El área de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha entregado en los últimos días al nuevo consejero vasco de Desarrollo Económico, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, un dosier de más de 50 folios en el que describe en detalle el envío irregular de más de 5.000 toneladas de lixiviados líquidos desde las instalaciones del CMG-I en Zubieta, en Gipuzkoa, hasta la planta de Ecofert Sansoain en Artajona, ya en Navarra. Aunque el titular de la planta de Zubieta es el consorcio foral GHK, cuyo presidente es el diputado José Ignacio Asensio, la comunidad navarra pide a la vasca que sancione a Ekondakin, que es la empresa gestora. En Navarra Ecofert Sansoain, que recibió también lixiviados irregulares desde Tudela y desde otros puntos, ha sido ya multada e incluso cerrada, pero el Ejecutivo foral ya ha explicado que no tiene competencias para actuar también en el origen de las remesas de residuos.
Por enésima vez, Navarra recalca que es un “hecho acreditado” que desde Zubieta salieron lixiviados líquidos a Artajona. Explica que es una triple irregularidad. Por un lado, se trata de lixiviados generados en un proceso de tratamiento mecánico-biológico aeróbico que se envían con un código LER -el estándar europeo- 19 08 12, que es la etiqueta de lodos procedentes de tratamientos biológicos de aguas residuales industriales. Por otro lado, la planta de Artajona no tenía autorización para recibir ese tipo de materiales. Y, finalmente, en el supuesto de que sí fueran envíos de 19 08 12 tampoco podrían entrar porque Ecofert Sansoain producía fertilizantes y solamente podría recepcionar material de la industria agroalimentaria y no del CMG-I de Zubieta, que suma una incineradora y una planta de tratamiento mecánico-biológico.
La Diputación de Gipuzkoa niega por activa y por pasiva que se hayan producido irregularidades, si bien un juzgado de Donostia mantiene abierta una investigación penal contra Asensio por estos hechos. Se espera un informe de la Guardia Civil como Policía judicial para que sea citado a declarar como imputado. Está pedida también la comparecencia como testigo de Ana Bretaña, la 'número dos' de Medio Ambiente de Navarra para que ratifique sus conclusiones. De hecho, es Bretaña la que ha firmado también el documento enviado al Gobierno vasco, que en la anterior legislatura con Arantxa Tapia como consejera no fue especialmente beligerante con este tema. Políticamente, los tres actores institucionales implicados en este asunto son muy similares. En Navarra, por ejemplo, el consejero del ramo, José María Aierdi, es de la coalición del PNV, Geroa Bai, y ha actuado siempre con el respaldo de la presidenta socialista, María Chivite, a pesar de las duras respuestas de Asensio ante estas acusaciones.
El informe de Navarra recoge un rotundo desmentido de que el envío de los residuos del CMG-I fue “completamente legal”. Se detalla que los residuos generados en Zubieta no pueden entrar en Artajona. “Es un lixiviado de tratamiento aeróbico de la fracción resto de la recogida de residuos domésticos, un lixiviado que se genera de los residuos procedentes de recogida no selectiva, que son los que se tratan en el CMG-I. Y este tipo de residuos no se admiten para compostaje en general ni están autorizados en la instalación de Ecofert Sansoain en particular”, se indica. Claramente -y esto la Fiscalía lo ha visto como un posible delito- se acredita que, además, esos lixiviados fueron enviados como lodos con un código incorrecto. Medio Ambiente de Navarra no niega que la empresa de Artajona debió controlar lo que entraba en sus instalaciones pero insiste en que eso no elimina la responsabilidad de los emisores. Recuerda que la autorización ambiental del CMG-I recoge unas pautas que se han infringido y plantea abiertamente “la iniciación de un procedimiento sancionador” contra Ekondakin “por la entrega a gestor no autorizado de los residuos generados en su instalación”. Otras fuentes indican que la autorización como tal es de GHK y no de la empresa contratada y que, por ley, es el “titular” el responsable último de las incidencias.
El Gobierno navarro, que ha tenido que despachar decenas de alegaciones de Ecofert Sansoain, añade que la propia gestión de los materiales recibidos en Artajona era muy deficiente. Por ejemplo, la Guardia Civil detectó que la balsa de líquidos se había desbordado. Eso produjo “una escorrentía de lixiviados de color oscuro y fuerte mal olor” que se quedó cerca de una regata. Antes, en 2019, otro vertido alcanzó la red de drenaje del regadío. Asimismo, los dueños de la empresa trasegaban los lixiviados entre Ecofert Sansoain y otra planta que controlan, La Coya. Aunque los empresarios lo negaron con rotundidad, un tractor fue seguido haciendo esas maniobras y el conductor explicó que era algo totalmente habitual.
El documento acredita también que Gipuzkoa siguió enviado lixiviados después de que la Fiscalía denunciara estos hechos y el juzgado de Donostia iniciara una causa. Eso se produjo en septiembre-octubre de 2023 y “el último traslado” comprobado entre Zubieta y Artajona fue el 14 de noviembre. Desde junio del pasado año hasta ese momento se movilizaron 1.500 toneladas de residuos, precisa el Ejecutivo navarro.
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