La interventora de Hondarribia vuelve a alertar de irregularidades en las adjudicaciones a empresas y en la contratación de personal

La interventora del Ayuntamiento de Hondarribia, gobernado con mayoría absoluta por Txomin Sagarzazu (PNV), ha vuelto a emitir este verano al menos cuatro informes recopilando un volumen elevado de irregularidades en adjudicaciones de contratos y también en la incorporación de personal durante el año 2019. La alta funcionaria ya sacó los colores en 2018 al regidor y, según la documentación a la que ha accedido este periódico, la situación persiste en 2020. De hecho, el pasado 14 de septiembre Sagarzazu firmó dos decretos de Alcaldía para abonar a diferentes empresas 541.075 euros a pesar de los informes de reparo suspensivo emitidos por la interventora unos días atrás.

Uno de los informes recoge un listado con 38 dictámenes contrarios a adjudicaciones y levantados posteriormente mediante decretos del alcalde. Otro documento analiza los contratos menores, en los que se puede seleccionar a la empresas de manera directa, sin concurso. Fueron 1.791 en 2019 y la auditoría revisó 317. 109 de ellos son de más de 6.000 euros y en un 69% -76 expedientes- no se cumplió el requisito de solicitar tres presupuestos.

La interventora alerta también de que el Ayuntamiento utiliza la contratación directa para servicios “previsibles” que se repiten año tras año y que tendrán que sacarse a concurso. El caso más sonado de los últimos años es el relativo al grupo de empresas de un cargo del PNV de Gipuzkoa, Aitor Elorza. Montai y sus empresas asociadas Denok, Estali La Karpa y Kultur Kirol Zerbitzuak facturan durante prácticamente una década cantidades millonarias con pequeños contratos de montajes y organización de eventos. Desde 2009, cuando terminó el contrato que esta empresa mantenía con Hondarribia, y hasta 2019 se abonaron más de 2,3 millones de euros a estas cuatro mercantiles.

Pero no es el único ejemplo. Son más de 25 los servicios que se abonan mediante facturas sin contrato. La interventora ha detectado este problema en servicios de mantenimiento de todo tipo, en los traductores, en contratos de tráfico como los radares o las cámaras o en actividades deportivas o de euskera. Otro de los de mayor volumen que está sin regularizar es el servicio de ayuda a domicilio que gestiona la empresa Clece. Los dictámenes insisten en la necesidad de que se elaboren planes de contratación rigurosos y remarca que traslada sus impresiones al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.

Asimismo, la interventora ha puesto la lupa en los procesos de contratación de personal y alerta de que en muchos de ellos no se respetan los principios de “publicidad, igualdad, mérito y capacidad” que han de regular el empleo público. Se alude a incorporaciones sin proceso selectivo, procedentes de bolsas caducadas o tras solicitar perfiles a Lanbide (Servicio Vasco de Empleo). Según los datos recogidos por la alta funcionaria, son 11 los procesos selectivos en que se han “incumplido” los requisitos legales. Ocho de ellos se corresponden con contratación de funcionarios interinos y los tres a búsqueda de laborales temporales.