Sin ley de Transparencia y con la reforma del Estatuto en el cajón: el 'debe' tras los doce años de Urkullu

El lehendakari, Iñigo Urkullu, podrá argumentar que en su tercer y último mandato (2020-2024) ha tenido una elevada producción legislativa. Ha sacado adelante 59 leyes. Sobrepasan claramente las 28 de la etapa anterior (2016-2020) y las 34 de la primera legislatura (2012-2016). Además, el Gobierno de PNV y PSE-EE, a pesar de su mayoría absoluta, ha trenzado acuerdos a diestra y siniestra, como prueba que las tres últimas salieran la pasada semana con al menos dos socios de la oposición o incluso casi por unanimidad. Pero Urkullu deja el cargo con asuntos en el tintero. En el Parlamento Vasco, por ejemplo, quedará empantanada por tercera vez la ley de Transparencia. Euskadi seguirá siendo la única comunidad sin un texto sobre esa materia. Llegó muy tarde a la Cámara y quedará en el 'debe'. Estaba previsto igualmente que la semana próxima se debatiera un plan para la reactivación de la comarca de Busturialdea, donde Urkullu y PNV han discrepado sobre la oportunidad de instalar un segundo Guggenheim. En este tercer cuatrienio, además, ni se ha mencionado la posibilidad de reformar el Estatuto, una promesa que Urkullu levaba bajo el brazo a finales de 2012 cuando pisó Ajuria Enea y que claramente ha quedado en el cajón.

En el documento de seguimiento del calendario legislativo hay algunos temas pendientes, pero en su mayoría son sectoriales y de escasa trascendencia política. Además, coincidiendo con el anuncio de las elecciones se ha aprobado un decreto muy relevante que estaba pendiente, el del impulso del euskera en la Administración. El gran agujero ahí es la fallida ley de Transparencia. El Gobierno presentó el borrador actual en tramitación en otoño de 2023, a finales de noviembre, cuando ya se había comunicado que Urkullu no iba a seguir por decisión del PNV, lo que activó 'de facto' el reloj preelectoral.

Cuando se inició la etapa de Urkullu en 2012 este tema no constaba entre sus propuestas. Eso sí, se prometió un capítulo sobre ello dentro de la norma general sobre Administración Pública. Sin embargo, en 2015 el Ejecutivo -entonces del PNV en solitario y en minoría- la retiró del Parlamento en vista de la falta de apoyos y el rechazo en bloque de la oposición. Acto seguido, uno de los planteamientos fue separar el texto en dos, creando uno 'ad hoc' para Transparencia. En la legislatura de 2016 a 2020, la segunda, se hizo una promesa para el “primer cuatrimestre de 2018” que nunca se sustanció. Sin embargo, un año antes, PNV y PSE-EE presentaron como partidos una proposición no de ley en la Cámara con la promesa de “agilizar” la tramitación de la norma. Era, en esencia, la propuesta pendiente del mandato anterior. Se presentaron enmiendas y se reunió varias veces la ponencia legislativa, pero dejó de hacerlo en marzo de 2019. El acuerdo estaba casi listo pero había discrepancias al unir en un mismo texto puntos de información pública y otros de participación. Nada se hizo en el tramo final de aquella legislatura a pesar de una oferta de Elkarrekin Podemos al Gobierno para cerrarla y en 2020 volvió a decaer.

El actual era el tercer intento. Urkullu llegó a decir en el Parlamento que con presentarlo ya había “cumplido lo prometido”, pero la oposición le hizo ver que no era así. “Son doce años sin cumplir la palabra. No será que no han tenido oportunidades”, manifestó EH Bildu, por ejemplo. Formalmente, el Parlamento inició ya los trámites de esta ley, aunque el PNV nunca la ha tenido en cuenta cuando fijó los objetivos mínimos antes de llamar a las urnas. Se citaba la importancia de promulgar las normas sobre cambio climático, derechos de la infancia, cooperación o transexualidad, pero nunca la de Transparencia. Tan es así que uno de los expertos invitados a la Cámara en los trabajos preparativos -una costumbre con todas las normas- escribió una carta muy crítica lamentando el paripé y declinando ir al Parlamento a perder el tiempo para algo inservible.

“Tomé con el máximo interés este encargo de comparecer en el Parlamento para realizar aportaciones al proyecto de ley de Transparencia. Esto significa estudiar el proyecto de ley y conocer el anteproyecto y sus informes; 285 páginas de documentación jurídica y técnica. E integrar mis experiencias y conocimientos en este marco para poder realizar, durante mi exposición, aportaciones útiles y viables a la nueva ley. Todo ello, junto con desplazarme al Parlamento —me encuentro lejos— para la comparecencia, me supone un esfuerzo personal importante, que realizo gustosamente desde el entendimiento de que es la oportunidad de aportar mi 'granito de arena', por mi posición de especialista, al desarrollo de una nueva ley que podría tener un impacto positivo en el gobierno de los asuntos públicos y la calidad de la relación Administración-ciudadanía. Sin embargo, y como permanezco voluntariamente al margen de la política de partidos, he pedido a diputados más contexto. Y lo he recibido del siguiente tenor: 'Mira, lo de la ley es un postureo. Quieren hacer parecer que la tramitan, y llevan ya varias comparecencias. Pero todo apunta a que la semana que viene se disuelve el Parlamento. Me da pena que te tomes el trabajo porque luego todo va a quedar en nada. Es una ley que nace muerta'. Tras confirmar por mis propios medios que mi comparecencia en el Parlamento resultaría estéril, y que se trata de un nuevo ejercicio de burocracia institucional del que no se derivaría ningún impacto real para la ciudadanía, le comunico que declino acudir a la comparecencia. De esta manera sí provoco un impacto positivo, al optimizar con mi inasistencia el tiempo de todos los parlamentarios de la Comisión, y el mío propio. Saludos cordiales”, escribió Jaime Gómez-Obregón hace unos días, según ha podido saber este periódico.

Este mismo jueves, horas antes de que Urkullu comunicara la convocatoria de elecciones el 21 de abril y, por lo tanto, que desde el 27 de febrero queda paralizada toda la actividad ordinaria en el Parlamento, se había acordado técnicamente un orden del día para una sesión el jueves próximo que nunca se celebrará. En ella estaba previsto debatir sobre Busturialdea. No es un debate sencillo para el PNV. Los nacionalistas, como partido y en Bizkaia, han apostado decididamente por un nuevo Guggenheim en Urdaibai, pero Urkullu ha exhibido una posición mucho más matizada. El consenso básico era impulsar un plan de desarrollo de la comarca como se hizo antes con otras de Euskadi. Los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, registraron una propuesta con las bases para arrancar ese trabajo y lo hicieron sin mencionar en ningún momento el Guggenheim. La Diputación vizcaína le ha dado ya 40 millones al plan y lo ha hecho a través del área que dirige Imanol Pradales, el sustituto de Urkullu. También ha mediado para que el Estado ponga otros 40. En el entorno de Urkullu también ha pesado mucho la necesidad de no acumular grandes proyectos en una sola provincia y, de hecho, en los últimos días se ha cuidado de mimar a Gipuzkoa, particularmente con inversiones sanitarias.

Urkullu cierra legislatura y doce años sin tener reformado el Estatuto de 1979. Erróneamente se ha solido quejar de que es el único de primera generación que no ha sido retocado en España, pero le ocurre lo mismo al de Galicia. El primer Urkullu era un firme defensor de un “nuevo estatus” que iba a cristalizar con una consulta en 2015 ó 2016. Luego, en un viaje a Nueva York, prometió que el derecho a decidir habría sido ejercido en 2020. En la primera legislatura se creó una ponencia de autogobierno para trabajar las bases de un acuerdo. En la segunda legislatura se retomó ese foro e inició su parte más propositiva. PNV y EH Bildu alcanzaron un acuerdo de bases coincidiendo con los momentos álgidos del procés catalán pero... hasta ahí.

Urkullu primó la estabilidad de su coalición con el PSE-EE y también salió escaldado de su mediación en Catalunya entre Mariano Rajoy y Carles Puigdemont para evitar la declaración unilateral de independencia y el 155. De aquella época es esta frase: “Si configuramos una mayoría más amplia, tendremos mayor legitimidad para exigir que se nos respete allí donde somos minoría. Y también en clave interna de cohesión y convivencia. Hablo de acuerdo y pacto. Acuerdo entre vascos y pacto entre Euskadi y España. Pero partamos del acuerdo entre vascos… Diré como lehendakari nacionalista que un proyecto votado sólo por la ciudadanía nacionalista significaría para muchos de nosotros un fracaso estrepitoso. Nuestra sociedad es plural y diversa como cualquier otra sociedad abierta. El pueblo vasco que ha llegado hasta hoy es así… Nuestro desafío, especialmente de los nacionalistas, a quienes se les presupone un compromiso añadido con su patria, es defender el pluralismo y no soportarlo como una patología a eliminar en un proceso de homogeneización. El acuerdo debe ser necesariamente plural y que reúna a diferentes”. Y también esta otra sobre el 1-O catalán: “Ese referéndum no se puede tomar en serio como base legal y legítima para llevar a cabo la independencia”.

En la tercera legislatura, iniciada con la COVID-19 rampante y con el lehendakari convertido en presidente de un órgano llamado Labi, las siglas de la mesa de crisis vasca para la emergencia sanitaria, la ponencia de autogobierno ni ha aparecido en el Parlamento. Claramente, Urkullu se ha sentido más cómodo reclamando el “autogobierno reconocido” en 1979 pero aún no cumplido, es decir, negociando con el Estado transferencias pendientes. Han llegado Prisiones e IMV estos años, por ejemplo, y aspira a cerrar su mandato con tres traspasos más, Cercanías, Inmigración y homologación de títulos extranjeros. Formalmente, nunca ha sacado de sus discursos el derecho a decidir -de hecho, lo defendió en Bruselas con Pere Aragonès hace solamente unas semanas- pero tampoco ha salido de su Gobierno una sola propuesta para reformar el Estatuto.

Queda en el aire si dará tiempo a tener listo de aquí al 21 de abril -porque el Gobierno no entra en funciones hasta entonces- el plan de energías renovables, la guía para la instalación de parques solares y eólicos no exento de oposición social y que ha recibido infinitas alegaciones. El Ejecutivo es muy consciente de que desde este martes está prohibido por ley exhibir logros o realizar inauguraciones. De hecho, era evidente que en las últimas semanas se estaban llenando las agendas para presentar proyectos. Mágicamente, por ejemplo, las ayudas a la emancipación juvenil Emantzipa (300 euros mensuales) que fueron presentadas en 2022 y repetidas hasta la saciedad a lo largo de todo 2023 se han empezado abonar justamente ahora.