Los nuevos equipos de gobierno de los ayuntamientos vascos o de las diputaciones, surgidos de las elecciones del 28-M y de los posibles pactos post electorales que se están fraguando en estos días, no tendrán tiempo extra para presentar sus alegaciones al Plan Territorial Sectorial (PTS) de Renovables presentado por el Gobierno vasco. El PNV y PSE-EE han bloqueado en el Parlamento Vasco la posibilidad de ampliar el plazo para que los municipios puedan realizar sus aportaciones al PTS. Era una propuesta que ha planteado en la Cámara vasca el grupo PP+CS y que han apoyado el resto de los grupos a excepción de los partidos que conforman el Gobierno vasco.
En concreto, la propuesta de PP+CS instaba al Gobierno vasco a adoptar las resoluciones “oportunas” para suspender temporalmente la tramitación de PTS o, alternativamente, a ampliar el plazo concedido a las administraciones publicas territoriales, de forma de que dispusieran de un plazo mínimo de 45 días hábiles, a contar desde la constitución de sus respectivos gobiernos, “para formular las alegaciones, observaciones o sugerencias que consideren oportunas con respecto a la aprobación inicial del referido instrumento de planeamiento”. Pero ambas posibilidades han sido rechazadas por la mayoría parlamentaria que suman PNV y PSE-EE.
Eso supone que el reloj para presentar alegaciones al PTS está contando desde el 20 de mayo, un día después de que el plan terminase de publicarse en el el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV), en los boletines respectivos de los territorios y en dos periódicos de la comunidad autónoma. Con lo que las administraciones que quieran presentar alegaciones disponen de 45 días hábiles para alegar. Es decir, que el plazo finaliza el 21 de julio. Es decir, que o bien las alegaciones se presentan por parte de los equipos salientes, o los nuevos ayuntamientos tendrán poco más de un mes para alegar, ya que la constitución de los mismos se realizará el 17 de junio.
Esto puede suponer una dificultad para aquellos ayuntamientos en los que cambie el color del equipo de gobierno, y que por tanto, tengan percepciones diferentes respecto al PTS de Renovables respecto al equipo saliente en cuanto a las alegaciones que deben presentarse. Y especialmente en el caso de ayuntamientos pequeños con pocos recursos para realizar estas aportaciones en un espacio tan pequeño de tiempo. Lo cierto es que ya en el momento de su publicación algunos partidos cuestionaron la fecha, precisamente por hacerlo justo antes de las elecciones municipales cuando es un plan que ha tenido múltiples retrasos.
En su intervención este jueves ante el pleno, Carmelo Barrio (PP+CS) ha señalado que “hay incertidumbres en muchos municipios en relación con cuestiones técnicas, asesoramiento, confección de las propias alegaciones o de los documentos que tengan que mandar” debido a las “características extraordinarios del momento en el que vivimos”, en un momento de transición institucional, “con lo que supone de cambios, de nuevos equipos, etc”. Además ha recordado que se trata de un plan “complejo”.
David Soto, desde Elkarrekin Podemos-IU ha considerado que resulta “paradigmático” que “después de cuatro años de retraso” el plan se presente el 10 de mayo del 2023, fecha en la que se publicó en el BOPV, “precisamente a dos días del inicio de la campaña electoral que iba a definir cuál era la composición de las instituciones llamadas precisamente a alegar al PTS”. Ha recordado, además que los partidos del Gobierno hablasen de “consenso institucional y social, cuando obviamente el consenso social es bastante evidente que no existe y desde luego no lo existe en términos institucionales, porque si el consenso existía lo sería con las mayorías conformadas previamente a la celebración de las elecciones”.
De igual forma, el parlamentario de EH Bidu, Mikel Otero, ha afirmado que “no es mucho pedir” conceder a las nuevas instituciones municipales y forales dos semanas adicionales de tiempo para presentar alegaciones. Ha recordado que la “primera noticia” que han tenido los ayuntamientos sobre las zonas de localización seleccionada, “que es como el gran caballo de batalla, el gran objeto de preocupación de los ayuntamientos”, ha sido el 10 de mayo, que es “cuando han visto los mapas” y la relación de municipios afectados por zonas escogidas tanto fotovoltaica como en eólica.
Desde el PNV, Unai Grajales ha afeado que la oposición quiera ahora suspender temporalmente el procedimiento, cuando “hace tres meses todo eran prisas”. Ha rechazado además que se cambien procesos administrativos por influencia de los ciclos políticos. Un argumento que también ha usado el parlamentario del PSE-EE, Alberto Alonso, para rechazar la propuesta, ya que plantea “inseguridad jurídica”, y atenta contra “el principio de una administración neutral, eficiente y no condicionada”, puesto que implica que procedimientos administrativos se vean influidos por los ciclos políticos. Además, Alonso ha recordado que así como los ayuntamientos tienen una fecha concreta de constitución, las Juntas Generales y los Gobiernos forales no.
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