El Gobierno vasco, en este caso el área de Vivienda controlada por el PSE-EE, ha elaborado y presentado en el Parlamento un largo informe sobre la aplicación de la ley estatal en Euskadi, como le había requerido la propia Cámara. El documento, de 25 páginas, recorre aquellos puntos que pueden “ampliar el marco competencial autonómico”, como la posibilidad de declarar zonas como “tensionadas” que, entre otros aspectos, permiten controlar las rentas para no entorpecer el acceso a una casa. También se analiza la compatibilidad de la normativa estatal con la ley vasca de 2015, que desarrolló por vez primera en España el derecho subjetivo a acceder a un piso protegido si se cumplen unos requisitos económicos o, en su defecto, a una ayuda económica sustitutiva para facilitar el acceso al mercado libre. En este escenario, nada dice el informe de que el propio Gobierno vasco, en este caso el área de Gobernanza Pública y Autogobierno, en manos del PNV, ha impulsado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley en el que se cuestionan abiertamente medidas como las zonas tensionadas.
Arranca el informe con una introducción en la que figura que la ley del Gobierno de Pedro Sánchez, una coalición de los socialistas con lo que era Unidas Podemos, abre “nuevas posibilidades”. Ello contrasta con la argumentación del recurso de inconstitucionalidad, en la que la otra parte del gabinete de coalición indicaba “el Estado está negando la posibilidad a la sociedad vasca de ser, a través de sus representantes elegidos democráticamente, dueña de su propio modelo en política de vivienda”. “De manera deliberada, en esa estrategia recentralizadora se está obviando que en el Estado existen realidades diferentes y gestiones muy diferenciadas en este ámbito en concreto, ya que Euskadi, por ejemplo, si atendemos a los números absolutos, se sitúa como la comunidad autónoma que más VPO ha construido, sólo por detrás de Andalucía, comunidad que cuadruplica nuestra población”, se dijo.
El recurso, apoyado expresamente por el lehendakari, Iñigo Urkullu, sitúa a Euskadi en el mismo plano que Andalucía o que la Comunidad de Madrid, ambas gobernadas por el PP. Así, el líder socialista Eneko Andueza llegó a comparar a Urkullu con Juanma Moreno Bonilla y con Isabel Díaz Ayuso. Catalunya, gobernada por ERC, también ha decidido finalmente acudir al Constitucional aunque esa formación votara a favor de la ley en primavera. La corte de garantías ha admitido a trámite ya esos recursos y los estudia. En el caso del vasco, se quiere exprimir la posibilidad legal de llegar a un acuerdo previo de interpretación entre el Estado y la comunidad autónoma, como ha ocurrido en otras ocasiones en las que se ha amagado con judicializar conflictos políticos.
El primer bloque del documento detalla la posible aplicación de las nuevas zonas tensionadas. De hecho, una larga lista de municipios vascos, principalmente de Gipuzkoa -incluida Donostia- han levantado la mano para poder acogerse a esa posibilidad. Cree el Gobierno que podría ayudar a “atender adecuadamente la demanda de vivienda habitual a precio razonable” pero insiste en que es una decisión “potestativa”, no una imposición legal.
Destaca el Ejecutivo que el proceso de declaración implica un “procedimiento preparatorio” para “obtener información” estadística, tales como los precios y su evolución o los niveles de renta del distrito susceptible de entrar en estos planes. Estas declaraciones tienen que estar debidamente justificadas y acreditar el “especial riesgo de abastecimiento insuficiente” de alojamientos “asequibles”. ¿Cómo? Cuando la renta media (hipoteca o alquiler) supere el 30% de los ingresos medios o cuando los precios, en los últimos cinco años, hayan subido 3 puntos más que el IPC autonómico. Se añade que a la hora de definir quiénes son los “grandes tenedores”, la comunidad tiene competencias para regular esa figura. Dice el documento que es el Gobierno vasco el que realiza la declaración -que “tendrá una vigencia de tres años” prorrogables- aunque sí que habrá que hacer una “comunicación” al Ejecutivo central.
¿Y cuáles son las consecuencias de la declaración de zonas tensionadas? La Administración ha de preparar un “plan específico” con medidas para “corregir” el mercado en ese distrito. El informe recalca que el Estado no podrá “modificar” ese plan o adoptar sus propias decisiones porque el vigente plan estatal de la materia se aplica en toda España “con excepción del País Vasco y Navarra”. En estas zonas se han de conocer los datos de las rentas porque no se podrán subir ni añadirles nuevas cláusulas. También se pueden prorrogar contratos de forma extraordinaria, para que no se rescindan y pasen al mercado turístico o de otro tipo. Y se alude a “incentivos fiscales”.
El informe apunta también que la nueva ley permite incentivar “viviendas asequibles” y que “amplía los supuestos” en materia de accesibilidad para los inquilinos de las comunidades. Sin embargo, determina que la reserva de un cupo para alquiler en las promociones públicas ya se cumplía en Euskadi con anterioridad, al igual que el destino de las fianzas custodiadas por el Gobierno vasco para políticas de Vivienda.
En cuanto al derecho a la vivienda, aunque la ley estatal lo lleve en el título, el informe remarca que “no se concretan nuevas medidas” en ese sentido. De hecho, es una ley ordinaria de las Cortes Generales, no una ley orgánica. La Constitución, al contrario de la creencia popular, no reconoce el derecho como tal, sino que lo fija como principio que ha de orientar las políticas de las diferentes instituciones competentes. En Euskadi, la ley de 2015, también criticada en su momento por el PNV, sí lo reguló, como también una posterior de Navarra.
Ahora bien, el decreto que desarrolla ese derecho vasco a la vivienda digna acumula desde entonces ocho años de retraso. Es más, se había prometido para “septiembre” por parte del consejero, Iñaki Arriola, y aún no ha pasado por el Consejo de Gobierno. Como viene publicando este periódico, creará una pasarela para perceptores actuales de algunas ayudas sociales para el alquiler, por lo que reconocerá automáticamente la condición de titulares del derecho a la vivienda a unas 34.000 personas con bajos recursos, según datos de agosto. Son, de golpe, casi cinco veces más que los beneficiarios actuales, 7.659 con los datos de abril en la mano.
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