El Gobierno de Iñigo Urkullu aprobará de modo inminente -antes de las elecciones- un nuevo decreto para impulsar el uso del euskera en la Administración que reforme el marco vigente, que data de 1997, al final del mandato de José Antonio Ardanza. El texto definitivo ya está listo y viene firmado por el propio lehendakari y por seis consejeros, todos ellos de la parte del PNV. Son los responsables de las áreas afectadas. El PSE-EE no se opondrá a pesar de que en el pasado ha criticado fuertemente a determinadas políticas lingüísticas, como ocurrió en 2016 en la campaña de la actual vicelehendakari, Idoia Mendia.
Este periódico adelantó en noviembre el borrador del decreto. Era un contexto muy singular. El Tribunal Constitucional había tumbado en verano una disposición de la ley municipal en la que se habilitaba a priorizar el euskera en las instituciones locales. Además, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco aceptó dos recursos de PP y Vox contra los decretos de desarrollo de esa normativa y anuló artículos concretos sobre la priorización ambiental del euskera. Esos fallos han afectado de manera determinante a la aprobación final de este decreto. Ahora han desaparecido todas esas referencias y se presenta con un informe jurídico favorable de la COJUA, que es el órgano asesor principal del Gobierno vasco. Se tratarán de modo igual castellano y euskera en ámbitos como la rotulación, las comunicaciones o el uso ambiental. En paralelo, los servicios jurídicos del Gobierno vasco mantienen recurridas las sentencias judiciales ante el Tribunal Supremo con la esperanza de dar la vuelta a fallos que se acatan pero que no se comparten.
El Parlamento demandó esta actualización en 2018, hace seis años. La aprobación ha tenido un complejo proceso participativo dada la sensibilidad que despierta el tema. En un contexto de decenas de procesos de consolidación en la Administración pública, se han multiplicado los recursos, también en el ámbito lingüístico.
La normativa tendrá un perímetro de aplicación más extenso que la anterior. Para empezar engloba también a Ertzaintza, Educación, Justicia y Osakidetza, las áreas con más presupuesto y personal. También se estima en otros 30.000 trabajadores los de las sociedades públicas asimiladas en las recientes leyes de 2022 sobre empleo y sector públicos, lo que incluye a museos y otros organismos parapúblicos. En total, unos 140.000 empleados públicos se deberán someter a los derechos y obligaciones en relación a las dos lenguas oficiales, castellano y euskera. Dispondrán de plazo hasta 2033 para adaptarse al nuevo decreto. También tendrán que garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía las empresas privadas adjudicatarias de servicios públicos, como los polideportivos o contratas de limpieza. Eso sí, se obligará a la institución contratante a que costee las políticas de capacitación lingüística en las mismas condiciones que el funcionariado. Aquí también ha habido sentencias judiciales que acotan el terreno de juego.
La filosofía general es que la preceptividad de acreditación de un nivel en lengua vasca sea para los puestos que sean de cara al público, aunque se mantiene la exención para funcionarios mayores de 45 años. El decreto adquiere especial relevancia desde el momento en que se prevé una cadena de jubilaciones, con lo que implica de nuevas contrataciones, ahora que están a punto de cumplirse 50 años desde la creación de la estructura de la Administración autonómica. Donde no sea obligatorio, el euskera será considerado un mérito. No hay nada nuevo en ello.
El decreto crea perfiles “asimétricos”. Un ejemplo: si un conductor de autobús no precisa de destrezas escritas en euskera pero sí las tiene orales habrá flexibilidad para que pueda obtener su plaza garantizando los derechos lingüísticos de sus usuarios. Hay un único caso en el que se pedirá A2 -el segundo de los seis niveles del marco europeo de competencias idiomáticas-, ya que en el resto el mínimo será B1. También habrá plazas donde se pida el máximo, es decir, C2. En el castellano no se piden niveles en ningún supuesto. También habrá perfiles “parciales” pensados para personas discapacitadas. Asociaciones de personas mudas, por ejemplo, han demandado que haya casos que solamente tengan que acreditar la parte escrita. Hay una cláusula especial para contrataciones singulares de profesionales de alta especialización y talento, como un músico para la orquesta sinfónica, un facultativo o un investigador. Es el artículo 37.2.
Hay tres sistemas ordinarios de acreditación del nivel de euskera (no del castellano). Hay exámenes del Instituto Vasco de Administración Pública (IVAP), títulos convalidados de HABE o las escuelas oficiales de idiomas o exenciones por haber cursado sus estudios en modelos mayoritariamente vascófonos. Eso sí, el decreto también permitirá convalidarlo si se supera la oposición en euskera o si se muestra un “uso fehaciente” en su puesto de trabajo. Desde 1997, el nivel de conocimiento ha crecido del 40% al 70% fruto de la salida de promociones del sistema educativo, donde el modelo D (principalmente en euskera) es mayoritario. Estas convalidaciones sin examen se notificarán a los registros del IVAP y del Gobierno vasco para que el afectado pueda acreditarlo ante otra administración o incluso ante un externo privado.
Como en Catalunya, Baleares y Galicia con el catalán y el gallego, se pretende que se pueda emplear el euskera en oposiciones y procesos selectivos. El texto fijará una posibilidad y no una obligación. El Gobierno de España también emplea otros idiomas en sus exámenes, tales como el portugués, el alemán, el italiano o particularmente el inglés. Políticamente, se busca continuar impulsando el uso de la lengua propia desde la base de que no todos los vascoparlantes tienen cubierto su derecho a ser atendidos íntegramente en euskera.
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