La Mesa del Parlamento Vasco de la anterior legislatura se ha reunido por última vez y con carácter extraordinario este lunes a las 9.30 horas, 30 minutos antes de que se iniciara la primera sesión de la nueva legislatura y se haya elegido un nuevo órgano de Gobierno de la Cámara. Lo ha hecho a instancias del antiguo grupo del PP (ahora ha concurrido en coalición con Ciudadanos en PP+Cs), que ha registrado en las últimas horas un escrito para que se articule un mecanismo para que los 75 nuevos aforados acompañen su toma de posesión con un acatamiento de la Constitución de 1978, algo que no se ha producido en anteriores legislaturas y ni siquiera cuando la presidenta era la 'popular' Arantza Quiroga (2009-2012).
Hace cuatro años, el entonces portavoz del PP, Borja Sémper, planteó de viva voz durante el pleno de constitución la obligatoriedad de jurar o prometer la carta magna y Alfonso Alonso completó la exigencia con una contundente rueda de prensa. Quien dirigía la sesión como presidente de la denominada Mesa de Edad –hasta que no se elige una nueva Mesa dirigen temporalmente la Cámara los más veteranos y los más jóvenes-, el ex de Podemos Juan Luis Uria, acordó un receso. Tras una reunión con los letrados, se optó por no realizar este trámite protocolario que es usual -y polémico- en otras instituciones pero que no está contemplado en el reglamento parlamentario vasco, en el que se da por suficiente para acceder a la condición de aforado con responder a un llamamiento individual. El PP insistió con un recurso y, en su primera reunión, la misma Mesa que tendrá que evaluar la petición ya rechazó modificar el sistema de toma de posesión.
Sémper, en 2016, reclamando el acatamiento de la Constitución EUSKO LEGEBILTZARRA
En su escrito, el portavoz del antiguo grupo del PP, Carmelo Barrio, demandaba que la Cámara disponga “todo lo necesario” para que “en la sesión constitutiva y en el momento en que los parlamentarios electos sean llamados para la adquisición de la plena condición de tales, puedan cumplir con su deber u obligación legal de acatamiento a la Constitución española”. El PP alega que es un acto que no puede darse como “cumplido de manera tácita o implícita por el mero acceso al cargo mediante el sistema de llamamiento” y añade que “resulta irrelevante” que el reglamento del Parlamento –que tiene rango de ley- no prevea este trámite ya que esa exigencia se recoge en la normativa electoral general –con rango de ley orgánica-. En concreto, menciona el artículo 108.8: “En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución”.
Aunque la iniciativa no tenía visos de prosperar -el reglamento no se puede modificar 'ad hoc' ni por la Mesa ni entre legislaturas, según las fuentes consultadas-, el PP se agarraba a “recentísimas” sentencias sobre las polémicas que se han sucedido en los últimos años en ayuntamientos o en las Cortes Generales. Y remarcaba que la jurisprudencia ya previene que “el acatamiento no supone otra cosa que aceptar las reglas constitucionales y legales propias de un Estado democrático de Derecho” y no una “identificación” con la Constitución.
Efectivamente, la Mesa ha convenido -con la ausencia de la ex de Elkarrekin Podemos, Cristina Macazaga, ya fuera de la política- que la propuesta de Barrio era extemporánea por plantear en una legislatura una cuestión de la siguiente. En todo caso, ha remarcado cuál es el sistema de toma de posesión fijado en el reglamento y los “precedentes” para desestimar el requerimiento del PP.