De Miguel presenta otro recurso más para seguir retrasando su entrada en la cárcel por corrupción

Alfredo de Miguel, ex 'número dos' del PNV de Álava condenado a doce años de cárcel (nueve de cumplimiento máximo) por graves delitos de corrupción política, continúa con una batalla en solitario para evitar el ingreso efectivo en prisión. En el enésimo intento de que cambie de idea el mismo tribunal que le ha condenado (2019), ha ordenado ejecutar la pena (2023, marzo) y ha respondido por dos veces que no la suspenderá (2023, abril y mayo), la nueva abogada del expolítico, Estefanía Rojo, contratada expresamente para esta fase final de ejecución, ha interpuesto un nuevo recurso “de súplica”. Sin embargo, todas las fuentes judiciales consultadas insisten en que su viabilidad es mínima y en que su único fin es dilatorio.

Esta apelación, que no deja de ser un recurso de reforma, busca anular la resolución emitida por la Audiencia Provincial de Álava unos pocos días antes de las elecciones municipales y forales (25 de mayo) pero notificada horas después del escrutinio (29 de mayo). En ella, se rechazaba que pudiera dejarse sin efecto una pena tan alta, algo que sí se ha aceptado con otros condenados del mismo sumario con castigos más bajos. Entre otros argumentos, se apunta a la “gran alarma social” generada por este caso, el mayor de corrupción conocido en Euskadi, y que ya hay otro de los imputados, con un castigo más corto, que está encarcelado, Xabier Sánchez Robles.

En esencia, la actual defensa de De Miguel busca un indulto parcial del Gobierno de España para uno de los muchos delitos que se han dado por acreditados, el de liderar una asociación ilícita para el cobro de comisiones ilegales por su influencia política. Se trata del único que supera los dos años en sí mismo. La estrategia era dar a entender que era una suma de delitos pequeños y no relevantes. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Álava ha recalcado que la medida de gracia es improbable y que los hechos revisten una especial gravedad porque “abusó” de su poder político para enriquecerse. “Es de justicia proceder al cumplimiento de las penas de prisión impuestas, máxime cuando el solicitante era el dirigente de la trama” y otras personas con menos rango ya las están cumpliendo, recalcó el tribunal, compuesto por los magistrados Elena Cabero, Francisco García Romo y Ana Jesús Zulueta.

Fuentes judiciales indican que, técnicamente, este tipo de recursos no son suspensivos. Es decir, que sigue corriendo la cuenta atrás para la entrada en prisión si no desea que se dicte una orden de detención a la Policía. Sin embargo, añaden que en la práctica se respeta no activar ese reloj -de diez hábiles o dos semanas naturales- hasta que resuelva el trámite. Antes, además, ha de emitir un nuevo informe el fiscal del caso, Josu Izaguirre. Hasta ahora, todos los pronunciamientos de la Fiscalía han ido en la línea de ordenar la ejecución inmediata de las penas. Incluso se opuso a que se suspendiera la entrada en prisión de la esposa de De Miguel, Ainhoa Bilbao, aunque aquí el tribunal sí la ha autorizado.

Por otro lado, en esta fase de ejecución queda pendiente la posición de los otros dos exdirigentes del PNV alavés con elevadas penas, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano. En ambos casos, su situación depende de informes médicos ya que han alegado problemas de salud que habrán de ser acreditados al margen de haber intentado igualmente lograr un indulto político. Tiene condenas de seis y siete años, respectivamente.