El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha propinado un varapalo jurídico al Gobierno de Iñigo Urkullu. Cinco días después de su presentación, no ha admitido la medida estrella del paquete de restricciones aprobadas para contener el repunte de la pandemia: la prohibición de reuniones de más de seis personas. “Sólo por Ley del Estado pueden establecerse limitaciones al ejercicio de los derechos fundamentales”, asegura la sala de lo contencioso-administrativo en un auto emitido a primera hora de la mañana, en el que ve limitado sin garantías el derecho de reunión. En este escenario, ya hay convocada una reunión de la mesa de crisis de la emergencia sanitaria para esta misma tarde-noche en la que se podrían adoptar otras decisiones.
Avisa también el tribunal de que la normativa sanitaria estatal de 1986 a la que se han agarrado varias comunidades autónomas permite limitar la movilidad de “enfermos” y personas en contacto con ellos, pero no se dirige contra “un colectivo de ciudadanos indeterminado”. “En la interpretación de restricciones de derechos fundamentales se ha de ser estricto, no voluntarista, sin desconocer que nos encontramos ante una grave crisis sanitaria que pudiera justificar la adopción de medidas restrictivas de derechos fundamentales, en abstracto”, argumenta la sala. Y advierte de que solamente los estados de alarma pueden permitir algo semejante: “Habrían de ser adoptadas conforme a derecho, bien con una ley que las contemple y posibilite , bien mediante los mecanismos constitucionalmente previstos para dar base jurídica a dichas restricciones y con las garantías que los mismos preveen [sic]”.
La Justicia ya paralizó un primer plan de principios de agosto de aplicar restricciones en la hostelería, lo que motivó precisamente a decretar la emergencia sanitaria para disponer de un marco jurídico más sólido. Sin embargo, tras una “consulta informal” ese mismo mes de agosto con el Superior ya se optó por “recomendar” no hacer reuniones de más de 10 personas y no por prohibirlas, como se pensaba inicialmente.
A grandes rasgos, el resto de restricciones sí tienen el visto bueno: limitación de aforos en hostelería al 50% en el interior (el terrazas se mantiene el 100%), limitación horaria a medianoche, cierre total de 'txokos' y sociedades gastronómicas, clausura de jardines o parques infantiles a las 23.00 horas, suspensión de competiciones deportivas de no federados y limitación de espectadores a 400 en recintos cerrados (600 si son abiertos). Se mantienen restricciones preexistentes relativas al uso obligatorio de mascarillas, lavado de manos y distancias sociales. Todo esto sí podrá entrar en vigor este viernes tras su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) si así lo considera el Gobierno.
Por prudencia y en previsión de este entuerto jurídico, Euskadi había optado por comunicar sus planes a la Justicia antes de su implementación efectiva en aplicación de una reforma de la jurisdicción contencioso-administrativa de mediados de septiembre. Ella marca que las autoridades sanitarias autonómicas pueden buscar una “autorización” judicial previa a la entrada en vigor de medidas restrictivas de derechos. Navarra, en cambio, ha optado por el modelo de ponerlas en marcha sin esperar la luz verde judicial, con el consiguiente riesgo jurídico.
Estas medidas se presentaron el pasado sábado y, desde entonces, la pandemia no ha dejado de crecer en Euskadi, sobre todo en Gipuzkoa. El territorio ha superado ya la tasa de incidencia de 500 casos en 14 días por cada 100.000 habitantes, el escenario más crítico. Hay municipios cuya tasa llega incluso a 1.000 y se han activado cribados generales en Urnieta, Zaldibia u Ordizia, así como en la localidad vizcaína de Durango y antes en Azpeitia, Azkoitia, en dos centros escolares de Irún y Beasain y en el barrio vitoriano de Sansomendi. Fuentes sanitarias adelantan que los datos que se notificarán este jueves van a ser “muy malos”, quizás los peores de toda la serie histórica.
En este contexto, este jueves por la tarde-noche se celebrará una nueva mesa de crisis de la emergencia sanitaria en Euskadi, un órgano llamado LABI, presidido por el lehendakari, Iñigo Urkullu, y que sienta a los responsables de Salud, Seguridad, Educación con Turismo, Comercio y Consumo, así como a las diputaciones, a los ayuntamientos y al delegado del Gobierno de España, Denis Itxaso. Esta reunión seguirá a otra previa de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, con sus homólogos del resto de comunidades autónomas y el ministro de Sanidad, Salvador Illa. No se descarta que tras ambas citas se anuncien decisiones que superen a las anteriores teniendo en cuenta los endurecimientos ya conocidos en todas las comunidades de alrededor e incluso en Iparralde. De hecho, este jueves en el Parlamento Vasco, la jefa de la oposición, Maddalen Iriarte (EH Bildu), le ha instado a Urkullu en una conversación informal que sea más “contundente” y le ha ofrecido el apoyo político de la coalición.
elDiario.es/Euskadi
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