El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha determinado que la Diputación de Álava vulneró el artículo 23 de la Constitución, relativo a la participación política, al denegar una información que había solicitado el grupo del PP alavés en las Juntas Generales sobre la implantación del Ticket Bai, es sistema de facturación y control fiscal, según ha dado dado a conocer la formación afectada este miércoles. El PP presentó un recurso en el que defendía que la denegación de la información supondría una “vulneración” constitucional porque “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal”.
Por su parte, el argumento dado por la Diputación para evitar contestar a la pregunta fue que se estarían solicitando datos con trascendencia tributaria de otras administraciones territoriales y se hacía mención al artículo 92 de la norma foral general tributaria de Álava, que atribuiría protección a los datos de esa naturaleza. Se indicaba desde la institución foral que son datos “solo para ser usados con fines estrictamente tributarios” y que, de acuerdo a la citada norma, tienen “carácter reservado”, informa Europa Press.
La resolución afirma que las limitaciones en el acceso de información deben estar “debidamente justificadas” y, tratándose de datos con trascendencia tributaria, “sólo caben en los casos en que pueda resultar afectada la intimidad de los ciudadanos”. En este caso concreto, entiende que únicamente se reclamaban datos generales que no “revelaban elementos que puedan afectar a la intimidad de los obligados tributarios, ni dar a conocer datos reservados de estos”, por lo que considera que la limitación al acceso a la información solicitada “no estaba debidamente justificada”. Por ello, considera que “no había ningún motivo para que no se proporcionaran”.
Por lo tanto, la sentencia, contra la que cabe recurso, estima el recurso y reconoce que la Diputación vulneró un derecho fundamental contenido en el artículo 23 de la Constitución, y, además de declarar nula la resolución impugnada, obliga a la institución foral a sufragar los costes del procedimiento. Iñaki Oyarzábal, presidente del PP de Álava, ha asegurado que el fallo judicial “confirma los continuos intentos del PNV de silenciar a la oposición y obstruir su labor de control”.
Según ha explicado, en junio de 2022, la portavoz adjunta y procuradora Ana Morales solicitó a la diputada foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, Itziar Gonzalo, información referente a la obligación de implantar el Ticket Bai en Álava. “Esto no es un caso aislado, el PNV nos tiene acostumbrados a actitudes poco democráticas y por ello decidimos llevarlo a los tribunales, que nos han dado la razón”, ha apuntado Oyarzábal. El portavoz del PP alavés ha denunciado la “constante denegación de información” y la ha encuadrado en una “intención manifiesta de obstaculizar la labor de la oposición para actuar sin control en la administración alavesa”. Según la Cadena Ser, el Gobierno foral trabaja ya para facilitar los datos demandados por la oposición.
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