España se ha dado de bruces con un tablero político fragmentado que empuja al pacto de dos o más para conformar Gobierno con mayoría parlamentaria. Nueve meses de bloqueo después y con la amenaza de unas terceras elecciones generales, no pocos habían posado la mirada en las autonómicas vascas con vistas a que las necesidades de Iñigo Urkullu (previsible ganador, pero en minoría) y una posible mano tendida del PP pudieran allanar el camino para que los diputados del PNV facilitasen la investidura de Mariano Rajoy, que tendría ya 175 síes de un total de 350 votos. Nada más lejos de la realidad. El sistema de elección de lehendakari, con el que es imposible que se produzcan repeticiones electorales por falta de consenso en la investidura, hace que sólo en una situación extrema el PP se convierta en decisivo y, por lo tanto, que pueda jugar la carta de Rajoy como moneda de cambio para Urkullu.
Alfonso Alonso, exministro y candidato del PP vasco, parece haber modulado su mensaje en este arranque de campaña electoral a la vista de esta realidad. Hace unos meses, sin embargo, la idea-fuerza que empezó a lanzar tras la primera reunión que mantuvo con el lehendakari del PNV al saltar a la política vasca fue que el PP se ofrecía como apoyo moderado para dar estabilidad a las instituciones vascas. Durante el verano, no pocos titulares se han forzado sobre el supuesto efecto de los acuerdos en Euskadi en el panorama nacional. Se había planteado poco menos que las vascas iban a desbloquear el bloque en la carrera de San Jerónimo.
El País Vasco partió en 1978 de una realidad que España ha conocido en 2016, el multipartidismo. Pese a la hegemonía del PNV, hasta media docena de fuerzas han llegado a tener peso decisivo en las sucesivas legislaturas y en el Parlamento el pacto es la regla y los Gobiernos en solitario la excepción. De diez legislaturas, en siete ha habido acuerdos de Gobierno y en dos, incluso, no ha liderado el Ejecutivo la fuerza más votada (el ‘jeltzale’ José Antonio Ardanza en 1986 y el socialista Patxi López en 2009). En 2012, el último ejemplo, a Urkullu le bastó con 27 de los 75 escaños, muchos menos de la mayoría, para solventar sin problemas la investidura.
La primera diferencia entre el modelo vasco y el modelo español es que a la investidura pueden concurrir más de un candidato, que confrontan sus modelos para granjearse el máximo de votos. No es un plebiscito hacia la figura de una persona, sino una pugna abierta a todos los partidos, aunque tengan un solo escaño. Eso sí, en una primera vuelta, como en el Congreso de los Diputados, es imprescindible sumar 38 de los 75 votos, es decir, mayoría absoluta.
Pero un hipotético bloqueo dura 24 horas, lo que el Reglamento de la Cámara establece como cautela entre la primera y la segunda votación. En este segundo pleno, no hay un ‘sí’ y un ‘no’. Sus señorías eligen entre los candidatos presentados sin posibilidad de vetos. Sólo si hay empate no hay investidura, pero se prevé una tercera votación a las 24 horas.
En 2012, por ilustrar este sistema, el al fin lehendakari Urkullu se llevó 27 votos, exclusivamente los del PNV, y se impuso a los 21 de su rival, Laura Mintegi (EH Bildu). Los otros 27 votos fueron en blanco o abstenciones en la medida en que no se decantaron por una u otra opción, lo que en el Congreso hubiera supuesto un bloqueo. En un caso extremo, un candidato con un solo voto, el suyo, podría ser elegido lehendakari si no tiene rival.
Con las encuestas en la mano, es más que previsible la victoria del PNV en las urnas el próximo 25 de septiembre. Parece, incluso, que podría ser más holgada que en la anterior legislatura por la irrupción de Podemos (en coalición con IU y Equo) y el desgaste de la izquierda abertzale. Además, los nacionalistas dan por hecho que se extenderá al ámbito autonómico el acuerdo institucional que mantienen con el PSE-EE de Idoia Mendia en las tres diputaciones forales y en las tres capitales. La suma de nacionalistas y socialistas (la más repetida en la Euskadi democrática) se quedará probablemente muy cerca de la mayoría absoluta y superaría a una de momento improbable pinza de EH Bildu y Elkarrekin Podemos, que tendrían que consensuar un único candidato y programa para confrontar con Urkullu.
En este contexto, el PP es prescindible si como parece queda relegado a quinta fuerza política con un apoyo ciudadano que puede no superar el 10%. Otra cosa es la gobernabilidad. En el día a día, el sistema parlamentario exige mayorías y la oposición sí puede bloquear la acción de Gobierno. Le ha ocurrido a Urkullu esta legislatura, sin ir más lejos. En el arranque, los 27 apoyos de la investidura no crecieron y tras un veto general a los primeros presupuestos del Gobierno del PNV hubo un momento en el que el lehendakari estuvo a punto de tirar la toalla y llamar a las urnas. Después llegó un acuerdo de estabilidad con el PSE-EE, que funcionó básicamente en lo económico pero que no impidió que los socialistas fraguaran una heterogénea mayoría alternativa con izquierda abertzale y UPyD para aprobar en contra del criterio nacionalista, por ejemplo, el gran proyecto social de la legislatura, la Ley de Vivienda. Es la primera vez en España que se recoge como “derecho” el acceso a un piso protegido para quienes no tienen recursos en desarrollo del principio rector recogido en la Constitución. Y se hizo sin el Gobierno.
En esa gestión del día a día Alonso sí podrá jugar sus bazas. Sin ir más lejos, de cara a la aprobación de los presupuestos de 2017, el primer punto en el orden del día de la nueva legislatura. En todo caso, el PNV se jacta (y tiene razón) en ser experto en lo que en política se conoce como “geometría variable”. “Hemos pactado hasta con nuestra escisión”, ha llegado a enfatizar el presidente nacionalista, Andoni Ortuzar, para demostrar la cintura de un PNV que ha posado en fotografías, además de con EA, con EH y ahora EH Bildu, con la extinta Euskadiko Ezkerra, con la marca vasca de IU, desde luego con los socialistas y hasta con el PP de José María Aznar.
En los últimos cuatro años, el PNV ha alcanzado en el Parlamento tantos o más acuerdos con EH Bildu como con su socio natural, el PSE-EE. De hecho, en el último tramo del mandato de Urkullu los nacionalistas se han apoyado en la izquierda abertzale para cuestiones fundamentales. Así ha sido con la Ley Municipal o con la ley de muerte digna sin contar con los socialistas mientras la bancada de Mendia golpeaba al Gobierno no sólo en Vivienda sino en EiTB y otras políticas.