Periodistas recuerdan a Pablo González tras un año detenido: “El Gobierno no se está comprometiendo como debería”

“Estoy detenido. Llama a Gonzalo [Boye] y avisa a mi madre. Estoy bien, llevo horas, me han dado café”. Esas fueron las palabras con las que el periodista Pablo González avisó a su pareja y madre de sus hijos, Oihana Goiriena de que había sido encarcelado en Polonia el pasado 28 de febrero de 2022, donde había ido para cubrir los flujos migratorios que surgieron al comienzo de la invasión rusa en Ucrania. Las autoridades polacas le detuvieron bajo la acusación de participar en actividades de inteligencia extranjera contra Polonia y ser un agente del Departamento Central de Inteligencia ruso que aprovechaba su condición de periodista para viajar por países europeos y obtener información, puesto que González, nieto de un niño de Rusia exiliado como consecuencia de la Guerra Civil Española, nació en Moscú en 1982 y fue inscrito con el nombre de Pavel Rubtsov, por lo que contaba con pasaportes de ambas nacionalidades.

En un primer momento estuvo incomunicado, sin posibilidad de hablar con su abogado, Gonzalo Boye ni con nadie de su familia. Tampoco se conocían las razones de su detención. No fue hasta el 13 de noviembre, 200 días después de ser encarcelado, que pudo denunciar su situación y sus condiciones de encarcelamiento ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo como una violación de la Convención Europea de Derechos Humanos. Meses más tarde, concretamente el 21 de noviembre, su pareja pudo visitarlo por primera vez en la cárcel polaca. Un año después de su detención, Goiriena ha recordado cómo fue aquella visita rodeada de colegas periodistas, amigos y familia de Pablo González, en un acto dedicado a él, organizado por Público y la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas y celebrado este viernes en la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). “Yo iba preparada, ya sabía que había perdido mucho peso, él decía que unos 20 kilos. La verdad es que me lo encontré mejor de lo que creí que iba a estar, porque pasa 23 horas en una celda y tiene una sola hora al día para pasear y teniendo en cuenta que es Polonia, la luz del sol mucho no le da. Me esperaba encontrarlo con un aspecto más enfermizo, pero se le veía saludable y anímicamente fuerte y eso me alegró”, ha asegurado.

No existen precedentes de un periodista de un Estado miembro del espacio comunitario, preso en un Estado miembro del espacio comunitario

Durante el acto, que ha contado con la presencia de investigadores y catedráticos de la UPV/EHU y periodistas de medios en los que el periodista colaboraba como Público o Gara, compañeros de González han contado a la sala cómo era realmente trabajar con él. “Era un periodista todoterreno, no era un periodista de guerra. Él contaba los conflictos y explicaba por qué sucedían, narraba lo que creían y pensaban ambos bandos y en el caso de la guerra de Ucrania igual, dio voz a ambos”, han explicado el fotoperiodista Juan Teixeira, que estuvo sobre el terreno con González y Jon Kortazar, compañero de Pablo González en Geopolitikaz y director de la tesis doctoral que está realizando en la UPV/EHU. “Aquí la gente igual no lo sabe, pero uno de sus últimos tuits fue para criticar la intervención militar rusa en Ucrania que comenzó el 24 de febrero. Todo eso que se vende de que Pablo González es un periodista pagado a sueldo de alguien es algo que cae por su propio peso. La última vez que estuve con él (...) estaba convencido de que no iba a haber una intervención militar rusa en Ucrania, de hecho tenía una charla programada en el municipio de Elantxobe para el 25 de febrero, que fue el día posterior a esta intervención. Él pensaba estar aquí. Entonces, eso que se dice que es un espía, si eso fuera cierto sería un espía bastante mal informado porque su actividad diaria no es la de un espía informado”, ha asegurado Kortazar.

Tres días después de la visita de Goiriena a González en la cárcel de Polonia, concretamente el 24 de noviembre, la justicia polaca anunció que se prorrogaba su encarcelamiento otros tres meses más, sin hacer públicas las pruebas que afirman tener contra él. “El Gobierno español le ha puesto a Pablo asistencia consular desde que se supo que estaba detenido. Debo de decir que la relación de la familia con el cónsul es muy buena, es muy cercano, él también es padre y creo que ha empatizado con nosotros y hace todo lo que puede. El problema es qué puede hacer. La labor consular es de asistencia burocrática, pero no puede incidir diplomáticamente. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de España no hemos tenido ningún contacto, nadie se ha puesto en contacto con nosotros”, ha lamentado.

Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de España no hemos tenido ningún contacto, nadie se ha puesto en contacto con nosotros

Según ha criticado Nacho Calle, jefe de investigación de Público, las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sobre este caso han tenido un viraje. “Al principio, tanto el ministro como el presidente jugaban a la duda sin explicar absolutamente nada, con ambigüedad. Ahora sus declaraciones van en el sentido de pedir a Polonia que respete los derechos de Pablo. Es decir, empiezan a frenar”, ha asegurado, para luego recalcar que “va a cumplir un año dentro de poco y, o Polonia pone encima de la mesa algo muy contundente para tener a un periodista en la cárcel o la protesta social tiene que ser enorme para denunciar lo que han hecho el Gobierno español y otros poderes públicos como Lehendakaritza. Hay muchos poderes públicos que no se están comprometiendo como deberían. Yo no digo que salgan a defenderlo, puede tener un juicio justo, pero hay formas para conseguir que un estado de la Unión Europea explique por qué tiene a un periodista en la cárcel”, ha insistido.

Por el momento, las pruebas que son públicas y por las que Polonia mantiene preso al periodista son, según ha explicado su pareja, que tenía dos pasaportes, español y ruso, que escribía para el periódico Gara, que tenía una tarjeta de Laboral Kutxa y que había viajado “varias veces” a Rusia, según ha confirmado Goiriena, a visitar a su padre, que allí reside. La acusación de espionaje puede llevar a la condena de hasta 10 años de cárcel según el Código Penal de Polonia. Edith Rodríguez, vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras, ha asegurado que “no existen precedentes de un periodista de un Estado miembro del espacio comunitario, preso en un Estado miembro del espacio comunitario”. La pareja del periodista, visiblemente emocionada ha recordado que sus hijos “llevan un año entero sin poder ver a su padre”.