No hay nada escrito ni definitivo, principalmente porque la última palabra la tiene el propio lehendakari, Iñigo Urkullu. Pero la importancia que el Gobierno está dando en los últimos días a la aprobación de la ley sobre la transición energética y contra el cambio climático ha puesto a la Euskadi política sobre la pista de que las elecciones de 2024 podrían ser en abril y no en marzo, como se daba por hecho en variados foros y más desde que el PNV anunció ya sus planes de no contar con Urkullu y sustituirlo por Imanol Pradales. La explicación es sencilla: aunque el Ejecutivo ha pisado a fondo el acelerador y aprobará el próximo jueves siete leyes de una tacada -incluida la reforma educativa- y el viernes los presupuestos de 2024, no tiene margen material para completar también la tramitación de esta norma estratégica. Por ello, es necesario reabrir el Parlamento al menos unas semanas en febrero y, antes, habilitar el vacacional enero para completar el proceso. Como la convocatoria se realiza con unos dos meses de antelación (54 días), son esos los cálculos que ahora están encima de la mesa.
Las elecciones de 2020 fueron convocadas también en febrero para su celebración abril, aunque el confinamiento por la COVID-19 las retrasó hasta julio. Aunque se emplee la palabra “adelanto” para unos posibles comicios en el inicio de la primavera, no es así. En el Gobierno de Urkullu siempre se ha tomado como referencia natural la inicial y no la de celebración efectiva de aquellos comicios, en los que la participación se desplomó al 50%.
Sobre la ley, en el marco de los debates en torno a la COP28, la consejera responsable del área de Medio Ambiente, Arantxa Tapia, afirmó en el Parlamento este martes que la normativa autonómica “podría estar aprobada” para el próximo mes de febrero. Este viernes termina el plazo de enmiendas después de haber sido prorrogado e incluso se ha analizado la posibilidad de celebrar un pleno el 28 de diciembre para despachar las posibles enmiendas de totalidad de la oposición, que de momento no han llegado. Hace más de una década que no se convocan sesiones en el período navideño, algo que sí era una costumbre en la etapa de Juan José Ibarretxe. La idea es habilitar con carácter extraordinario el mes de enero -que tiene la misma consideración que julio y agosto- para crear la ponencia que analice el articulado y que redacte el texto definitivo. De este modo, a la vuelta a la normalidad de febrero podría ser votado en el pleno el dictamen final.
La actual versión de esta ley fue presentada en mayo. Sin embargo, ya la pasada legislatura Medio Ambiente fracasó en el intento de disponer de una herramienta propia. Entonces el responsable del área era Iñaki Arriola, de la parte del PSE-EE del Ejecutivo. Se da la circunstancia de que han pasado ya más de cuatro años desde que el Gobierno decretara la “emergencia climática”. Fue en julio de 2019. “Europa tiene su propia normativa, el Estado español tiene su ley aprobada, y Euskadi necesita aprobar también esta ley de tal manera que podamos cumplir esos objetivos de energías renovables, de eficiencia energética y, por supuesto, de esa hoja de ruta para la desaparición de los combustibles fósiles”, ha argumentado Tapia. Hace unos meses el Parlamento ya aprobó un dictamen con recomendaciones para la descarbonización.
En su momento, se indicó que esta ley venía para establecer “un marco jurídico estable para lograr el objetivo de las cero emisiones netas en Euskadi a más tardar en el año 2050, mediante la reducción de las emisiones y una mayor absorción de los gases de efecto invernadero de la atmósfera, con el fin de alcanzar un nivel de cero emisiones netas y aumentar la resiliencia de nuestro territorio al cambio climático”. Asimismo, se anunciaron igualmente “obligaciones de eficiencia energética y renovables para empresas, hogares, administración y resto de consumidores, la promoción desde las administraciones públicas de nuevos vectores energéticos procedentes de fuentes renovables, como las tecnologías basadas en hidrógeno (hidrógeno verde), la promoción de proyectos relacionados con el almacenamiento de energía, tanto eléctrica como térmica, y de iniciativas que propicien la captura y almacenamiento de CO2, y la aprobación de planes de movilidad sostenible”.
El Gobierno de PNV y PSE-EE dispone de mayoría absoluta en el Parlamento lo que le permite aprobar la ley y también controlar los tiempos. Sin embargo, la oposición quiere participar del debate. EH Bildu ha anunciado 114 enmiendas para corregir el proyecto gubernamental. Cree Mikel Otero, portavoz de la coalición en la materia, que al texto le falta claridad y “ambición”, básicamente por la falta de compromisos más evidentes para “abandonar” los combustibles fósiles. Otero coincide en que “dada la premura” que implica la lucha contra el cambio climático toca “hacer un esfuerzo de urgencia” para que Euskadi cuente con una “buena ley” antes de las elecciones. También Elkarrekin Podemos-IU ha realizado 116 aportaciones porque “el cambio climático es real” y hay que adoptar medidas, según han explicado en una rueda de prensa los dirigentes Miren Gorrotxategi y David Soto y el asesor Xabier Marrero. El PP ha registrado 50 enmiendas y Ciudadanos 9.
Eso sí, ni siquiera el margen que podría tener la legislatura para la aprobación de esta ley salvará la de Transparencia. Euskadi es la única comunidad sin una norma de ese tipo y continuará siéndolo. Son ya tres las legislaturas de Urkullu y en ninguna de las tres ha sido posible. La propuesta actual llegó a la Cámara hace apenas unos días y no hay tiempo material para completar todo el proceso legislativo sean cuando sean las elecciones.
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