El número de altos cargos sube un 24% en los diez años de Gobierno de Urkullu y las nóminas un 43%

El detalle del proyecto de presupuestos para 2023 del Gobierno vasco está ya desde este viernes en el Parlamento Vasco. Entre la documentación enviada a la Cámara se encuentran también los anexos de personal, que muestran una subida del 24% en los cargos de confianza durante los diez años de Urkullu como lehendakari y del 43% de las nóminas de estas personas. En concreto, en la Administración autonómica hay ahora 176 altos cargos y 99 asesores por 148 y 73, respectivamente, que figuraban en en el mismo documento de los presupuestos de hace una década, los primeros de Urkullu. Esto supone que el coste de la estructura sea de 6,64 millones adicionales en este tiempo. Hay otros 227 directivos en las sociedades públicas frente a 236 en 2013, algo que responde exclusivamente al adelgazamiento de la estructura del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) porque en el resto del perímetro de la Administración también han subido los cargos un 10%.

La subida se aprecia en la propia composición del gabinete. Hace diez años estaba conformado por el lehendakari y ocho consejeros y ahora son tres más. Se da la circunstancia de que este incremento se produjo justamente en 2016 y coincidiendo con la entrada del PSE–EE al Gobierno en coalición con el PNV, que no ha perdido ningún consejero. Es muy difícil establecer una comparativa por áreas ya que las carteras han cambiado mucho. Pero la Presidencia ha ganado cuatro altos cargos o asesores en este tiempo y Salud dos, a pesar de haber perdido las competencias de Consumo. Educación y Cultura estaban fusionados en 2013 y tenían 30 cargos de confianza y ahora, por separado, tienen 42. Seguridad, que no ha tenido cambios de estructura, ha pasado de 19 a 22 directivos.

En las sociedades públicas, Osakidetza baja de 116 a 94 altos cargos coincidiendo con la reorganización interna que ha supuesto la transición a un sistema de OSI u organizaciones sanitarias integradas por comarcas. Por lo demás, en una década han aparecido nuevos organismos que o bien no existían o bien no estaban consolidados en las cuentas. Son la Autoridad Vasca de la Competencia, Gogora (Instituto de la Memoria), el consorcio BRTA, EiTB Media, la Orquesta Joven de Euskal Herria, Basque Team, la sociedad de reinserción de presos Aukerak, BIOEF, Musikene, la Agencia Vasca de Internacionalización, el Industrialdea del Ibaizabal, BIMEP, Hazi o Elika. Entre los que han ganado en directivos están el Ente Vasco de la Energía (EVE), Euskotren, el Instituto Etxepare, Itelazpi o Lanbide. En total, los altos cargos de todas estas entidades del sector público bajan de 236 a 227 pero, sin el efecto de Osakidetza, crecen de 120 a 133. un 11% más.

Traducido en términos económicos, en la Administración general las nóminas de la estructura previstas para 2023 suponen 21,97 millones de euros, un 5,8% más que en 2022 y algo por encima de la subida media del coste de todos los gastos de personal, lo que incluye a los funcionarios. En 2013, a ese mismo capítulo se destinaron 15,33 millones de euros. La subida salarial es, por lo tanto, del 43%, mucho más alta en proporción que la de personas incorporadas.

La letra pequeña de los presupuestos

Será este miércoles, jueves y viernes cuando todos los consejeros del Gobierno y el secretario general de la Presidencia expliquen el detalle de los presupuestos en el Parlamento. Se han suspendido los plenos para encajar estas comparecencias. Esa letra pequeña de la ley de presupuestos incluye algunas novedades.

La disposición adicional quinta prevé, precisamente, una modificación de la ley de retribuciones de los altos cargos para realizar algunos ajustes de las coberturas en caso de desempleo. Además, la disposición adicional decimocuarta, por ejemplo, recoge: “El personal empleado público que desempeñe sus funciones en los centros penitenciarios de Euskadi, como norma general, deberá utilizar el uniforme durante el servicio, y portar el distintivo cuyo diseño y características técnicas se determinarán mediante resolución del órgano o Dirección que tenga atribuidas las facultades de planificación y gestión del personal penitenciario; si bien, en razón a las funciones de determinados puestos de trabajo, dicho órgano o Dirección podrá establecer las oportunas excepciones a esta obligación”. En materia de Prisiones, se insiste en la necesidad de abordar un plan de infraestructuras aunque ello tiene un doble condicionante. Por un lado, cuando el Gobierno central complete las obras del penal de Zubieta se hará una permuta con la actual vieja cárcel de Martutene. Además, está pendiente la definición de los usos de la antigua cárcel de Nanclares de la Oca, en desuso tras la apertura hace una década de la de Zaballa.

Por su parte, las cuentas del Departamento de Seguridad prevén, sin que se den mayores explicaciones, una primera partida para adquirir un helicóptero “antiincendios”. Euskadi es una comunidad autónoma sin medios aéreos contra el fuego y, como ha ocurrido en los últimos días, tiene que solicitar aparatos o de comunidades vecinas o del Estado. En Bizkaia han acudido aviones civiles del Ministerio de Transición Ecológica pero que están operados por el grupo 43 de pilotos del Ejército del Aire. Para el “arrendamiento” de ese aparato se prevé una inversión de 500.000 euros en 2023 y de otro tanto en 2024 y también en 2025 dentro del dinero disponible para la Dirección de Atención de Emergencias.

Como cada año, el documento incluye la denominada “sección 99” con partidas de libre disposición para el Gobierno y donde aparecen compromisos políticos como los 10 millones que percibe Vitoria como canon de capitalidad –aunque el Ejecutivo define a la ciudad como “sede de las instituciones comunes de la CAE” y no como capital–, otros 600.000 euros para apoyar la salida del Tour de Francia de 2023 desde Euskadi –se habló en su momento de una inversión de 12 millones–. Y también figura la “sección 95”, que son las “relaciones financieras con el sector público español” y donde aparecen como ingresos procedentes del Estado 22,2 millones para la “colaboración financiera en el coste de la cotización adicional de la Ertzaintza” y que permite que los agentes se jubilen a los 60 años, 9,4 millones para las ayudas del “bono social térmico”, unos 134 millones de compensación por el dinero adelantado para las obras del AVE y de la variante sur ferroviaria de Bilbao y, sobre todo, 146 millones en concepto de Ingreso Mínimo Vital (IMV) y que Lanbide ahorra del dinero que tiene para la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).