto pendiente. “No hablaría de preacuerdo porque no existe esa figura pero se han llevado a cabo muchísimas reuniones y lo que sí puedo decir es que hemos avanzado mucho. Tenemos casi todos los puntos detallados”, ha señalado Garamendi sobre Cercanías, titulaciones extranjeras e Inmigración. Los tres acuerdos serán definitivos y no simples delegaciones de competencias reversibles, según se destaca desde la parte vasca.

En el caso de ferrocarriles, en Euskadi ya se creó un operador autonómico llamado Euskotren que asumió las Cercanías de vía estrecha internas hace cuatro décadas. La vía estrecha compartida con otras comunidades (la antigua Feve) y las Cercanías de ancho ibérico (Renfe) quedaron en manos del Estado. Hace dos años ya estuvo a punto de ser cerrado un acuerdo. Entonces como ahora se parte de la base de que Renfe tiene un contrato de operación de servicios de cuatro líneas hasta 2028. Con el traspaso, será la Administración vasca y no la estatal la que tutele a Renfe. Es un modelo similar al de las Rodalies de Barcelona, de titularidad autonómica pero con trenes de Renfe con otra decoración. Ese acuerdo es “prorrogable”, pero será ya el Gobierno vasco quien decida si lo mantiene o si lo sustituye por Euskotren, por ejemplo.

La consejera Garamendi ha aportado también un detalle importante. Se abrirá la puerta a un nuevo servicio de Cercanías en Álava. En el pasado se ha reivindicado un servicio de proximidad aprovechando el corredor entre Miranda de Ebro y Alsasua, donde solamente hay líneas de media y larga distancia. Euskotren tampoco opera servicios de vía estrecha en este territorio. Por el momento, no se han ofrecido más detalles pero el deseo autonómico es poder emplear la infraestructura estatal para un nuevo modelo de comunicaciones. Podría tener paradas en Manzanos, La Puebla de Arganzón, Nanclares, Alegría-Dulantzi, Salvatierra-Agurain y Araia. Como flecos del acuerdo ha mencionado la necesidad de cerrar bien cómo se financiarán las inversiones para la mejora de líneas y estaciones.

Se da por cerrada también la transferencia de la competencia para homologar titulaciones extranjeras. Se le había dado cierta relevancia ante la escasez de médicos y la posibilidad de contratar a profesionales extracomunitarias para paliar esas carencias. La más 'verde' de las tres es la cesión de Inmigración. Las negociaciones han llegado en medio de la polémica por el acuerdo con Junts para que Catalunya pueda tener competencias en esa materia. En el caso vasco, las conversaciones llevaban tiempo abiertas y Garamendi ha afirmado que no se han visto contaminadas por la controversia. Está ya definido que el Estado retendrá sus funciones constitucionales (permisos, documentación, asilo y primera acogida) y que la comunidad autónoma gestionará la parte más social de la llegada de migrantes, la “segunda fase”. “El objetivo es que las personas que tenga acogida en esta segunda fase de autonomía puedan integrarse perfectamente en nuestra sociedad”, ha afirmado la consejera Garamendi.

No se han dado detalles sobre la cuantificación económica del posible triple acuerdo. El modelo general es que se financian con el 6,24% del gasto total del Estado en las materias que se ceden. Ese dinero, después, se descuenta del Cupo que Euskadi abona al Estado por los servicios que presta en la comunidad autónoma, que en el caso de ferrocarriles o Inmigración seguirán siendo relevantes. Durante el mandato de Urkullu, se han cerrado transferencias de Prisiones, IMV y otras materias menores como tramos de autopistas. Igualmente, se han actualizado los mecanismos de financiación del Concierto Económico. Los acuerdos, necesariamente, se tendrán que cerrar una Comisión Mixta de Transferencias, un órgano bilateral. Sin embargo, antes se reunirán las “ponencias técnicas” para cerrar la literalidad de los acuerdos.