La presidenta de la Competencia vasca duda de si es “la decisión más correcta” seguir investigando el cártel de las consultoras

La presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), Alba Urresola, ha dudado este lunes de que sea “la decisión más correcta” ampliar la investigación del cártel de las consultoras a los años 2018-2021. Esta trama de manipulación de contratos públicos estaba conformada por una veintena de compañías y ha actuado principalmente en Euskadi. El caso fue destapado la pasada semana por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y en él se enumeraban alrededor de 200 adjudicaciones irregulares entre los años 2009 y 2018 de las que casi la mitad eran de Administraciones vascas, tanto autonómicas como locales principalmente dirigidas por PNV y PSE-EE. El expediente se limita a recoger la responsabilidad de las empresas, si bien también menciona que no se ha analizado el papel de las instituciones por ser hechos prescritos en muchos casos aunque haya ejemplos de connivencia en este fraude, como un contrato del Puerto de Bilbao.

Urresola ha comparecido este lunes en el Parlamento Vasco para la presentación de su memoria anual y del plan de trabajo del organismo regulador que dirige desde mediados de 2017. No se trataba de la comparecencia extraordinaria que algunas formaciones como EH Bildu ya han demandado para conocer más detalles de un caso cuya investigación se inició en Euskadi en la anterior etapa de la AVC. Entonces la presidenta era Pilar Canedo y ahora ella es una de las vocales de la CNMC que ha firmado esta resolución. En ese mandato anterior también se destapó otro cártel, el de las empresas de 'catering' que se repartieron durante años los contratos del servicio de comedor de la escuela pública. Ese caso precisamente tuvo una segunda parte para analizar si las irregularidades constatadas en años anteriores se mantenían en el presente y la primera decisión de Urresola fue archivar esa causa al mes y medio de relevar a Canedo.

Aunque la presidenta de la comisión parlamentaria, Alaitz Zabala (PNV), ha recordado a sus señorías que el asunto de las consultoras excedía al orden del día, finalmente se han formulado algunas preguntas desde la oposición en torno a un tema de actualidad. Los socialistas, en cambio, no lo han mencionado y los nacionalistas se han valido de que lo haya gestionado un organismo estatal para reclamar que tenía que haber sido la autoridad autonómica de Competencia la competente de emitir el dictamen. Una de esas cuestiones, realizada desde la bancada de Elkarrekin Podemos-IU, ha sido en torno a si había algún plan o intención para analizar si la trama había seguido operativa en los últimos años, ya que las pesquisas se acotaron hasta 2018. Urresola ha admitido que técnicamente sería posible incoar una nueva investigación, pero no ha parecido verlo oportuno. “Podríamos ampliar el expediente pero, bueno, me parece que por economía de medios no sé si es la decisión más correcta o [habría que] esperar a ver qué pasa con la resolución y con las posibles impugnaciones en los tribunales”, ha asegurado. “Es muy pertinente continuar. El delito ha sido continuado. Me parece grave que no se siga investigando”, ha lamentado Gustavo Angulo, aunque ha mencionado la palabra “delito” cuando la resolución de competencia no entra en ningún caso en responsabilidades penales.

Desde EH Bildu, Josu Estarrona ha pedido también la opinión de Urresola sobre el papel de la Administración pública en esta trama y Luis Gordillo, de PP+Cs, ha mencionado igualmente el tema de las consultoras. La presidenta de la AVC, sin entrar en consideraciones propias, se ha limitado a destacar el trabajo de la CNMC y a resaltar la obviedad de que si las irregularidades han sido “continuadas” en el tiempo es porque era “un comportamiento que estaba arraigado en cierto modo”. En todo caso, Urresola ha insistido en que la CNMC tiene muchos más medios que su equivalente autonómica, que solamente dispone de 14 personas. “Si no hay denuncias, es muy difícil” iniciar asuntos de envergadura de oficio, ha insistido. En 2020, el organismo regulador incoó 32 expedientes sobre conductas anticompetitivas y solamente uno de ellos terminó en una sanción.