La oposición vasca ha coincidido este martes en pedir explicaciones al PNV y al Gobierno de Iñigo Urkullu por la posición de Alfredo de Miguel, exdirigente del partido en Álava condenado en primera instancia a 13 años de cárcel por delitos de corrupción. De Miguel trabaja para la sociedad pública autonómica Hazi pero, como publicó este periódico, está ejerciendo como “gerente” de la entidad pesquera Itsas Garapen Elkartea, según consta en documentos oficiales. En los últimos meses ha participado como representante vasco en viajes oficiales, entregas de premios, conferencias interterritoriales o incluso a ojos de la Unión Europea. El PNV, por el contrario, defiende que “el Gobierno vasco está obligado a cumplir la legalidad” y que “lo grave” sería despojar a De Miguel de sus “derechos y responsabilidades” cuando aún está pendiente de resolución su recurso ante el Tribunal Supremo. El Gobierno insiste en que no tiene formalmente rango directivo y que “no representa al Gobierno vasco en ningún foro”.
En un mensaje en Twitter, la principal fuerza de la oposición, EH Bildu, ha denunciado que “la protección y trato que el Gobierno de Urkullu está dando a De Miguel es una clara muestra de la nula voluntad de algunos por acabar con el amiguismo y prácticas fraudulentas”. Se refería así la coalición al compromiso adquirido a finales de 2022 de desterrar “cierta imagen de amiguismo” que había asumido como uno de sus puntos débiles el propio partido 'jeltzale' fruto de un proceso de escucha que ha llevado a cabo con afiliados, simpatizantes y externos. “Urgen medios y organismos para denunciar, detectar, investigar y perseguir estas prácticas”, abunda la formación abertzale.
El parlamentario Josu Estarrona añade: “Para nosotros, que hemos estado haciendo seguimiento del caso, esto que se ha publicado pone en evidencia que lejos de acabar con el amiguismo esta persona está recibiendo casi cierto trato de favor. Además, cada vez que hemos presentado algún tipo de iniciativa para acabar con estas prácticas, siempre nos la han echado atrás”. La coalición pedirá en el Parlamento información a la consejera de Desarrollo Económico Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, para que detalle las funciones concretas y “qué fondos públicos gestiona” el condenado por corrupción en Itsas Garapen Elkartea. Además, Estarrona plantea una reflexión sobre si el código ético para los altos cargos debería hacerse extensivo también a casos como el de De MIguel.
Desde el PP, se ha anunciado ya que pedirán a Urkullu explicaciones por la “colocación de condenados por corrupción” en puestos de responsabilidad. “Es insólito que entre las competencias de un condenado por corrupción estén las de gestionar ayudas públicas o las de recibir denuncias de posibles fraudes en el sector. Esto solo es entendible en el País Vasco porque el PNV siempre ha ejercido de agencia de colocación de implicados en la peor trama de corrupción vivida en el País Vasco y ha preferido defenderles a apartarles de las vida pública”, ha señalado el líder del partido en Álava, Iñaki Oyarzábal, que ha enfatizado que “cuando esta trama operaba el presidente del PNV era Urkullu”. “Ahora están cobijados bajo su ala”, ha apostillado Oyarzábal. En Twitter, el presidente del PP, Carlos Iturgaiz, ha calificado de “escándalo” que el PNV esté “ofreciendo puertas giratorias a malversadores” a cambio del “silencio oficial del delincuente condenado”. “Urkullu rehabilita a corruptos”, ha escrito. Sus socios, Ciudadanos, lamentan que es “el caso de corrupción más grave en Euskadi” pero que “no pasa nada”. “La buena gestión del PNV es que De Miguel siga cobrando un sueldo público”, reseñan.
“Estos hechos demuestran que cuando en este país tienes un carné las cosas son más fáciles”, afirma Podemos. Y abunda: “La clave de todo esto es que todavía hay en Euskadi espacios institucionales para la práctica del amiguismo y la colocación a dedo. Nuestros cargos cuando acaban sus mandatos hacen entrevistas de trabajo como todo el mundo y Alfredo de Miguel solo ha tenido que esperar a ser colocado. Nuestro país necesita eliminar las prácticas de puertas giratorias. Toca transparencia y airear las instituciones”. Esta formación se muestra indignada por el hecho de que “a Podemos se le han archivado todas y cada una de las denuncias” aunque “ocuparon horas y horas en los medios” mientras que “el PNV puede colocar tranquilamente a un condenado por corrupción” sin que sea asunto de Estado. Desde IU, Íñigo Martínez considera “bastante paradójico que una persona como De Miguel tenga algún papel en la tan querida y manida proyección de Euskadi en el exterior y en la UE, y especialmente en la pesca, donde precisamente el Gobierno vasco aspira a poder coparticipar de forma directa”. “¿Qué proyección aspira a dar el Gobierno vasco en el exterior con representantes así? El PNV y el Gobierno deberían de dar explicaciones”, entiende el representante de la otra pata de la coalición Elkarrekin Podemos-IU.
El PNV recalca que la sentencia no es “firme”
Fuentes del PNV indican a este periódico que “el Gobierno vasco está obligado a cumplir la legalidad”. “Lo grave sería que la incumpliera. Alfredo de Miguel tiene una plaza laboral, que conlleva unos derechos y unas responsabilidades. Y esos derechos y responsabilidades permanecen vigentes a la espera de que la sentencia del caso por el que se le juzga sea firme, que no es el caso. Hasta que eso no ocurra, el Gobierno vasco está obligado a cumplir la legalidad. Y eso es lo que está haciendo”, indican desde el partido de Andoni Ortuzar. Cuando fue detenido por este caso en 2010, el partido despojó a De Miguel de su cargo institucional en Álava y meses después entregó su carné de afiliado.
El PSE-EE, socio del PNV en el Ejecutivo, entiende que “si, como explica el Gobierno, De Miguel desarrolla sus funciones porque no es posible adoptar ninguna decisión mientras la sentencia no sea firme, tendrá que ser así”. En todo caso, entienden que si sus atribuciones actuales las puede ejercer “otra persona contratada”, como sería el caso de “las labores de representación”, se debería plantear que “delegara”. “Y, si no es así, el Departamento debe adoptar la decisión de que recaigan en otro trabajador o cargo”, afirman los socialistas. Recuerdan también que “existe una Comisión de Ética” que podría ser la “encargada de dirimir estas cuestiones”. “Lo que sí es exigible por nuestra parte -concluyen- es que, en cuanto sea posible legalmente, el Gobierno responda con toda la contundencia posible ante un caso de la gravedad que nos ocupa y un condenado por corrupción asuma todas las consecuencias de sus acciones delictivas”.
El Gobierno: “No nos representa en ningún foro”
Itsas Garapen Elkartea, la entidad pesquera de la que De Miguel es gerente, está coordinada por Hazi, la sociedad pública con la que mantiene una relación laboral -no de funcionario- desde 2010. Tras su detención por corrupción, quien todos conocen como Txitxo disponía de dos destinos reservados con excedencia en la Administración. Desechó Industrialdeak -previo cobró de 22.000 euros de indemnización- y optó por Hazi, la heredera de la sociedad pública en la que realmente tenía plaza, IKT. En Hazi De Miguel coincide con numerosos cargos del PNV tras su retiro político, incluido quien era el presidente en Álava cuando él era 'número dos', Iñaki Gerenabarrena. Itsas Garapen Elkartea es el GALP o Grupo de Acción Local Pesquera del litoral vasco. Existen organismos similares en el resto de comunidades costeras. Colaboran en ella las cofradías de Bizkaia y de Gipuzkoa. Gestionan ayudas -él mismo ha explicado qué proyectos se han financiado con dinero público en alguno de los foros en los que ha asistido como representante vasco- e incluso dispone de un buzón para combatir el fraude.
Hazi y el GALP cuelgan del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de Arantxa Tapia, que es el que asume las competencias en materia de Pesca. Desde este departamento afirman que “Alfredo De Miguel no ostenta ningún cargo de libre designación ni de confianza”. En efecto, Txitxo no forma parte del catálogo de altos cargos de la Administración autonómica. Se añade que “es un trabajador laboral” y que “no ostenta ninguna plaza de 'gerente` en la fundación Hazi”. Insisten también en que “no representa al Gobierno vasco en ningún foro”. En todo caso, recalcan que solamente “la existencia de una sentencia firme, sea en la dirección que sea, permitirá a la Fundación Hazi y al Departamento del que depende, tomar una decisión conforme a la persona trabajadora a la que se hace referencia en la información”, es decir, poder aplicar una separación de sus funciones.