El Parlamento Vasco ha confirmado tácitamente este jueves la continuidad de José Luis Bilbao como presidente del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) al menos hasta el mes de octubre. El motivo es que la Cámara trabaja desde hace años y también en esta legislatura en una reforma de la normativa reguladora de los nombramientos de los miembros del órgano auditor que todavía tardará en ver la luz a pesar del final del mandato actual. Precisamente este viernes se constituirá una ponencia para elaborar el dictamen que luego será votado por el pleno.
La oposición había demandado cambios legales para evitar lo que ocurrió en 2015, que Bilbao, dirigente del PNV, saltara directamente de su cargo como diputado general de Bizkaia a presidente de un órgano de control. Actualmente, se trabaja en dos textos, uno de EH Bildu y otro de PP+Cs, que persiguen poner coto a lo que consideran una 'puerta giratoria'. La coalición abertzale plantea que sea imposible ese salto hasta que pasen dos años mientras que 'populares' y naranjas lo elevan a seis años. Sea como fuere, no saldrá adelante ni lo uno ni lo otro a tenor de las enmiendas presentadas por los partidos de Gobierno, PNV y PSE-EE, que suprimen esa cautela.
Sí aceptan algunos ajustes en el régimen de incompatibilidades y que los vocales salgan con el apoyo de tres quintos del Parlamento y no con mayoría absoluta, lo que obligaría al Ejecutivo a consensuar los nombramientos con alguno de los otros partidos. “Haremos todo lo posible para arañar algo más”, apuntan fuentes de PP+Cs en puertas de que arranque la redacción definitiva en la ponencia.
Mientras, la Cámara ha rechazado este jueves una proposición de ley de EH Bildu para crear una oficina anticorrupción ya que PNV y PSE-EE han votado en contra. Uno de los argumentos principales de estos partidos es que precisamente ya existen otros órganos de control, entre los que se ha incluido el Tribunal de Cuentas. “Están inhabilitados actualmente, por su absoluta falta de independencia”, ha criticado Josu Estarrona, parlamentario abertzale, que ha añadido que, “como organismos de lucha contra la corrupción o prácticas irregulares, su aportación es muy limitada”. “¿Cuántos casos de prácticas irregulares o de corrupción en todos estos años de existencia del Ararteko han comenzado tras una queja en el Ararteko? ¿Cuántos?”, se ha preguntado a modo de ejemplo.
Se da la circunstancia de que el Gobierno había mostrado un criterio favorable a tramitar esta iniciativa cuando se planteó por vez primera en la pasada legislatura, aunque ahora se ha tornado en desfavorable. “¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿La mayoría absoluta?”, ha lanzado Estarrona, que ha ironizado que entre un debate y otro ha salido, entre otros casos, la sentencia de la mayor trama de corrupción conocida en Euskadi, el conocido como 'caso De Miguel', con elevadas penas de prisión para exdirigentes del PNV de Álava y excargos públicos como Alfredo de Miguel, Aitor Tellería, Koldo Ochandiano o Xabier Sánchez Robles.
El socialista Ekain Rico ha denunciado la “estrategia” de EH Bildu por sacar ahora una propuesta que ya llevaba meses redactada. “No podemos compartir la sombra de sospecha que se quiere lanzar continuamente sobre todo este tipo de órganos. Es innegable que en ocasiones existen negligencias, errores e incluso ilícitos. Pero de ahí a plantear que la generalidad de la actuación de las administraciones es ésa o que la actuación general de esos órganos de control previo y de control posterior es la de mirar para otro lado es decir que están cometiendo delitos los cientos y miles de funcionarios, técnicos y gestores públicos que ahí están”, ha replicado.
Desde la bancada del PNV, Jon Andoni Atutxa ha añadido justo después: “En nuestra opinión, defiende la propuesta un modelo más represivo que preventivo y nosotros entendemos que la dimensión preventiva ha de ser la predominante, ya que es el aspecto más importante a desarrollar. Y es precisamente este aspecto el que el Gobierno vasco lleva años implementando. Es por ustedes bien conocido que el modelo por el que apostamos pone el acento en la construcción de sistemas de integridad institucional. Y no sólo pensando en los cargos públicos, sino también para el empleo público y para aquellos agentes que operan con la Administración”.
elDiario.es/Euskadi
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