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La mayoría sindical vasca se opone a la reforma laboral

Mitxel Lakuntza, secretario general del sindicato ELA

Maialen Ferreira

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A pesar de que la propia vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz calificara a la nueva reforma laboral como “un acuerdo histórico” y asegurara que se trata de “la primera reforma en la que los trabajadores y las trabajadoras recuperan derechos, ganan derechos”, a la mayoría sindical vasca, compuesta por los sindicatos ELA y LAB -con una representatividad del 41% y el 19%, respectivamente-, el texto pactado entre el Gobierno, los sindicatos y la patronal, les ha sabido a poco.

Ambos sindicatos han mostrado su rechazo al decreto ley impulsado por Díaz. El secretario general del sindicato ELA, Mitxel Lakuntza, ha criticado en una comparecencia celebrada este martes en Bilbao que en la nueva reforma “solo hay unas ligerísimas mejoras” y que de aprobarse el texto “se consolidarían” unas reformas que “fueron muy perjudiciales para la clase trabajadora y que lo seguirán siendo”, haciendo referencia a las medidas impuestas por el Gobierno de Mariano Rajoy con la anterior reforma laboral.

Desde ELA han lamentado que “las pequeñas mejoras” que se incluyen, han sido “aportadas por la jurisprudencia del Tribunal Supremo” y no por el propio acuerdo. Entre ellas han destacado la desaparición del contrato de obra, la recuperación de la ultraactividad o los cambios en la subcontratación. “A cambio de casi nada, la CEOE ha conseguido mantener y perpetuar lo que para la patronal era imprescindible”, ha denunciado el responsable de Negociación Colectiva de ELA, Peio Igeregi.

Otras de las razones por las que el sindicato vasco se opone a la nueva reforma, es el hecho de que que no se limite el despido y “no se regule con claridad” que en Euskadi “los convenios provinciales tengan prioridad sobre los estatales”. En este último punto coinciden con el sindicato LAB, que entre las “lagunas” que han encontrado en el texto, han enumerado que  “se mantiene la pretensión de centralizar la negociación colectiva y no garantiza un marco propio”, que “los despidos seguirán siendo libres y muy baratos” y que la nueva reforma “no transformará el modelo de relación laboral que genera precarización y empobrecimiento”. “No ha habido ninguna contrarreforma. El resultado del Diálogo Social de Madrid ha sido una victoria de la CEOE: no se ha derogado la reforma laboral y se mantienen las medidas más regresivas de las anteriores”, ha lamentado la secretaria general del sindicato LAB, Garbiñe Aranburu.

Con el objetivo de “derogar la reforma laboral y transformar las relaciones laborales”, desde LAB han convocado una “jornada de reivindicación” para el próximo 27 de enero con la que exigirán a la patronal que que no aplique la nueva reforma y que, en su lugar, “apueste por un empleo digno”. Como alternativa, han propuesto en el Parlamento vasco y el navarro la elaboración de un “Código Laboral para Euskal Herria”, con el que defienden, entre otras cuestiones, la necesidad de acuerdos interprofesionales para garantizar un salario mínimo de 1400 euros, la jornada de trabajo de 30 horas semanales o la jubilación a los a los 60 años.

Ambos sindicatos han emplazado a EH Bildu y PNV a votar en contra en del decreto de ley en Congreso, pese a que desde Moncloa han dejado claro en reiteradas ocasiones que los grupos políticos deben avalar de forma “natural” el texto acordado. El ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que junto con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pilotará las negociaciones con el resto de grupos durante las próximas semanas, ha señalado este martes que “votar en contra de la reforma laboral es votar a favor de la reforma laboral del PP de 2012” y ha indicado que “las fuerzas progresistas deberían apoyar la reforma laboral igual que todas las fuerzas políticas que tengan sentido de Estado, de responsabilidad y sentido común”. Durante las próximas semanas, el Gobierno conversará en primer lugar con las fuerzas políticas que apoyaron la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y después con los demás partidos, incluidos el PP y Ciudadanos, para lograr aprobar la nueva reforma laboral.

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