En 2013 existía en Euskadi un total de 91.008 viviendas vacías, de la cuales un 8,7% correspondía al parque inmobiliario, según señalan las últimas estadísticas elaboradas por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco. Las viviendas deshabitadas en la CAV crecieron entre 2011 y 2013, y en el total del Estado suman los 3.443.365, un hecho que choca frontalmente con la realidad de los desahucios y las necesidades de alojamiento actual. Ambas cuestiones, vinculadas a las políticas de vivienda y un mejor aprovechamiento de los recursos, han sido discutidas esta semana en Bilbao dentro del congreso ‘Solidaridad Urbana. Derecho al Alimento y a una Vivienda Digna’, organizado por el grupo Ekiten-Thinking de la UPV, en el que se han planteado soluciones alternativas para una gestión pública que debe garantizar un bien de primera necesidad como es el derecho humano al hogar.
Para ello, el congreso ha contado con la intervención del jurista Juli Ponce de la Universidad de Barcelona quien ha incidido en que “el problema no está en la vivienda vacía, sino en que no hay vivienda asequible”. “Como estamos viendo estos años, el mercado produce externalidades y mucho sufrimiento que con una buena regulación de los desahucios y condiciones hipotecarias y una buena regulación de la actuación contra la vivienda vacía, como hacen los países de nuestro entorno, supone una vía razonable de actuar”, anunciaba. Y es que en Francia e Italia ya existen modelos fiscales que establecen medidas para la limitación del derecho a la propiedad y medidas de incentivación de la puesta del mercado en la vivienda vacía. “Porque contrariamente a lo que se piensa, aclara Ponce, el propietario no puede hacer lo que quiera con su propiedad”. “La vivienda asequible es un servicio de interés general, un servicio público”, sostenía.
En su intervención, el jurista recordaba que la vivienda está directamente vinculada con la ciudad y, por lo tanto, con el urbanismo. “En Cataluña el derecho a la vivienda se ha enmarcado dentro de un servicio de interés general”, ejemplificaba como se ha hecho también en otros países de la UE. Sin embargo, “pocas declaraciones de la vivienda como servicio de interés general, es decir público, he visto en España, creo que ninguna”, decía Ponce. Entre las medidas que actualmente están impulsándose en Tarrasa como posible solución al problema de los inmuebles vacíos, el jurista destacaba que “es posible sancionar con multas dinerarias, que en el caso del derecho a la vivienda están en 900.000 euros en Cataluña, o no dinerarias”. En este sentido, “Cataluña prevé otras sanciones que consisten en no poder inscribirse en determinados registros o no tener acceso a financiación pública”, explicaba. “Se puede expropiar y se puede llegar a perseguir penalmente como reconoce la doctrina penalista”, indicaba Ponce, quien instaba a declarar “la idea de que alguien está incumpliendo la función social de la propiedad públicamente” como un modo de desincentivo ensayado en otros países europeos.
700.000 viviendas deshabitadas en Andalucía
Por su parte, la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, escenificaba la situación que se vive en su comunidad autónoma, que con ocho millones de habitantes “casi como un país”, el 35% de desempleo y 700.000 viviendas deshabitadas necesita nuevas políticas que contribuyan “a un cambio radical” en este sector. Para ello, Cortés ha explicado el plan que desde su consejería intenta cambiar lo que ella ha valorado como “las dos caras de una misma moneda: la burbuja de las viviendas y la burbuja de las infraestructuras innecesarias”. “Algo que hemos vivido prácticamente desde que estamos en democracia, aunque mucho más acelerado desde hace 20 años con el asalto al territorio, que tiene que ver con la alianza del bipartidismo con el capitalismo inmobiliario español”, aseguraba. En este sentido, Cortés defendía la vivienda como un derecho humano. “No es una mercancía; para especular uno puede comprar un lingote de oro pero no una vivienda, la vivienda es un bien de primera necesidad y un derecho humano. Por eso, la política de vivienda no es sectorial, es urbana”, argumentaba.
En palabras de la consejera, “entregar la vivienda al mercado ha hecho que la función social de la vivienda no exista o se cuestione”. En Andalucía cuentan con 108.000 personas inscritas en los registros oficiales como demandantes de viviendas, algo que frente a las 700.000 viviendas desocupadas parece sencillo resolver, pero no lo es tanto, puesto que el 60% de los demandantes cobra menos de un IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y la Junta no tiene constancia de la ubicación y situación de dichos inmuebles. “Es absolutamente increíble que un poder público que se supone que tiene que garantizar el acceso al derecho humano a la vivienda desconozca por qué no se dotó de herramientas necesarias para saber la ubicación y situación de las mismas”. Además, pese a su abultada población, en Andalucía solo existen 80.000 viviendas de parque público, “que es como si la ciudad de Granada fuera parque público”, compara Cortés que suma también a la complejidad de la situación “el drama de la infravivienda”.
Ante esta situación, la consejería de Fomento lanzó un plan para identificar las viviendas sin uso por más de seis meses y sancionar al propietario en caso de que no se pusieran en alquiler. Asimismo, las entidades financieras que se han quedado con VPO tenían la obligación de comunicarlo y ponerlas a disposición del registro de los demandantes de hogar. Sin embargo, el presidente del Gobierno, arguyendo que esto último provocaría un caos financiero, presentó un recurso ante el TC, que por el momento ha suspendido cautelarmente la ley. De modo que la Junta de Andalucía trata ahora de conseguir que no se construyan más viviendas, “salvo que esté acreditado en la orden de planes municipales”, porque según los últimos estudios, la comunidad cuenta con suelo y vivienda ya construida como para 75 años. Sin embargo, “hay una alarma por parte del poder central, señala Cortés, y es que, pese a no tener necesidad, dicen que hay que seguir construyendo”.
Críticas a la cultura de la propiedad
En la misma ponencia, la activista antidesahucios Ada Colau culpaba a los expertos de viviendas de “usar un lenguaje que el ciudadano no entiende”. “Se puede ser riguroso y compresible porque la lucha por los derechos es una lucha por definir la realidad”, reclamaba. Colau también condenaba la negación de la burbuja inmobiliaria por parte de los gobiernos que califica como una “estafa”. “Y no solo eso, indicaba la activista, nos hemos encontrado también con una recomendación a la población de que lo mejor que podía hacer era comprarse una vivienda porque era la mejor de las inversiones, la acción más segura y más prudente que podía hacer un ciudadano de este país”. Así criticaba Colau que se dijera que “la cultura de la propiedad la llevábamos en la sangre”. Una culpa también, en su opinión, de los medios de comunicación que reproducían ese mensaje. Sin embargo, “cuando nada invitaba, la ciudadanía se anticipó, denunció esa burbuja inmobiliaria y gracias a esto pudo también anticipar el estallido”, señaló Colau. “Y todo ello sin recursos, sin medios de comunicación, sin gabinetes económicos ni juristas, solo con el sentido común de la ciudadanía que hasta hoy sigue liberando la respuesta más efectiva”, sentenciaba.