Miles de personas se han manifestado este sábado por las tres capitales vascas, con motivo del cuarto aniversario de las movilizaciones que el Movimiento de Pensionistas arrancó en 2018, y para denunciar que la “lucha por unas pensiones públicas y dignas continúa”. Las marchas, que se han extendido a otras localidades vascas, como Eibar y Ondarroa, han contado con el apoyo de los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y CNT, entre otros, y en ellas se han proferido también gritos en favor de la defensa de “lo público”, según informa Europa Press.
El Movimiento de Pensionistas comenzó sus protestas el 15 de enero de 2018 en defensa de una tabla reivindicativa que abarcaba, entre otras cuestiones, la derogación de los aspectos regresivos de las reformas de las pensiones fijadas en 2011 y 2013. Desde entonces, se han concentrado durante 180 semanas en favor de unas pensiones “públicas y dignas”.
En el caso de la manifestación celebrada este sábado en Bilbao, la movilización ha arrancado pasadas las 12.00 horas, tras una pancarta en la que se podía leer 'recortes de pensiones no-1.080 pensión mínima', para culminar frente al Ayuntamiento de Bilbao, donde se ha leído un comunicado.
Con anterioridad, una de las portavoces del Movimiento, Andrea Uña, ha recordado los inicios del movimiento en 2018 por el incremento del 0,25% de la entonces ministra del PP Fátima Báñez, y se ha congratulado de que, cuatro años después, la ciudadanía tenga “conciencia de que los derechos no se pueden arrebatar”. De este modo, ha apostado por defender el estado del bienestar en las calles, ya que el sistema de pensiones es “viable” y los derechos “no se tienen que mendigar”.
El Movimiento de Pensionistas, contrario a la reforma ideada por el actual ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha valorado que, gracias a sus cuatro años protestas, dejara de aplicarse el Índice de Revalorización de las Pensiones y se retrasara la entrada en vigor del Factor de Sostenibilidad. “Nuestras movilizaciones han impedido que medidas que estaban previstas para reducir aún más nuestras pensiones hayan sido posibles”, han expresado.
Por contra, han rechazado los “recortes y la privatización” del sistema sanitario y sociosanitario que, a su juicio, han multiplicado los fallecimientos consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Del mismo modo, han lamentado que la reforma laboral pendiente de ratificación en el Congreso de los Diputados no deroga la reformas del PP y es “otro compromiso incumplido” por el Ejecutivo central. “Los aspectos más regresivos de las mismas siguen vigentes”, han detallado. A su juicio, ésta no es la reforma que se necesita para hacer frente a la precariedad laboral y mejorar las cotizaciones sociales que pagan las pensiones.
En contra de la nueva reforma laboral
“La reforma de pensiones recientemente aprobada tampoco deroga los recortes de la reforma de 2011”, han reiterado, para añadir que “solo en 2021 los pensionistas verán reducido mas de un 3% su poder adquisitivo”. Según han criticado, la mayor parte de sus reivindicaciones han sido así excluidas de la reforma, por lo que las pensiones mínimas seguirán siendo “miserables” y muy alejadas de los 1.080 euros que reclaman.
“Se perpetúa la brecha de género en salarios y pensiones y no se derogan los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados. Como alternativa a los recortes el Gobierno del Estado se compromete a desarrollar el sistema complementario de pensiones en manos de las entidades financieras del que sólo se beneficiarán los salarios mas altos”, han añadido.
Por todo ello, han instado al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, así como a los partidos que “lo sustentan”, a atender sus reivindicaciones y para ello derogar los aspectos regresivos de las reformas de 2011, 2013 y 2021. “Exigimos que de inmediato se aplique el incremento del IPC real en la paguilla de 2021 y se revaloricen las pensiones con el IPC real, tal como se hacía antes de la reforma de 2011; una pensión mínima de 1.080 euros y un SMI de 1.200”, han insistido. Por último, han demandado a los Gobiernos vasco y navarro que complementen hasta los 1.080 euros la pensión mínima y que apoyen así sus reivindicaciones.