El número de internos en las cárceles vascas ha subido un 33% desde que el Gobierno autonómico asumió la gestión

Los presos internos en las cárceles vascas han subido un 33% desde que Euskadi asumió la gestión de los centros penitenciarios de Zaballa en Álava, Martutene en Gipuzkoa y Basauri en Bizkaia. Eran 952 a finales de 2020, el último año completo de titularidad estatal, y pasaron a 1.289 cuatro años después. La población total -incluidos reos con control telemático o en libertad condicional- ha crecido un 18%. Se ha pasado de 1.574 a 1.865 personas. Como referencias, se dijo que la capacidad máxima “operativa” era de 1.283 plazas y la “óptima” de 783.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús San José, ha enviado al Parlamento Vasco un informe sobre la población penitenciaria a instancias del representante del PP Santiago López Céspedes. Desde que se produjo la transferencia, ha sido objeto de discusión el “tensionamiento” de los tres centros penitenciarios autonómicos. Se ha achacado a que existe menos margen para distribuir a los reclusos a centros del Estado, que gestiona todos los del resto de España salvo los catalanes, igualmente transferidos. Además, en fechas muy recientes se ha producido la salida del 12% de la plantilla, 93 personas de entre unos 750 efectivos.

En el documento se desglosa, por un lado, la población “dentro” de la cárcel y, por otro, el total de personas cumpliendo condena. Los de la primera categoría eran 1.269 a finales de 2024. Es un tercio más que cuatro años atrás. Paradójicamente, uno de los objetivos del nuevo modelo vasco penitenciario era potenciar los cumplimientos alternativos a la estancia propiamente dicha entre rejas. La mayor subida se ha dado en Basauri, con un 47%, aunque es también la más pequeña de las tres prisiones vascas. 823 de los 1.269 están en Zaballa, la cárcel de las afueras de Vitoria. Los de la segunda categoría son 1.865, un 18% más. Se da la circunstancia de Basauri, por ejemplo, hay más personas “fuera del centro” que internas. En Martutene también hay una proporción alta de reclusos en semilibertad.

El informe recoge también algunos datos sobre los delitos cometidos por los presos. Hay 21 reos por crímenes previstos en el Código Penal previo a 1995. Como es habitual en este tipo de estadísticas, figuran también nueve personas sobre las que “no consta” el delito que cometieron. Las tablas proporcionadas no permiten identificar cuántos de los presos lo son por haber sido de ETA, por ejemplo, o por haber cometido delitos de corrupción política. De hecho, los presos más comunes (hay más de 400) han sido enviados a la cárcel por delitos “contra el patrimonio y el orden socioeconómico”. En su momento, se apuntó a unos 140 condenados por terrorismo. El Gobierno actual de Pedro Sánchez ha trasladado ya a estas prisiones o a la de Pamplona al conjunto de exintegrantes de la banda ETA.

Por sexos, más del 90% de los presos son varones. Un 12% está interno en régimen de prisión preventiva, es decir, antes de una condena firme. No hay ningún preso en primer grado. El Gobierno vasco ya ha admitido que hasta el verano de 2025 no dispondrá de módulos de seguridad aptos para este tipo de casos. Un 34% de los penados está en tercer grado. En su momento se habló de un 40% como objetivo mínimo.

La gran novedad en la gestión de Prisiones llegará cuando se inaugure la cárcel de Zubieta. Sustituirá en Gipuzkoa a la vieja de Martutene, en cuyos terrenos se realizará vivienda social. El nuevo presidio será más grande. Las obras, con todo, acumulan algunos retrasos. El nuevo director de Servicios Penitenciarios del Gobierno vasco, Pablo Martínez Larburu, explicó en el Parlamento que es preciso realizar obras adicionales. Aparentemente, el Estado diseñó el recinto sin la seguridad adecuada y ahora, además de cámaras, se instalarán alambradas.