Finalmente, este martes se inicia en la Audiencia Provincial de Bizkaia el primero de los tres juicios por los casos de corrupción en la vida municipal de Alonsotegi. Estaba pendiente de celebrarse al menos desde 2021 y los hechos se produjeron entre 2011 y 2015. La sala estará compuesta por los magistrados Ángel Gil como presidente y por Cristina de Vicente y Susana Junquera, recién llegada después de años en Vitoria y que no estaba en la terna inicial hace más de dos años. El que se inicia ahora se juzgarán las salidas de unos 680.000 euros por unas obras que no se llegaron a realizar en aquella legislatura local. Sin embargo, dos de los acusados han fallecido durante la fase de investigación, incluido el que era alcalde en el momento de los hechos, José Luis Erezuma, del PNV y que padeció una grave enfermedad. Un deceso extingue la responsabilidad penal pero habrá que dilucidar si también la económica o civil, lo que afectaría a sus herederos.
Se trata de un juicio extraño, pospuesto en numerosas y sobre el que formalmente no hay sentencia pero que arranca con casi todas las cartas sobre la mesa. En primer lugar porque en la fase de instrucción los empresarios de Laneder Construcciones Eduardo Ibarra y Francisco Javier Bediaga ya confesaron haber cobrado por servicios no prestados al Ayuntamiento de Alonsotegi. Asimismo, hace ahora dos años, en el inicio de 2022, ambos, Erezuma y una pieza clave de esta trama y de las demás causas en el municipio, el arquitecto Alberto Zulueta, volvieron a admitir los hechos -en concreto prevaricación, falsedad documental y dos delitos de fraude de subvenciones- con el ánimo de evitar la cárcel, cuatro delitos en total. Fue entonces cuando se cifró el agujero causado por las irregularidades en esos 680.000 euros y se acordó que los acusados devolverían una cantidad próxima a los 900.000 euros, por los intereses de demora, a cambio de una pena simbólica de dos años, el máximo para no entrar efectivamente en prisión. Pero pasaron los meses, se incumplieron esos calendarios de pago y ahora las acusaciones, entre ellas la Fiscalía, el Ayuntamiento, EH Bildu como formación política y la Diputación de Bizkaia, vuelven a reclaman no solamente el dinero sino también penas de privación de libertad.
En concreto el fiscal José Manuel Ortiz, que es el delegado en Euskadi para delitos económicos en ausencia de una Fiscalía anticorrupción propia, planteó una pena de hasta seis años y EH Bildu, más exigente, lo elevó hasta ocho, aunque las calificaciones definitivas no llegarán hasta el final de las vistas. Esta formación política elevó varias denuncias sobre Alonsotegi estando en la oposición. Ya en 2019 ganó las elecciones pero el PNV mantuvo el poder con el apoyo de un edil del PSE-EE. Ahora, en 2023, la coalición ha desalojado a los 'jeltzales' del Ayuntamiento. El partido de Andoni Ortuzar sufrió desgaste en varias localidades asociadas a denuncias de irregularidades económicas, como Hondarribia en Gipuzkoa y Zambrana en Álava. Este cambio en Alonsotegi ha hecho que el Ayuntamiento haya cambiado su letrado. Ha sido relevado en diciembre Adolfo Saiz y ha asumido esa labor Iñigo Santxo, que era también el abogado de la parte de EH Bildu, según fuentes judiciales.
Erezuma no fue el único alcalde investigado. Sus dos predecesores, igualmente del PNV, tienen también causas pendientes. Son Gabino Martínez de Arenaza (1999-2007) y Aitor Santesteban (2007-2011). Se da la circunstancia de que Alonsotegi se constituyó como municipio independiente en 1991. Se escindió de Barakaldo. Los acusados son tres de los cinco alcaldes que ha tenido en toda su historia, seis si se incluye en la lista a Unai Arregi, de EH Bildu y en el cargo desde hace medio año. El denominador común en las tres etapas era la sociedad municipal Alonsotegi Eraikiz, ahora ya liquidada pero responsables de los proyectos urbanísticos. Y también la figura de Zulueta, un arquitecto externo que facturaba al municipio sin soporte contractual y que, siendo consejero de Alonsotegi Eraikiz, era juez y parte porque sus empresas recibían contrataciones regularmente. La principal era Arkideiak.
El caso que ahora llega a juicio es precisamente el más reciente en el tiempo. Tiene su origen en 2010. Entonces se estimó que Alonsotegi Eraikiz tenía que abonar 1.066.944,01 euros a Laneder Construcciones por las certificaciones de las obras de construcción de un nuevo centro de salud. En octubre de 2011, se abonaron menos de la mitad, 450.000 euros. Lo que llegaron a confesar los implicados y el difunto Erezuma era que el alcalde, Zulueta, otros asesores municipales y los empresarios idearon un plan para lograr el dinero que faltaba. ¿Cómo? “Aprovechando las lluvias intensas que tuvieron lugar en la localidad de Alonsotegi entre los días 4 y 6 de noviembre de 2011, decidieron solicitar a la Diputación Foral de Bizkaia una subvención por importe de 600.000 euros para obras a realizar para la reparación de supuestos daños causados por las citadas lluvias”. A ello se sumaron 81.392,38 salidos del propio Ayuntamiento. Hay una imputada más, Marta Novo, aunque a ella se le imputan menos delitos.
En octubre de 2022, la magistrada instructora de Barakaldo Leyre Pérez también ordenó la celebración de un juicio contra el exalcalde entre 2007 y 2011, Santisteban. Asimismo, están procesados en esa pieza el arquitecto Zulueta y los empresarios Bediaga e Ibarra de Laneder, así como los constructores Roberto Fernández Vivanco y Saúl Fonseca (de la firma Pabisa). El 'modus operandi' fue muy similar, según las conclusiones de la investigación. “Puestos de común acuerdo y con el ánimo de obtener un ilícito beneficio crearon la apariencia de ejecución de varias obras con cargo a fondos estatales, provinciales y locales en perjuicio de los respectivos patrimonios públicos”, se indicó hace dos años.
Después, el fiscal Ortiz concretó una petición de siete años de cárcel para el exregidor. En concreto, le acusa de delitos “continuados” de malversación y falsedad documental, así como por prevaricación y fraude en las subvenciones. Se detalla que el quebranto económico fue de 1.783.009,17 euros para la Diputación de Bizkaia, en 230.068,82 y 231.000 euros para el Estado y en 24.303,10 y 28.946,13 para el propio Ayuntamiento de Alonsotegi. El ministerio público argumenta que Santesteban posibilitó las irregularidades con decisiones políticas. Se pueden leer aquí más datos.
La tercera de las causas es más general y lleva desde 2020 pendiente de juicio, en este caso con jurado popular. Se sentarán en el banquillo Santesteban de nuevo y Martínez de Arenaza también, así como otros consejeros de Alonsotegi Eraikiz, incluido Zulueta. Analiza de modo global lo ocurrido en Alonsotegi Eraikiz. Están acusados de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) realizó una auditoría, al igual que la consulta Afianza. Se estima en más de 15 millones de euros el agujero en esa sociedad pública, que apenas estaba valorada en 0,5 al término de su trayectoria.
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