La situación interna en la principal empresa adjudicataria de las ambulancias del Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), la catalana Grup La Pau, se ha convertido en una partida de ajedrez. La secuencia de hechos es la que sigue: 1) UGT recurrió la renovación de uno de los dos contratos que mantiene en Euskadi, el de transporte sanitario programado o no urgente, porque pesa sobre la compañía una sanción “muy grave” de la Inspección de Trabajo; 2) se ha anulado la adjudicación y ordenado a la Administración que tenga en cuenta esta cuestión a la hora de valorar la oferta de Grup La Pau, que gestiona el servicio en Bizkaia y en Álava; 3) la compañía ha puesto por escrito que, sin el nuevo dinero, está al borde de la “quiebra” y ha planteado recortes salariales unilaterales; y 4) mientras coquetea con el descuelgue del convenio actual ha firmado uno nuevo con la promesa de subidas de hasta el 30%. Este viernes, en un nuevo movimiento, Grup La Pau ha propuesto a los sindicatos dejar de lado el descuelgue (recorte del 12,5% mensual hasta octubre, retirada de la paga extraordinaria de verano y recorte del 12,5% de otros pluses) si acceden a que se elimine la 'extra' y se vaya abonando prorrateada de aquí a Navidad y que el nuevo convenio entre en vigor cuando reciban la adjudicación.
¿Por qué? Grup La Pau busca que Osakidetza, en plena renovación de sus cargos políticos y directivos, vuelva a adjudicarles los lotes del transporte programado de Bizkaia y de Álava. O simplemente el de Bizkaia, porque Salud interpreta que el de Álava no está en el aire aunque las circunstancias son idénticas. Se ha interpretado que la anulación del contrato por parte del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) obligaba simplemente a que Salud revisase de nuevo todas las circunstancias de la empresa y no que implicara una prohibición de contratar, dado que la sanción “muy grave” no es firme. Con un descuelgue encima de la mesa y claras muestras de debilidad económica, esa nueva valoración podría no ser positiva y toca ofrecer otro relato. Además, si logra firmar con los sindicatos el “prorrateo” de la paga extraordinaria evitará nuevos recursos por retrasos en las nóminas, que es precisamente el origen de la sanción de la Inspección de Trabajo.
Grup La Pau y los sindicatos han mantenido la enésima reunión en las últimas semanas este viernes. Se han citado en dependencias del Consejo de Relaciones Laborales, que cuelga del área de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco y que está mediando más o menos formalmente en la crisis de esta subcontrata de Osakidetza. Según consta en el acta del encuentro, los representantes de la empresa han planteado esta “alternativa” al descuelgue y las centrales han pedido tiempo para analizar la situación. Hay prevista una nueva reunión este lunes.
LAB, ELA, UGT, ESK, LSB-USO y CCOO han coincidido en criticar los recortes planteados por la compañía pero en algunos casos sí admiten que la nueva oferta es una mejora. El acta recoge que ELA le ve “lagunas”, LSB-USO entiende que es “menos perjudicial” que el descuelgue, LAB directamente aboga por “publificar” las ambulancias, UGT tiene claro que es un ardid para lograr la adjudicación y los fondos públicos, ESK muestra “muchas dudas” y CCOO considera “un avance” que se retire el descuelgue. La situación está tan enconada que se ha designado a un mediador para el conflicto de las ambulancias. Se llama José Ignacio Varas Santamarina, aunque no se incorporará en la reunión del lunes aún.
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