Javier Maroto sangra por la herida que le dejó sin la alcaldía de Vitoria. El vicesecretario nacional del Partido Popular inició una segunda vida política en Madrid cuando Rajoy bajó la edad media de los portavoces habituales del PP, pero Maroto venía de una derrota que no ha olvidado. Y en Euskadi, su partido tampoco, porque insiste en una denuncia de las ayudas sociales que en su momento fue calificada por otros partidos y colectivos como xenófoba o incluso racista.
El PP recibió el miércoles en Vitoria a María Dolores de Cospedal en la campaña vasca en un acto en un hotel ante incondicionales en el que intervinieron, además de la secretaria general, el candidato Alfonso Alonso y Maroto. Este último dedicó toda su intervención a denunciar que la RGI (Renta de Garantía de Ingresos) está contaminada por un extenso fraude que beneficia a los inmigrantes y perjudica a los jubilados autóctonos. “Como creemos en la solidaridad, no creemos en las injusticias que todos los días seguimos leyendo en la prensa de casos de fraude que el PNV permite en el Gobierno”, dijo Maroto.
La RGI es una prestación social que reciben las personas sin recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Su cuantía varía entre los 672 y los 955 euros mensuales (esta última cifra para familias con tres o más hijos). El máximo es superior (1.031 euros) en el caso de los pensionistas. La ayuda es compatible con la prestación para el pago del alquiler de la vivienda. Pueden solicitarla trabajadores, parados, pensionistas, viudas o inmigrantes sin permiso de residencia.
Cuando era alcalde, Maroto solía ser más explícito. En julio de 2014 dijo que los magrebíes “viven principalmente de las ayudas sociales y no tienen ningún interés en trabajar o integrarse”. En 2013, se lanzó contra los locutorios regentados por extranjeros. En 2012, dijo que se compraban zapatillas de marca con los ingresos del subsidio. Lo suyo no fue una obsesión de última hora antes de la campaña electoral, sino una estrategia definida desde muy pronto.
Cuando los demás partidos le acusaron de fomentar el odio al inmigrante, Maroto respondió: “Yo digo lo que se dice y se piensa en la calle”. Durante su etapa al frente del Ayuntamiento, aparecieron en Vitoria pintadas racistas que nunca antes se habían visto en la ciudad.
Reducción de la pobreza
Joseba Zalakain, director del Servicio de Estudios de la Fundación Eguía Careaga y experto en lucha contra la pobreza, cree que estas ayudas, que se remontan a hace 30 años, tienen una trayectoria “innegablemente positiva”. En primer lugar, argumenta que “han reducido muchísimo la pobreza” y la intensidad de la pobreza existente, y además “reducen la desigualdad, generan cohesión social y también favorecen a la economía”. Tienen un impacto en el consumo, porque “es un dinero que dinamiza a pie de calle la economía del pequeño comercio”. Es dinero que se gasta, ya que sus perceptores lo necesitan para subsistir.
La crítica que hace el PP sobre los destinatarios extranjeros no le sorprende, en la medida de que forma parte de un discurso que se da también en otros países europeos para deslegitimar estas ayudas: “La reciben más los colectivos más pobres. Favorece a quienes tienen esa necesidad. Los extranjeros tienen una renta insuficiente (para subsistir) en mayor proporción que la población autóctona”.
Zalakain destaca que entre los perceptores están muchas viudas, y también jubilados con pensiones insuficientes o personas sin estudios, y nadie afirma que los que no están en esa situación se encuentran discriminados.
La prioridad de Maroto
Maroto convirtió su crítica a la RGI en uno de los baluartes de su mandato. El PP lo acompañó con la presentación de una proposición no de ley en el Parlamento vasco, promovida con la recogida de 37.000 firmas en todo el País Vasco. Su objetivo básico era hacer más difícil que pudieran solicitarla los extranjeros: no tendrían ese derecho las personas sin permiso de residencia y las que no llevaran cinco años empadronadas en Euskadi.
Fue derrotada con los votos de todos los demás grupos –65 votos contra 10– y toda una serie de argumentos descalificadores en una inusual demostración de unanimidad entre el PNV, PSOE, Bildu y UPyD. Se acusó al PP de condenar a “a miles de personas a pasar hambre y frío, sólo por ser extranjeros”. “Una cosa es perseguir el fraude, y otra, incendiar la convivencia, recurrir al racismo como instrumento político y estigmatizar al diferente”, dijo Gorka Maneiro, de UPyD.
Maroto ganó 3.400 votos más gracias a su ataque a los inmigrantes en las últimas elecciones locales, pero perdió la alcaldía a causa de un irrepetible pacto de todos contra él que sólo fue posible por sus ataques a la RGI y que aun así estuvo a punto de fracasar en el último minuto. Lo mismo que le ocurrió a Xavier García Albiol en Badalona y por las mismas razones.
El PP no cree que se equivocara y ahora en las elecciones vascas presenta en su programa la misma propuesta que fue rechazada en la anterior legislatura. Alfonso Alonso acompaña a su compañero en la denuncia para sostener que ellos son las víctimas: “Hemos sido objeto de descalificaciones muy duras. Nos han llamado de todo”, contó el miércoles.
Maroto elevó la voz para decir “ayudas sociales, sí; abusos, no”. Dijo que algunos se llevan 1.200 euros al mes (no es cierto, según los datos oficiales) y que la ayuda es “casi de por vida” (aquellos en quienes está pensando Maroto tienen que renovarlas y comunicar cualquier cambio en su situación económica).
El PP alega que la RGI “impide que la gente tenga acceso al mercado de trabajo”, en palabras de Alonso, pero la norma dice que sus beneficiarios “no pueden rechazar un empleo si se considera adecuado”. La ayuda no es incompatible con un empleo, por ejemplo a tiempo parcial, si el salario recibido no alcanza la remuneración que se recibe por la RGI.
Cambios necesarios
La RGI ha recibido críticas no relacionadas con el origen nacional de sus perceptores. Los sindicatos no creen que el Servicio Vasco de Empleo tenga el personal suficiente o con la formación adecuada para gestionarla. Zalakain recuerda que la cuantía puede ser escasa para las familias con más de tres hijos y acepta que no llega a algunas personas necesitadas por no cumplir todos los requisitos, por ejemplo al tener un activo en propiedad que, por otro lado, no les saca de la pobreza.
Estas ayudas, muy anteriores al debate sobre la renta básica que se ha extendido en España en el último año, han sido un factor relevante en la reducción de la pobreza en Euskadi. Los fondos tendrán que crecer si aumenta el número de jubilados con pensiones bajas. En ese gasto influyen muchos factores socioeconómicos diferentes.
Maroto sólo se fija en el lugar de nacimiento de sus beneficiarios.