El PP renuncia a las dos banderas de Maroto contra la RGI y acepta tres años de padrón y no pedir la residencia

Las enmiendas del grupo conjunto de PP y Ciudadanos en el Parlamento Vasco a la reforma de la renta de garantía de ingresos o RGI, elaboradas por el ala 'popular' de la coalición, renuncian expresamente a dos de los puntos críticos de la controvertida propuesta para endurecer las ayudas sociales que abanderó el exalcalde de Vitoria, Javier Maroto, quien no dudó en vincular el fraude y los perceptores magrebíes. Según ha expresado la portavoz Laura Garrido, que siempre fue la responsable del partido en esta materia a pesar de la irrupción de Maroto con recogida de firmas incluida, PP+Cs acata que se puedan solicitar prestaciones con tres años de empadronamiento -Maroto batalló por llegar a cinco- y que puedan acceder al sistema extranjeros sin permiso de residencia -el exregidor denunció la situación supuestamente privilegiada de los “sin papeles”-.

PP+Cs, en rueda de prensa este lunes en el Cámara, ha presentado una batería de propuestas para modificar la ley enviada por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu, aunque ese texto ya está superado por un pacto con Elkarrekin Podemos-IU para sacarla adelante, según han lamentado en esta formación. El equipo de la vicelehendakari Idoia Mendia no ha contactado con la coalición de 'populares' y naranjas para intercambiar pareceres, ha criticado Garrido. A pesar de que se oponen con vehemencia a la “podemización” del sistema -y temen incluso una “bildunización”, esto es, que el Gobierno asuma también medidas de EH Bildu- no han registrado enmienda de totalidad, esto es, no piden formalmente la devolución del texto. Sí lo ha hecho Vox y Garrido ha parecido dar a entender que ellos quieren dejar claro que se oponen a esta reforma pero no a que Euskadi cuente con un sistema “solidario” de prestaciones sociales. Donde gobiernan ellos -ha remarcado la portavoz de PP+Cs- también hay sistemas similares.

El PP participó en 2008 en un amplísimo consenso fraguado en el Parlamento Vasco para crear con un derecho el derecho a percibir un salario social para quienes no tienen recursos o para quienes cobran pensiones o nóminas bajas. El Gobierno de entonces era un tripartito de PNV, EA (ahora en EH Bildu), y EB (marca de IU). En 2011, en cambio, hallaron en la consejera socialista Gemma Zabaleta una aliada para endurecer aquel modelo. El principal cambio fue subir de uno a tres años el requisito mínimo de empadronamiento, aunque luego también se bajaron las cuantías un 7%. En todo caso, unos años después Maroto llevó al extremo el debate y polarizó a la sociedad con sus discursos sobre el fraude, los magrebíes y el coladero que aparentemente suponía Lanbide. Fue a la vez una gran baza electoral en 2015 pero también su tumba, ya que todas las demás fuerzas políticas pactaron para desalojarle del Ayuntamiento a pesar de su clara victoria en las urnas. Acabó recolocado como senador por Castilla y León tras un empadronamiento exprés en la localidad segoviana de Sotosalbos.

Sobre estos dos puntos, Garrido ha indicado que actúan en “coherencia” con la reforma legislativa pactada en 2011 con el PSE-EE. La propuesta sobre la mesa mantiene los tres años de padrón para el acceso general decididos entonces aunque fija algunas excepciones. PP+Cs acepta también que las pueda haber, si bien demanda algunos ajustes para primar por ejemplo a las víctimas del terrorismo y no a vascos de colectividades en el extranjero. La coalición aborda el asunto, en todo caso, desde la exigencia del padrón y no desde parámetros de residencia o nacionalidad, aunque pide medidas para que se pueda comprobar la “residencia efectiva” en un domicilio en la línea de lo que se hace para vigilar posibles viviendas vacías.

Por lo demás, las 81 enmiendas de 'populares' y Ciudadanos rechazan la rebaja de la edad mínima para cobrar la RGI a 18 años. Ahora el listón está en los 23. Garrido ha opinado que esto “desincentiva el acceso al mercado de trabajo” y envía un “mensaje absolutamente erróneo” a la juventud. Hay que evitar una “sociedad subsidiada”, ha señalado la también secretaria general del PP. Igualmente, desean “eliminar el carácter indefinido de la RGI” por los mismos motivos. Piden también medidas para 'activar' al Servicio Vasco de Empleo (Lanbide), órgano que tramita las prestaciones y que ven ineficaz tanto con la RGI como con la intermediación con los parados en general. PP+Cs, asimismo, entiende que es imprescindible redoblar las medidas de control contra las irregularidades.