La coalición EH Bildu ve insuficiente la subida de la renta de garantía de ingresos (RGI) pactada entre el Gobierno de PNV y PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU a tenor de sus enmiendas registradas este jueves en el Parlamento Vasco a la reforma legislativa. Por ello, plantea incrementar las cuantías hasta los 933 euros en el caso de la prestación básica, correspondiente al supuesto de una persona sola no pensionista, lejos de los 727 actuales, de los 737 propuestos inicialmente y de los 803 acordados ahora. Serían 922 en algunos tramos de edad ya que Europa recomienda ajustar las rentas también con un criterio etario. En concreto, el ajuste viene de aplicar como índice de referencia para la revalorización de la prestación que cubra el 60% de la renta mediana vasca y no de la española, que es más baja.
El modelo de EH Bildu eleva a 1.794,96 la mensualidad máxima -a doce pagas- aplicable a una familia de tres personas adultas, una de ellas pensionista, si bien es un escenario altamente excepcional. Actualmente se queda en 1.127 euros y la reforma que parece que prosperará alude a 1.440,2 euros, según fuentes de la coalición. El modelo original de la RGI, con coberturas vinculadas al SMI y diseñado en 2008, ofrecería horquillas entre 1.026 y 1.576 de no haberse aplicado recortes en los últimos años.
EH Bildu, que no ha formado parte del pacto con el Ejecutivo en esta ocasión, ha registrado un documento de 76 folios con 116 propuestas. Como principios generales, demanda que una prestación “universal” a partir de los 18 años sin requisitos específicos para los jóvenes como parece que se impondrán -hasta los 23 años un año de demanda de empleo en Lanbide y hasta los 29 años un año de vida emancipada- y que se rebaje por norma general de tres a uno los años de empadronamiento en la comunidad autónoma requeridos. Es el mismo umbral previsto en la ley de 2008 y que fue endurecido en 2011 con una reforma pactada entre PSE-EE y PP.
Además, EH Bildu quiere que se “individualice” la prestación cuando es complemento de pensiones, lo que implica que puedan cobrarse dos en un mismo núcleo familiar o que no quede fuera una pareja por la posición de su cónyuge. Un ejemplo, hay mujeres con pensiones no contributivas muy bajas que no tienen derecho a la RGI porque su marido recibe una prestación que supera los límites de renta establecidos. Asimismo, se plantea que los mayores cobren de oficio la ayuda cuando les corresponda con un cruce de datos con Hacienda. Hasta ahora, también Lanbide tramitaba estos expedientes cuando para este colectivo no se le aplican los requisitos de formación o empleabilidad previstos para los activos desempleados.
El registro del Parlamento ha recibido también las enmiendas pactadas entre PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos-IU para incorporar a la ley las medidas acordadas pero igualmente 14 modificaciones adicionales no conocidas de nacionalistas y socialistas. Son en su mayoría enmiendas técnicas para perfeccionar la técnica legislativa pero hay un par de ellas que confirman que la norma no entrará en vigor hasta 2023, por lo que se eliminan las referencias a 2022 y las cuantías para este ejercicio, ya innecesarias. El grupo PP+Cs también ha planteado 81 correcciones en 70 páginas.
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