Un informe afeó que el Gobierno vasco no estimara el coste preciso del decreto para ampliar terrazas en las viviendas

Según se ha anunciado, el consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, Iñaki Arriola, va a presentar este martes en el Consejo de Gobierno un decreto para regular la “habitabilidad” de las viviendas en Euskadi, que fijará unos requisitos mínimos de espacio, de orientación -nunca solamente hacia el norte- y hasta para las zonas de lavado que se aplicarían, principalmente, a las nuevas construcciones, sean protegidas o para el mercado libre. También habrá “perspectiva de género” en las zonas comunes de las casas. En los borradores que se han ido haciendo públicos en los últimos meses se destacaba como gran novedad, fruto de las necesidades puestas de manifiesto en el confinamiento por la COVID-19, que toda vivienda “contará con un espacio exterior vividero de una superficie útil mínima de 4 metros cuadrados”. Sin embargo, un informe inicial de la Oficina de Control Económico (OCE) cuestionaba que no se estipulaba con precisión el impacto económico de semejante medida ni para la Administración autonómica ni tampoco para otras instituciones promotoras o para el resto de operadores.

Este documento, firmado por María Francisca Arizmendarrieta y Francisco Javer Losa, señala que “la memora económica” de la propuesta de Arriola, del PSE-EE, “no acaba de precisar el coste adicional que las medidas del decreto pueden generar a esta Administración”. Recuerda la OCE, que depende del Departamento de Hacienda, en manos del PNV, que la legislación es clara al exigir detalles del efecto de los cambios normativos en los gastos y en los ingresos. “Aunque la entrada en vigor de la norma propuesta no conlleve por sí misma incidencia directa e inmediata en los presupuestos de esta Administración, en la medida en que hayan de financiarse actuaciones tendentes al cumplimiento de las condiciones que ahora se regulan y ello incida en el volumen de recursos presupuestarios que esta Administración destina a la financiación de viviendas de protección pública, su materialización requerirá contar con los créditos presupuestarios previos, adecuados y suficientes a tal fin, por lo que la eficacia de la norma proyectada dependerá de la existencia efectiva de tales créditos”, sostiene la OCE.

Lo que hizo el área de Vivienda, en realidad, son varios escenarios, algunos más baratos y otros más onerosos. Y además son previos a la inflación y al fuerte incremento en el sector que se ha vivido desde el inicio de la guerra en Ucrania. El primero es que cada vivienda futura proyectada requeriría una subida de 1.400 euros (350 euros por cuatro metros cuadrados) para la incorporación de la terraza. El segundo le suma a la terraza una superficie un 3,2% mayor que la prevista, lo que generaría subidas de entre 3.323,75 y 6.561 euros por piso. A partir de ahí, reproduce el plan de vivienda para los próximos 15 años, que alude a 36.000 “viviendas de protección pública”, 27.000 de ellas de “obra nueva”. A “ritmo constante”, serían 1.800 cada año. Así, la dotación presupuestaria necesaria seria de entre 2,5 y 11,8 millones anuales, entre 37,8 y 177,1 millones en todo el período. Como la Administración promoverá, según este plan, 15.000 de las 27.000, el coste bajará a entre 1,4 y 6,5 millones al año, entre 21 y 98,4 millones en total. En perspectiva, el presupuesto total de Vivienda en en 2022 es de 266,6 millones. Las otras 12.000 casas serían de promoción privada.

La OCE afeaba también que no haya previsión de ingresos o sobre la “incidencia económica que las medidas propuestas puedan tener en los particulares o en la economía en general”. “Como conclusión, señalar [sic]que los datos contenidos en la memoria económica del proyecto resultan insuficientes, a juicio de esta Oficina, para apreciar la razonabilidad económica de la norma propuesta”, expuso este informe, que fue emitido el 20 de enero de 2022. “La OCE solicitó que se completara la memoria económica, se completó y se envió”, indican a este respecto fuentes de Vivienda.