La lucha de los menores de El Salvador por seguir estudiando pese a la violencia, los estereotipos de género y la pobreza

La de Sara es una historia real, a pesar de que su nombre no lo sea. Como niña nacida en Santa Ana, ciudad de El Salvador, desde pequeña su familia le dijo que no podía estudiar, que su único futuro sería el de quedarse en casa, casarse y formar una familia, al igual que hizo su abuela, su madre y sus hermanas mayores. Sin embargo, ese no era el destino que Sara quería para su vida y, por ello, comenzó a participar en los programas educativos que ofrecía Unicef en su ciudad. “Empezó a participar en uno de los programas para prevenir la violencia y, en especial, la violencia sexual en las escuelas, en el que se trabaja para empoderar a las niñas y para crear nuevas masculinidades con los niños para que puedan tener relaciones no violentas y, así, romper los estereotipos de género. Lo hizo porque no estaba de acuerdo con lo que su familia quería para ella. Se impuso a su familia y dijo que quería seguir estudiando”, explica a este periódico Begoña Arellano, representante de Unicef en el país, quien confiesa que “probablemente” desde pequeña Sara ha sido víctima de violencia.

Más tarde, la joven comprobó que además de estudiar, le apasionaba el mundo del deporte, en concreto, el atletismo. “Es tan buena deportista que es la campeona de su departamento (Estado o región) en un montón de pruebas”, indica Arellano. Gracias a ello, Sara ha ganado una beca para poder seguir estudiando y entrenando en la escuela y ha logrado que su familia le apoye en su sueño. “Al final sus padres le han animado a que siga estudiando y su abuela le ha dicho que se siente muy orgullosa de ella. Si sigue mejorando le darán la oportunidad de ir a la capital o al extranjero a seguir luchando por su sueño”, señala Arellano un par de semanas después de haber escuchado el relato de Sara frente a un grupo de niñas y niños de la escuela de Santa Ana en la que la ONG colabora para inspirarles y motivarles para que sigan estudiando.

“Es una gran satisfacción comprobar que con una pequeña ayuda que hacemos podemos llegar a cambiar la mentalidad de la gente en lo relacionado con la violencia, la violencia sexual, los embarazos adolescentes o las uniones tempranas. Es algo muy cultural y tratamos de romper ese círculo”, detalla Arellano. Su función en la oficina de Unicef en El Salvador se basa en supervisar y coordinar todos los programas de las distintas áreas de salud, higiene, protección de niños y niñas, educación y políticas sociales que tiene la ONG en el país. Según explica, El Salvador es uno de los países con mayor índice de violencia del mundo. La violencia se produce en los hogares y las escuelas, pero también en las comunidades y hasta en las instituciones, y la población más afectada son los menores de edad, que son víctimas de abuso sexual, en el caso de las niñas, pero también de los niños, a los que además las pandillas o maras reclutan privándoles de su libertad.

Es una gran satisfacción comprobar que con una pequeña ayuda que hacemos podemos llegar a cambiar la mentalidad de la gente en lo relacionado con la violencia, la violencia sexual, los embarazos adolescentes o las uniones tempranas

Cerca de 2.000 niños encarcelados por el estado de excepción

Actualmente, El Salvador se encuentra en un estado de excepción desde el pasado 27 de marzo, a raíz del cual han quedado suspendidas las libertades constitucionales de reunión, asociación, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, además del derecho a la defensa. Según las autoridades policiales, bajo el régimen de excepción se han detenido a más de 34.500 supuestos pandilleros. “El Gobierno está tratando de luchar contra las pandillas y es un asunto complejo que ha reformado algunas leyes, como la de justicia penal juvenil”, detalla Arellano. Con los recientes cambios en la ley penal juvenil del país, los niños, niñas y adolescentes que sean condenados por cometer un delito como parte de un grupo delictivo y que tengan entre 12 y 15 años de edad podrían enfrentarse a hasta 10 años de prisión. Los mayores de 16 años podrían enfrentarse a hasta 20 años de prisión. Los cambios legislativos permiten que estos niños, niñas y adolescentes permanezcan detenidos hasta que se dicte sentencia firme y limitan la posibilidad de que sus sentencias sean modificadas o anuladas. Ninguna de estas medidas se ajusta a las disposiciones vinculantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que El Salvador es parte. “Es una cosa totalmente contraria a todos los estándares de derechos humanos. No sabemos ahora mismo cuántos niños están detenidos, pero según estimaciones puede ser entre 1.500 y 2.000. Estamos trabajando para que se mejoren sus condiciones de internamiento, también para que puedan tener asistencia médica y psicológica dentro de los centros donde están internados, que no cumplen las mínimas condiciones debido a que están totalmente saturados. Son centros en los que antes había 100 o 150 chicos y ahora hay 500”, critica la responsable de Unicef.

Tanto Unicef como otras organizaciones se han posicionado en contra de esta medida y han exigido al Gobierno de El Salvador, liderado por Nayib Bukele, a que revise los cambios en la ley penal juvenil para que los derechos de los menores prevalezcan incluso en estados de excepción. “De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, la detención sólo debe utilizarse como medida de último recurso y durante el menor tiempo posible. Encarcelar a los niños, niñas y adolescentes no proporciona un entorno que mejore su desarrollo ni promueve su reintegración como miembro positivo de la sociedad. La detención afecta a su salud y bienestar, y las pruebas demuestran que el encarcelamiento aumenta las posibilidades de que abandonen la escuela y cometa un delito más adelante en su vida, perpetuando así los ciclos de violencia, exclusión y pobreza. Las medidas no privativas de libertad son mucho más rentables que la detención y generan mejores resultados para los propios niños, niñas, adolescentes y la sociedad en general. Todo niño, niña y adolescente debe estar protegido frente a la detención”, indica Unicef en un comunicado hecho público poco después de instaurarse el estado de excepción en el país.

“Las medidas punitivas por sí solas no resolverán la violencia de las pandillas. Los niños, niñas y adolescentes pueden ser víctimas de violencia tanto por parte de las pandillas como siendo miembros de estas. Pueden ser reclutados y pueden ser utilizados. En los últimos años, El Salvador ha realizado importantes avances para proteger a los niños, niñas y adolescentes y garantizar sus derechos con políticas sociales centradas en la infancia y con inversiones en programas de educación y desarrollo de la primera infancia que han demostrado prevenir la violencia. Se puede ir más allá: trabajar con las comunidades para promover interacciones seguras y positivas que eviten su reclutamiento en las pandillas. Se trata de empoderar a la niñez y adolescencia para crear una cultura de paz”, concluye el documento.

La crisis educativa es palpable y genera una gran brecha en la sociedad. Esto, además de la violencia que hay en el país, hace que haya grandes flujos migratorios, ya que las personas ven en la migración su única oportunidad de subsistir

Escuelas cerradas por la COVID-19 y alta deserción escolar

Con este contexto, sumado a la pandemia, la labor de Arellano y su equipo para que los menores sigan estudiando resulta cada vez más complicada. Según explica, la pandemia ha dejado visible la alta tasa de deserción escolar que hay en el país. Al cerrar las escuelas durante más de un año -a día de hoy aún no es obligatorio asistir al colegio para evitar contagios de coronavirus- muchos menores optaron por dejar de estudiar. Para evitar que esto ocurriera, desde Unicef trabajaron de forma conjunta con el Ministerio de Educación para crear plataformas online, dotar a los menores de ordenadores para que pudieran seguir estudiando desde casa e instruir a profesores para que adquieran habilidades digitales. “La crisis educativa es palpable y genera una gran brecha en la sociedad. Todavía no han vuelto a la escuela cinco días a la semana, porque no es obligatorio. Es una gran pérdida de capital humano en un país en el que su mayor riqueza son las personas, ya que no hay recursos naturales como para vivir de ellos. Esto, además de la violencia que hay en el país, hace que haya grandes flujos migratorios, ya que las personas ven en la migración su única oportunidad de subsistir”, lamenta Arellano.

Las escuelas están abiertas, pero al no haber finalizado la pandemia de la COVID-19 sigue sin ser obligatorio acudir a ellas. Arellano confía en que el próximo curso académico se celebre con “total normalidad”, sin embargo, indica que “se han visto las deficiencias que hay en infraestructuras en un país en el que hay 6 mil escuelas y 900 de ellas no tienen agua ni saneamiento”. “Es muy difícil volver a la escuela y tratar de prevenir la COVID-19 en esas condiciones”, reconoce.

Con el objetivo de mejorar la situación de los menores que han tenido que hacer un parón en sus estudios durante la pandemia, desde Unicef y otras ONG, han creado un sistema para nivelar habilidades en el que los niños se pueden reinsertar en el sistema educativo cursando dos cursos en uno. “Está pensado para aquellos niños y niñas que han dejado la escuela y quieren regresar, para menores migrantes y para desplazados internos que huyen de las maras y pandillas”, señala.

“Son procesos muy largos, porque cambiar la mentalidad y la visión de la gente en temas tan complejos y culturales se tarda mucho tiempo y es muy difícil lograr un resultado”, reconoce Arellano. Para ella, lo más duro de su trabajo es que las cosas no salgan como lo había esperado. “Es muy duro ver que chicos que han participado en estos procesos terminan siendo reclutados por las maras y no tienes éxito en el proyecto. O cuando ves que la gente se ve obligada a salir del país porque no tiene oportunidades aquí cuando lo bueno sería que tuvieran las oportunidades en su país sin tener que salir de él”. Es por ello que, para Arellano y su equipo, historias como la de Sara, cuyo nombre real no se incluye en este artículo para salvaguardar su intimidad, suponen una gran satisfacción, ya que les hacer ser conscientes de que su trabajo, pese a los obstáculos y las adversidades que se encuentran por el camino, puede llegar a transformar vidas.