Decenas de niños juegan en el patio exterior de la ikastola Urretxindorra, en el barrio Miribilla de Bilbao. Es la hora del recreo y los pequeños pueden escoger entre la zona cubierta o al aire libre en la que hay canastas, una mesa de pimpón y cajones de arena con distintas pruebas para saltar o trepar donde la mayoría de los menores prefiere estar durante esa lluviosa mañana del viernes. Ninguno de ellos está en el patio de la parte de arriba de la escuela, que consta de una amplia plaza y canastas de baloncesto. En la parte baja de ese patio, está el supermercado Mercadona.
Esta semana el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ordenado la demolición de ese supermercado por ser “ilegal”, según una sentencia que ha adelantado El Correo y en la que se declara que la licencia de obras que el Ayuntamiento de Bilbao le concedió en 2015 supuso un “urbanismo a la carta” para “satisfacer intereses privados”. La ikastola Urretxindorra, un colegio concertado, llegó a un acuerdo con Mercadona para que parte de la parcela del patio escolar fuera cedida para la construcción de uno de sus supermercados. A cambio, con el dinero obtenido, financiarían la ampliación de las instalaciones educativas. Para que la operación pudiera llevarse a cabo, el Ayuntamiento tuvo que modificar el Plan General de Ordenamiento Urbano (PGOU).
El concejal de Planificación Urbana aseguró en 2017, cuando se hizo pública otra sentencia del TSJPV contra el Mercadona de Miribilla, que la operación “se planteó de frente y con franqueza”. En este sentido criticó que la Justicia hubiera “obviado” que el centro educativo en cuestión es “una cooperativa sin ánimo de lucro” y recordó que Mercadona no ha adquirido la propiedad, “es un arrendamiento a largo plazo”. En caso de que la cooperativa desapareciera, la parcela pasaría a manos del Ayuntamiento.
Desde Mercadona aseguran a este periódico que no quieren pronunciarse sobre este tema por “no tratarse de una sentencia firme”. Tanto el Ayuntamiento de Bilbao como la propia Mercadona han recurrido la sentencia. Además, sostienen que el nuevo Plan General de Ordenamiento Urbano (PGOU) contempla que el terreno en el que se construyó el supermercado es “para uso comercial”.
El Ayuntamiento y Mercadona han recurrido la sentencia tanto ante el TSJPV como ante el Tribunal Supremo. Esto supone que para que el supermercado sea derribado, como el TSJPV sostiene en su última sentencia, ambos órganos deberán llegar a la misma conclusión. Un proceso que podría alargarse en el tiempo varios años más.
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