En plena polémica por la calidad del servicio externalizado a la empresa Serunion en parte de los comedores escolares de Álava y de Gipuzkoa, el Parlamento Vasco podría incorporar a la futura ley de Educación una disposición para redundar en este servicio como parte del proyecto educativo y para intentar garantizar que sea “saludable” y “sostenible”. Por el momento, no existe todavía un acuerdo en este sentido dado que expresamente se pospuso la votación de este punto en la ponencia legislativa que tramita esta ley que se reunió este martes por última vez. Asimismo, el Gobierno de PNV y PSE-EE no va a aceptar otra decena de propuestas sobre el modelo de comedores de EH Bildu.
La ley avanza, pero ya no con el consenso del que surgió. Cuatro formaciones, las del Ejecutivo y las dos principales de la oposición EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, habían alcanzado en 2022 un acuerdo de bases para impulsar después la reforma educativa y el Ejecutivo de Iñigo Urkullu publicitó que su proyecto estrella de la legislatura iba a contar con un 90% de respaldo en la Cámara. Pero, en primer lugar, Elkarrekin Podemos-IU ya se descolgó hace meses al entender que la norma iba a blindar la escuela concertada en Euskadi, que aglutina a casi el 50% del alumnado. Y, ahora, EH Bildu lleva semanas amagando con hacer lo propio ya que PNV y PSE-EE han autoenmendado la redacción original para blindar los modelos lingüísticos A, B y D frente a un marco único con el euskera como eje, la idea inicial. Los movimientos políticos, en todo caso, no cuestionan la viabilidad de la ley, ya que el Gobierno dispone de mayoría absoluta suficiente.
La ponencia legislativa se reunirá por última vez la próxima semana y completará la aprobación de los últimos artículos pendientes así como del punto más crítico, el preámbulo donde PNV y PSE-EE quieren introducir una enmienda sobre los modelos A, B y D, para enfado de EH Bildu. Esta semana se ha juntado también el martes, donde se han ido acordado los artículos comprendidos entre el 35 y el 93, incluido el relativo a los comedores. Como ocurrió del 1 al 24, la práctica del Gobierno ha sido admitir enmiendas de EH Bildu e incluso pactar con ellos algunos textos, mientras que no se atienden las peticiones de Elkarrekin Podemos-IU (con una mínima excepción) y del PP. Las fuentes consultadas hablan de una veintena de propuestas de la coalición abertzales incorporadas a la ley por los socios en la última tacada, que se suman a otras tantas con anterioridad.
Ahora bien, esos acuerdos orillan -de momento- el punto de fricción entre EH Bildu, por un lado, y PNV y PSE-EE, por otro, que no es otro que el lingüístico. De hecho, esta semana se ha pospuesto de manera deliberada analizar una enmienda de la formación soberanista que planteaba la creación de un índice que, al modo en que se trabaja con la segregación y el alumnado vulnerable, 'ordene' los centros en función de sus necesidades idiomáticas. Se prevé que ya la semana que viene, sí o sí, PNV y PSE-EE tengan que decidir si siguen adelante con los modelos A, B y D, lo que supondría 'de facto' dejar fuera a EH Bildu por mucho que en el articulado se hayan asumido decenas de sus planteamientos menos políticos y más técnicos.
Es más, EH Bildu ha intentado que el Parlamento haga un informe jurídico sobre la situación en que quedaría el tratamiento de los idiomas en la enseñanza pero la Mesa, donde PNV y PSE-EE tienen mayoría, se ha opuesto. La coalición, tanto en la Cámara como en otros foros, ha insistido en que las enmiendas sobrevenidas sobre el A, el B y el D generan un escenario de “inseguridad jurídica”. De hecho, defiende que tampoco PNV y PSE-EE ofrecen una visión unívoca sobre el asunto, ya que los socialistas insisten en que permitirá continuar con un marco de “libertad de elección” de idioma en la enseñanza mientras que los nacionalistas han manifestado que dan por “superado” ese esquema y abren la puerta a su reformulación. La Mesa ha defendido que es la ponencia el foro donde han de discutirse estos extremos y, de hecho, este grupo de trabajo está participado no solamente por los representantes de los partidos sino también por una letrada.
La ponencia sí ha cerrado ya la creación de lo que se ha venido en llamar “Servicio Vasco de Educación”, una suerte de paraguas que aglutina a todos los centros que reciben dinero público independientemente de su titularidad. Lo hizo hace dos semanas. Fue el punto de alejamiento principal de Elkarrekin Podemos-IU (y de numerosos agentes educativos) ya que se interpreta que equipara a colegios privados con la red pública. En el caso de EH Bildu, el malestar aquí viene por no haberse aceptado un sistema de control de los requisitos que se han de cumplir para la percepción de conciertos, también la laicidad que obligaría a modificar el modelo de decenas de colegios religiosos católicos.
Sobre los plazos, el Gobierno ha querido hacer una tramitación exprés de la ley educativa. Todo lo que no sea dejar hechos en diciembre los deberes implica el riesgo de que no haya tiempo en lo que queda de legislatura para sacar adelante iniciativas, más teniendo en cuenta que todo enero es vacacional en el Parlamento. Unos hipotéticas autonómicas en marzo tendrían que ser convocadas ya a finales de enero. En todo caso, la ponencia educativa se ha dado una semana más y no tendrá el informe final la semana que viene, sino dentro de dos. Ello no dificulta que luego se vote en comisión y en el pleno antes de que acabe el año si PNV y PSE-EE así lo desean.
La información ha sido actualizada dado que inicialmente se había dado por aprobada una enmienda que aún no ha sido revisada por la ponencia legislativa y se ha sustituido la palabra “calidad”, citada en un principio por las fuentes consultadas, por la redacción prevista, “saludable” y “sostenible”.