El alto cargo del Gobierno vasco investigado por la Fiscalía por un supuesto delito de prevaricación administrativa, según trascendió como consecuencia de una resolución de la Comisión de Ética adelantada por este periódico, era la viceconsejera de Medio Ambiente, Amaia Barredo. El Ejecutivo, sin embargo, comunicó este martes el cese de Barredo, ya que ha sido designada como diputada del ramo en el nuevo Gobierno de la Diputación de Álava dirigido por Ramiro González. El ministerio fiscal, que ha elevado una denuncia sobre estos hechos que guardan relación con un proyecto de valorización de recursos papeleros en Bergara, incluye también en las pesquisas al director de Calidad Ambiental, Javier Agirre, que continúa en su cargo y cuya situación también ha sido analizada por la Comisión de Ética. Este organismo recalca que ambos altos cargos pueden continuar en sus funciones hasta que, en su caso, se complete toda la fase de instrucción y se abra juicio oral, aunque en el caso de Barredo tendrá que someterse a los criterios de la Comisión de Ética específica de la Administración foral. El Gobierno vasco añade que el juzgado no ha adoptado aún ni una sola decisión en relación a la denuncia de la Fiscalía. Finalmente, el PNV como partido desconocía por completo estos hechos hasta hace pocas horas.
La causa tiene su origen en una denuncia ecologista en torno al proyecto de Bergara, llamado Valogreene Paper, que es el nombre que le ha dado la Fiscalía al caso. Se trata de un proyecto de valorización que inicialmente se presentó en el Ayuntamiento de la localidad guipuzcoana, dirigido por EH Bildu, con el objetivo de crear una “planta de producción ecológica de cargas minerales para la industria en la parcela H del polígono industrial Larramendi”. Sin embargo, la denuncia recoge que el proyecto se modificó “sensiblemente”, que el Ayuntamiento revocó la autorización inicial por este motivo y que el Gobierno vasco hizo caso omiso de ello y le dio luz verde a pesar de todo.
En concreto, el escrito de la plataforma ecologista entregada a la Fiscalía alude a que “el 8 de abril de 2022 la viceconsejera de Sostenibilidad Ambiental del Gobierno Vasco, Amaia Barredo Martín, a pesar de contar ese expediente con un informe de compatibilidad negativo del Ayuntamiento de Bergara, acordó en único acto administrativo dictar una Declaración de Impacto Ambiental favorable a efectos de la evaluación ambiental del proyecto y otorgar la AAI a Valogreene Paper BC SL para su actividad de producción de material calcáreo en el término municipal de Bergara (Gipuzkoa)”. Y se añade: “Las autoridades denunciadas han hecho caso omiso de los diferentes Decretos de Alcaldía que han sido negativos en cuanto a la compatibilidad urbanística de las actividades proyectadas con el planeamiento urbanístico de Bergara. Así mediante el Decreto de 28 de enero de 2022 y el Decreto de 18 de febrero de 2022 se aprobaron sendos informes de compatibilidad urbanística negativos para la actividad proyectada, en el primer caso para la actividad de gestión de residuos no peligrosos (tal y como aparece descrita en los anuncios publicados en los BOPV de 23 de septiembre y 8 de noviembre de 2021), y en el segundo para la producción de material calcáreo, única actividad reconocida por Javier Agirre Orcajo, tras su requerimiento de 3 de febrero de 2022”.
Se estima también que “hay que dejar constancia de que la actitud de Javier Agirre Orcajo y de Amaia Barredo Martín en este expediente es de una temeridad y menosprecio absoluto a la legalidad (incumplimiento de las determinaciones de los artículos 12 y 15 del RDL 1/2016) y a la verdad, y de una contumacia y de oídos sordos a los diferentes Decretos de Alcaldía, que no eran favorables a sus expectativas, y que han demostrado una voluntad férrea de seguir adelante con ese expediente hasta su resolución final favorable a los intereses de Valogreene Paper BC SL, a pesar de todos los pronunciamientos contrarios del Ayuntamiento de Bergara. Ante un informe negativo de competencia municipal deberían haber puesto fin al procedimiento y archivar las actuaciones, y han omitido llevar adelante esas decisiones”.
Lo que se investiga es un delito de prevaricación administrativa. Se trata de un tipo que no comporta penas de prisión y que implica el haber dictado resoluciones injustas a sabiendas, no haber desviado fondos, por ejemplo. Son comportamientos que, de ser acreditados -algo extremadamente complicado- implican la separación del cargo y una inhabilitación. Fuentes del Gobierno vasco recalcan que nada se ha acreditado aún en los tribunales y que, de hecho, el juzgado de instrucción no ha formulado aún ningún requerimiento sobre este caso. Otras fuentes indican también que ambos altos cargos se sometieron en todo momento a los informes técnicos. En el pasado, el PNV llegó a escribir de mano de su dirigente María Eugenia Arrizabalaga que había sido EH Bildu y su alcalde de Bergara, Gorka Artola, el que había actuado “bordeando peligrosamente la prevaricación administrativa” al denegar la autorización que sí había dado inicialmente. Se puede leer aquí el artículo completo de Arrizabalaga.
¿Cuál es la secuencia temporal del expediente judicial? La denuncia es de abril de 2022, la fiscal-jefe de Álava, Carmen Cotelo, dio la orden en julio del pasado año de iniciar las diligencias 60/22 y, finalmente, el 22 de marzo la fiscal Andrea Suárez dio por cerradas las pesquisas iniciales y elevó la denuncia por un presunto delito de prevaricación a una sala de instrucción de Vitoria. Las resoluciones de la Comisión de Ética vasca sobre Barredo y Agirre son de abril. Este martes, el Consejo de Gobierno anunció en rueda de prensa a las 12.00 horas el cese de Barredo, que a las 10.30 horas ya había prometido su nuevo cargo en la Diputación. Posteriormente, a preguntas de los periodistas, el portavoz del Ejecutivo, Bingen Zupiria, confirmó que había una investigación abierta contra un alto cargo de la Administración pero dijo no tener dato alguno sobre ella.
Ramiro González cree que será archivado
En la Cadena Ser, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha confirmado la existencia de esta investigación. Ha asegurado que tiene “mucha confianza” en Barredo y ha confiado en que “cuanto antes” el expediente quede cerrado. “Tengo el absoluto convencimiento de que la denuncia va a ser archivada”, ha indicado, aunque ha admitido que tendrá que “prescindir de ella” en caso de que se abra juicio oral. “Es por la concesión de una licencia. No es la única denuncia que hay en el Gobierno vasco. Es relativamente frecuente. Confío en que se archive cuanto antes. Tengo mucha confianza en Barredo”, ha indicado.