El sindicato LAB ha denunciado este lunes que Osakidetza ha camuflado como contratos menores adjudicaciones por más de ocho millones de euros durante el año 2022. Se trata de contratos de obras y servicios, fundamentalmente en las OSI de Bizkaia y de Álava, aunque también en Gipuzkoa, que se “trocean” en varios para, según denuncian desde el sindicato, no tener que sacarlos a concurso público y poder “entregarlos directamente a determinadas empresas” “a dedo”. En total son 381 contratos los que tenían que haber salido a concurso público y no lo han hecho, por lo que el sindicato trasladará su investigación al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP).
La coordinadora general del sindicato, Garbiñe Aranburu, ha presentado los datos este lunes junto al representante de LAB en Osakidetza, Jesús Oñate. “Con las conductas inadecuadas e irregularidades en la trayectoria de Osakidetza se puede escribir un gran libro”, ha señalado Aramburu. El sindicato mantendrá el próximo jueves una reunión con responsables de Osakidetza para trasladarles su denuncia. Fuentes del departamento de Salud del Gobierno vasco interpeladas por elDiario.es/Euskadi sobre el tema, han rehusado hacer manifestaciones al respecto.
En concreto, LAB cifra en 381 los contratos que tenían que haber salido a concurso por superar el importe de 15.000 euros en el caso de la adjudicación de servicios, y los 40.000 euros en el caso de obras, y que se han “troceado” de forma “irregular” según el sindicato, para poder evitar el concurso público y hacer adjudicaciones de forma directa. El mayor número de contratos del listado que han facilitado está en la OSI de Cruces, con 135 adjudicaciones directas por valor de 3.173.402 euros, sin IVA; la OSI de Álava, con 60 contrataciones por importe de 1.628.895 euros; la OSI Barakaldo Sestao (761.876 euros en 51 contratos), Organización Central (439.410 euros y 26 contratos) y el Hospital Santa Marina (416.743 euros para 13 contratos). Les siguen las OSI Barrualde Galdakao (319.496 euros y 19 contratos) y OSI Uribe, con otros 19 contratos por un montante total de 254.764 euros, sin IVA. En total, el listado de LAB incluye 10 centros que han adjudicado de forma presuntamente “irregular” contratos por encima de 100.000 euros y, de estos, en ocho el montante adjudicado supera los 250.000 euros, todos ellos calculados sin el IVA correspondiente. “Las mismas empresas y empresarios se repiten en muchas adjudicaciones de estos pequeños contratos”, señalan.
En la información trasladada por el sindicato se puede ver que hay, por ejemplo, cuatro contratos por obras en la OSI de Cruces para la reforma del centro de salud de Buenavista con una única empresa. Tres de ellos son de más de 39.000 euros, “casi en el límite” de los 40.000 euros por los que ya sería obligatorio sacar concurso público. “Se solventa fraccionando el contrato en cuatro. Primero se hacen tres de casi 40.000 euros y luego un cuarto por algo más de 23.500 euros, para el pico que faltaba para pagar la obra”.
También la reforma de la sala del mamógrafo del centro de salud de Repélega se fracciona en cuatro contratos con la misma empresa. Son sólo dos ejemplos de una estrategia se repite de forma sucesiva en los 381 contratos analizados por el sindicato y que considera contrataciones irregulares. En ellos se repite el nombre de varias empresas como adjudicatarias, en algunos se reparte el concurso en empresas del mismo dueño y los contratos se publican en la misma fecha o en días muy próximos.
Desde LAB, que recuerdan que la ley de contratos públicos deja claro que el fraccionamiento de las adjudicaciones de obra no es legal, aseguran que en estos contratos analizados “no hay motivos económicos, organizativos o técnicos que justifiquen la necesidad de fraccionamiento”. “La única razón es que algunas empresas se beneficien y premien. Además, esta forma de hacer, que supone eludir el control público, es opaca, evita las condiciones de publicidad necesarias a la hora de adjudicar este tipo de trabajos. Eso es muy grave. Es grave porque tiene un objetivo claro”, ha criticado Aranburu. “Desde el punto de vista económico se evita la competencia entre empresas, con la pérdida que esto supone para los y las contribuyentes y pone de manifiesto cuál es el modelo de gestión de determinados directivos y responsables de Osakidetza. La falta de transparencia, además, deja a Osakidetza bajo sospecha de corrupción”, ha añadido Jesús Oñate.
En este sentido, aseguran que “el procedimiento de adjudicación directa de las obras es ingeniería política. No se trata de errores en la gestión, sino de decisiones políticas”, han señalado vinculándolo con el “modelo neoliberal y clientelar del PNV”, que “busca debilitar el sistema sanitario público y fortalecer el privado” y “premiar” a la vez “a las empresas del entorno del partido”.
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