Olatz Garamendi, una consejera que fue dos veces testigo en el 'caso De Miguel'

Olatz Garamendi (Ea, 1968) fue propuesta este sábado y se convertirá este martes a todos los efectos en consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno en el nuevo gabinete de Iñigo Urkullu. Jurista y funcionaria del cuerpo superior de letrados de la Administración vasca, según su biografía oficial entre 2006 y 2009 fue “responsable de la asesoría jurídica del Gobierno vasco” aunque, en puridad, lo fue solamente del Departamento de Cultura, que englobaba a la Dirección de Juventud. De esa época datan las contrataciones 'a dedo' del entonces responsable de Juventud, Xabier Sánchez Robles (PNV), a las empresas de la trama corrupta del 'número dos' de su partido en Álava, Alfredo de Miguel, por las que ambos han sido condenados. Ello motivó que Garamendi compareciera doblemente como testigo en este sumario conocido como 'caso De Miguel', primero en la fase de investigación, en 2012, y después en el juicio, en 2018. Además, participó también en la comisión de investigación que se celebró en el Parlamento Vasco.

Sánchez Robles realizó una serie de adjudicaciones a las empresas Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga que o bien no se correspondían con trabajos efectivamente realizados -no había constancia documental de los informes o servicios prestados- o bien se fraccionaron en varias partes -entonces el límite era de 12.000 euros- para que un contrato de mayor tamaño pudiera adjudicarse sin concurso. Tanto en una como en otra ocasión, Garamendi explicó cuál era el mecanismo de contratación en el Gobierno y aseguró no haber tenido conocimiento directo de posibles irregularidades.

Pero sí dejó claro que no era normal que no aparecieran en los archivos de la Administración los trabajos que se habían contratado y abonado y que no era ajustado a la normativa abonar un servicio con un coste de unos 50.000 euros en varias partes para poder adjudicarlo a una empresa previamente seleccionada. “No me parece correcto”, aseguró. En todo caso, dijo también que en vez de contratos 'a dedo' se tendrían que haber pedido más presupuestos: “Yo siempre he recomendado que se invite a tres. Es una recomendación. Es lo que yo recomendaba como asesora jurídica”.

Antes del juicio, la defensa de Sánchez Robles, encabezada por el conocido penalista Javier Beramendi, aportó como supuestas pruebas de que los trabajos abonados sí se realizaron unas carátulas de informes con sellos del Gobierno vasco. Como publicó este periódico, esos supuestos documentos no constaban en el registro oficial de la Administración y los sellos, además, presentaban algunas anomalías como la ausencia del número de registro o tipografía diferente a la de originales de esas mismas fechas. En un caso, el documento venía sellado en una fecha inexistente, un 29 de febrero de un año no bisiesto. En el juicio, Garamendi -que en 2018 ya era viceconsejera en Educación- remarcó que no era normal un sello sin número de registro cuando le exhibieron alguna de esas pruebas. Ése y otros comentarios motivaron las repreguntas del abogado Beramendi, que trató de desacreditar su declaración.