No ha habido sorpresas. El Parlamento Vasco no celebrará una comisión de investigación en este final de la legislatura en relación al fichaje como asesor externo del Departamento de Educación del abogado Joanes Labayen, responsable del bufete Cuatrecasas en Euskadi, para la crisis con las empresas del transporte escolar en el inicio del curso académico 2023/2024. Llegó a haber varios días sin servicio en septiembre y ahora se funciona con un acuerdo transitorio. Labayen, marido de la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, y próximo al PNV, es también miembro del consejo de administración de una de las empresas adjudicatarias de las rutas de Gipuzkoa. Fue el propio consejero, Jokin Bildarratz, el que lo eligió directamente para realizar esta labor, a razón de más de 300 euros por hora. Su asesor jurídico interno, Eneko Goenaga, procede precisamente de Cuatrecasas, del equipo de Labayen.
La propuesta partía de un acuerdo de PP y Elkarrekin Podemos-IU. Ambas formaciones, muy distantes en lo ideológico, no llegan al mínimo de escaños para poder solicitar una comisión de investigación en solitario y pactaron un texto de mínimos compartido. Han sumado los apoyos de Ciudadanos, de Vox y EH Bildu, cuya postura estaba en duda y que, finalmente, ha dicho que “noski” que solamente podían votar a favor. Sin embargo, el Gobierno de Iñigo Urkullu goza de mayoría absoluta. La oposición no ha logrado que el PSE-EE se desmarque de su socio. Precisamente la última comisión de investigación fue sobre Educación y de nuevo tras un pacto entre la derecha y la izquierda. Hace cuatro años, salió adelante porque la oposición superaba en escaños al Ejecutivo de Urkullu.
En la defensa de la iniciativa, Carmelo Barrio (PP) ha recordado que Bildarratz ya compareció en una comisión ordinaria para hablar del asunto. Sin embargo, ha considerado que seguía teniendo vigencia pedir una ponencia especial porque el consejero “quiso que parecer normal lo que no es normal”. Ha indicado que el informe entregado por Labayen fue “lamentable” ya que presentaba “muchos errores” y no tenía ni conclusiones ni fecha. “Es una actuación verdaderamente irregular”, ha resumido. Y Miren Gorrotxategi (Elkarrekin Podemos-IU) ha señalado que el transporte -al igual que los comedores- es un servicio “básico” para garantizar el “derecho a la educación”. Asimismo, ha explicado que la posición de Labayen en el Gobierno y, a la vez, en Autocares URPA implica que “podría existir un conflicto de intereses”.
Por parte de EH Bildu, su portavoz educativo, Ikoitz Arrese, ha aprovechado para hacer una panorámica más general y ha afirmado que “a este Gobierno le faltan mecanismos de control y de transparencia”. Ha citado el veto a medidas de EH Bildu contra la corrupción -su enumeración en euskera ha llegado a nueve puntos- o incluso que la ley de Transparencia lleva “diez años parada”. “Esto nos deja cuanto menos una sospecha”, ha seguido. “Nos parece que no se han hecho las cosas todo lo bien que se tenían que hacer desde el principio. Este Gobierno tiene un problema de transparencia, un 'modus operandi' que se alarga durante años”, ha enfatizado. Finalmente, José Manuel Gil (Ciudadanos) ha estimado que era oportuno mirar “hasta el último detalle” de este caso, un “escándalo”; y Amaia Martínez Grisaleña (Vox) ha señalado que negar la investigación solamente hace acrecentar las “sospechas”. Eso sí, ha advertido a los promotores, singularmente a Elkarrekin Podemos-IU, de que no les han gustado las formas, ya que anunciaron en la prensa la intención de crear la comisión sin negociarla previamente.
El PNV, por medio de Gorka Álvarez, ha denunciado el “ruido político” que buscaba la iniciativa finalmente rechazada. Y ha destacado el “ejercicio de transparencia” de Bildarratz sobre este asunto en los últimos meses. Álvarez ha indicado también que es la colaboración de Cuatrecasas fue “puntual” y que Educación nunca operó con “improvisación”. Los socios, el PSE-EE, han hecho una defensa cerrada de Bildarratz, hasta el punto de verbalizar palabra por palabra cuestiones del argumentario del PNV. Por boca de una exconsejera, María Jesús San José, han criticado algunas informaciones periodísticas inexactas sobre Labayen y han lamentado que la oposición pidiera la comisión de investigación antes incluso de escuchar al consejero en la comparecencia ordinaria. “No ha existido irregularidad alguna en la contratación del bufete de abogados”, ha zanjado San José, que ha sugerido que la oposición quiere buscar “rédito político” en puertas de unas elecciones autonómicas.
No ha estado ausente del debate que Bildarratz llegó a amagar con acudir a la Fiscalía ante su discrepancia con las empresas del sector. De hecho, sí se llegó a consultar a la Autoridad Vasca de la Competencia. En el pasado, este organismo investigó y sancionó a URPA dentro de una causa más amplia contra empresas de transporte de Gipuzkoa por haber conformado un cártel para manipular contratos, incluidas las rutas escolares. Precisamente Labayen ejerció como abogado de esa compañía y pleiteó contra el Gobierno vasco para intentar (sin éxito) no abonar la multa por las irregularidades cometidas. Tejeria, de su lado, no se ha inhibido y ha dirigido el debate con normalidad y ha votado con su partido contra la investigación.
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