El presidente de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y ponente del auto que ha obligado al Gobierno de Iñigo Urkullu a reabrir la hostelería, Luis Garrido, guarda ahora silencio asesorado por su entorno tras haber cargado contra los epidemiólogos 24 horas antes del fallo en Radio Popular y tras haberse ratificado en esas declaraciones 24 horas después del fallo en dos programas de ETB. “Le han dicho que no coja el teléfono”, explican en su entorno ante la avalancha de peticiones de entrevistas. En Euskadi, entre tanto, la polémica está servida mientras las terrazas y mesas de los bares se van llenando. Este viernes se reúne la mesa de crisis de la emergencia sanitaria (denominada Labi por sus siglas en euskara) y tres fuentes de tres Departamentos distintos del Gobierno apuntan a que no le quedará más remedio que aceptar que no se puede arbitrar un nuevo modelo de cierre de la hostelería en caso de municipios en alerta roja por alta transmisión comunitaria de la COVID-19.
El Ejecutivo lamenta haber perdido una “herramienta” de utilidad y automática, que sirvió de alternativa a un cerrojazo general y que permitía revisar cada lunes y cada jueves qué municipios tenían más de 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días para actuar sobre ellos. El sistema ha quedado reducido a un cierre en esas localidades en rojo de las casas de apuestas y a una prohibición del deporte escolar y federado.
Los servicios jurídicos del Ejecutivo disponen hasta el lunes de la semana que viene para interponer un recurso ante la resolución judicial, que es cautelar y no entra al fondo del debate sobre las restricciones. Sin embargo, algunas voces en el Gobierno desaconsejan ese camino, aunque la versión oficial es que se estudia mantener la batalla. Se trataría de un recurso de reposición, que es respondido por el mismo tribunal –Garrido y otras dos magistradas, con el primero de ponente– y solamente analiza posibles defectos procesales y no de contenido. “No se pueden aportar nuevas pruebas” para convencer a Garrido de que con los bares abiertos sí hay más riesgo de contagios, indican estas fuentes. Es más, “podría resultar contraproducente” porque permitiría “mejorar la calidad” del auto inicial, en el que ven algunas lagunas jurídicas.
Eso sí, el recurso de reposición sería obligatorio si se quiere ir en casación al Tribunal Supremo para frenar a Garrido y que el alto tribunal siente jurisprudencia. “En cuanto haya una decisión sobre si presenta un recurso se hará público, así como los argumentos jurídicos”, explican desde el área de Gobernanza Pública, que controla los servicios jurídicos y que es dirigida por la consejera Olatz Garamendi. El Ejecutivo tampoco se plantea con claridad solicitar una recusación del magistrado por sus comentarios cuestionando la eficacia de la epidemiología: “Los servicios jurídicos creen que no es el momento de entrar en esta cuestión ya que todavía se desconoce cuándo ni en qué condiciones ni con qué tribunal tendrá lugar el juicio sobre el fondo de la cuestión”.
El juez Garrido es un viejo conocido del Gobierno de Urkullu. En buena medida, otra resolución suya está detrás del segundo estado de alarma que vive España. En octubre, tumbó otro decreto autonómico con restricciones y el lehendakari optó por pedir a Pedro Sánchez un régimen excepcional para poder adoptar medidas igualmente excepcionales. Antes, en agosto, el Ejecutivo también perdió contra los hosteleros y, semanas después, tuvo que bajar de “obligación” a “recomendación” su idea de no permitir reuniones de más de diez personas. Informalmente, Euskadi ha planteado al Ministerio de Sanidad, ahora en manos de Carolina Darias, más margen para que las autonomías no se encuentren obstáculos. La consejera Gotzone Sagardui salió del consejo interterritorial de este miércoles con la “solidaridad” de sus homólogos pero sin nuevas armas en el zurrón, como cuando buscó poder adelantar hasta las 20.00 horas el toque de queda.
El Gobierno vasco se queda en que “no comparte” la resolución, pero los partidos que lo integran, PNV y PSE-EE, sí han dado rienda suelta a su enfado. Al margen de los comentarios en redes sociales, en el Parlamento el nacionalista Iñigo Iturrate ha dejado claro que “los jueces no deben meterse a epidemiólogos y a científicos” y ha considerado “burdas” sus reflexiones sobre la pandemia. Según Iturrate, lo “grave” es que esos “prejuicios” han informado su resolución judicial. El socialista Eneko Andueza, por su parte, ha indicado que Garrido ha podido traspasar la línea de “la ética y el código deontológico” de la judicatura.
Desde la oposición, EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs han pedido también que el Ejecutivo asuma su parte de responsabilidad y que, cuando adopte medidas, sean jurídicamente seguras y que conlleven apoyo económico para los sectores afectados. De hecho, este mismo jueves el Gobierno ha tenido que enmendar en menos de dos horas una resolución sobre las medidas para los municipios en alerta roja al haber autorizado erróneamente la reapertura de 'txokos' y sociedades gastronómicas. Todos los partidos están presionando a Urkullu y a Sagardui por las vacunaciones irregulares y también por la reciente destitución de un alto cargo de la Sanidad vasca y miembro del comité técnico del Labi que se saltó sus propias normas para ir a jugar al golf.
Quien sí ha aplaudido decididamente la “valentía” del juez Garrido ha sido Vox. Su portavoz en Euskadi, Amaia Martínez Grisaleña, quien se ha mostrado “segurísima” de que la decisión de permitir la apertura de la hostelería en municipios con una elevada incidencia de coronavirus estará basada en la “evidencia legal”, informa Europa Press. A juicio de la ultraderecha, la existencia de una “base científica” que avale el cierre de la hostelería como una medida eficaz para evitar los contagios por coronavirus es una cuestión que “está en el aire”, por lo que ha acusado al Gobierno de Urkullu de haber adoptado una medida de este tipo sin contar con la “necesaria certeza científica”. Sociedades de epidemiólogos y colegios profesionales han cargado contra la ligereza de Garrido, mientras que la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, a la que está afiliado, y el decano de Bilbao, Aner Uriarte, han avalado la “libertad de expresión” del magistrado.
Garrido es uno de los seis candidatos a presidir el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, dirigido de manera interina por Garbiñe Biurrun desde que el pasado verano se jubiló Juan Luis Ibarra. El proceso lleva meses bloqueado por los problemas propios del Consejo General del Poder Judicial pero todos los aspirantes presentaron sus proyectos en octubre. Según ha recogido la Cadena SER, Garrido contó en su turno que es miembro de honor de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. “No soy médico pero colaboro con ellos y esto de cara a veces a estos recursos que nos están llegando de temas sanitarios pues te da siempre alguna luz o tienes a alguien a quien consultar a mano”, afirmó. En 2017, por ejemplo, compartió un debate sobre epidemiología con la directora de Salud Pública del Gobierno vasco, Miren Dorronsoro, en un foro organizado por esta institución.
Entretanto, hosteleros de otras zonas de España se miran en el espejo de Euskadi para recurrir sus respectivas medidas autonómicas. No obstante, jueces de Navarra han validado en más de una ocasión restricciones similares a las vascas primando la salud pública a los intereses económicos de un sector. Quienes sí aprovecharán este resquicio serán los miembros de la plataforma de apoyo al deporte escolar: han contratado al mismo letrado con los hosteleros vascos para ir al Superior y tumbar lo poco que queda en pie del sistema de alertas.