Las ikastolas privadas estiman que, aunque las cuotas en centros concertados llevan años prohibidas y ahora hay más medidas concretas en el mismo sentido, la gratuidad de su enseñanza “a corto plazo” no es posible. Han criticado que la Administración no procure más financiación a esta red. Euskadi es la comunidad autónoma con más peso de los centros de titularidad privada, con un 50% del alumnado entre centros religiosos, cooperativas y las propias ikastolas.
La presidenta de la patronal Ikastolen Elkartea, Nekane Artola, ha opinado que aprobar la nueva ley vasca de Educación “tal como está” supone “perder la oportunidad de transformar el sistema educativo vasco” aunque la norma, precisamente, crea un Servicio Público de Educación que mete en el mismo paraguas a centros públicos y concertados, como los de esta red. Las ikastolas ya criticaron las medidas contra la segregación adoptadas por vez primera que implicaban que también en ellas se tenían que reservar plaza para alumnos foráneos.
“El movimiento de las ikastolas seguirá trabajando propuestas propias en los diferentes ámbitos que les competen, aportando así sus valores al sistema educativo y a la sociedad, reivindicando un sistema educativo vasco propio y transformador”, han indicado en Donostia en una rueda de prensa. A su juicio, “el acuerdo de Educación de abril de 2022 abrió el camino a la esperanza”. “Creímos que había voluntad de construir algo nuevo entre los partidos políticos y nos parece que mostraron una valentía enorme los partidos que firmaron el acuerdo”, ha señalado. Sin embargo, no están satisfechos con el resultado final, que será promulgado el 21 de diciembre.
La presidenta de Ikastolen Elkartea ha criticado que “no ha habido concreción en la consecución del modelo de inmersión generalizada, y se han vuelto a incluir en el proyecto de ley los modelos lingüísticos”. Además, ha destacado que “los modelos lingüísticos no euskaldunizan”. En efecto, PNV y PSE-EE han accedido a blindar el marco de A, B y D. Entienden que el euskara “es un elemento indispensable para la cohesión social, la igualdad y la justicia social, y el carácter excluyente de los modelos no hace sino acentuar las situaciones de segregación”.
Por otro lado, ha trasladado la preocupación de la asociación ante la “disposición adicional que alude al carácter facilitador de todas las lenguas de aprendizaje”, ya que el euskara “es una lengua minorizada y en esa situación no se pueden tratar todas las lenguas de forma igualitaria, porque tratarlas por igual implica perpetuar la diglosia”. También se ha referido al currículum vasco, que “no figura” en el proyecto de Ley. Al respecto ha opinado que “no se puede construir una ley de Educación sin hacer referencia al currículum vasco”.
Sobre la “dicotomía” entre lo público y lo privado, han considerado que “cuesta entender que en un futuro próximo se cierre la puerta a la experimentación entre centros con distinta titularidad”, porque, a juicio de Ikastolen Elkartea, podía ser “un punto de partida hacia un modelo propio de lo público”. También ha manifestado “preocupación” ante el hecho de que “no se hayan recogido en el anteproyecto de ley las vías para la gratuidad educativa, ni para definir presupuestos y recursos”.