Del reconocimiento de “Euskal Herria” a la incorporación de Navarra: 45 años del Estatuto vasco

Un ejercicio de política-ficción: ¿qué sucedería en España si Pedro Sánchez pactara con EH Bildu o con el PNV incorporar el término “Euskal Herria” al Estatuto, dejar claro que Navarra tiene derecho a formar parte de la comunidad autónoma vasca y que el lehendakari pudiera determinar cuándo intervienen la Policía Nacional o la Guardia Civil en Euskadi? La realidad es que todo eso figura en el actual Estatuto, el de 1979. Este viernes se han cumplido 45 años de su ratificación en referéndum sin que, como ya es costumbre, haya habido una conmemoración oficial más allá de los actos políticos de PSE-EE y PP. La jornada fue festiva durante un breve período, con Patxi López como lehendakari. Se espera que el 6 de noviembre Sánchez y el lehendakari, Imanol Pradales, constituyan una nueva comisión bilateral para dar impulso a las transferencias pendientes, 29 según la parte vasca. El objetivo es que se completen para 2025, incluida la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, algo nunca antes cedido a una comunidad autónoma.

El Estatuto vasco, que es fruto de importantes equilibrios en una España que acababa de aprobar la Constitución, que tenía muy reciente la dictadura y en la que el terrorismo y la violencia política marcaban el día a día, es un texto sin preámbulo. Y arranca con un artículo primero en el que se recoge, textualmente, que “el Pueblo Vasco o Euskal Herria, como expresión de su nacionalidad, y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma dentro del Estado Español bajo la denominación de Euskadi o País Vasco, de acuerdo con la Constitución y con el presente Estatuto, que es su norma institucional básica”.

“Esto, hoy en día, sería imposible de aprobar políticamente. Y jurídicamente seguramente tendría informes contrarios”, explica Juanjo Álvarez, catedrático que ha asesorado al anterior lehendakari, Iñigo Urkullu, en asuntos sobre autogobierno. Aunque paradójicamente ahora el PNV reclama como uno de los mínimos de cara a una reforma estatutaria el reconocimiento de Euskadi como nación, Álvarez recuerda que, muy al inicio, el Ministerio de Justicia llegó a expedir algunas resoluciones en las que hablaba de “nacionales” vascos como desarrollo del término “nacionalidad” previsto tanto en la Constitución como en el Estatuto. “No puede haber nacionalidad sin nación o sin nacionales. Nacionalidad no viene de región”, razona Álvarez.

En el artículo 2, también de modo textual, se explica que Álava, Bizkaia y Gipuzkoa “así como Navarra” tienen “derecho” a formar parte de la comunidad autónoma vasca. Se precisa que el caso navarro se activará “en el supuesto de que esta última decida su incorporación de acuerdo con el procedimiento establecido en la disposición transitoria cuarta de la Constitución”. Es más, en el articulado hay referencias a los “otros territorios vascos” más allá de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa cuando se alude, por ejemplo, al euskera.

“Era absolutamente normal hablar en esos términos. El término Euskal Herria se introdujo pensando en un concepto amplio de país. Fue una pelea con el Estado y con [Adolfo] Suárez del lehendakari, Carlos Garaikoetxea. En otros temas hemos avanzado, por supuesto, pero aquí hemos dado pasos atrás”, señala Joseba Azkarraga, diputado del PNV en las primeras legislaturas de la democracia y luego consejero del Gobierno vasco por EA, su escisión. “Son momentos históricos muy diferentes y no creo que se pueda comparar ni imaginar qué es lo que harían los actores políticos de hoy en día si tuvieran que estar en la situación de hace 45 años. En política, muchas veces el contexto lo es todo”, agrega Arantxa Elizondo, profesora de la UPV/EHU y única mujer del grupo de expertos que trabajó en una reforma estatutaria (luego fallida) en la legislatura de 2016 a 2020.

El Estatuto prevé también un mecanismo para la incorporación a Euskadi de los enclaves que, como Treviño, forman parte administrativa de otras comunidades autónomas. En un contexto de polémica por sentencias y medidas para regular el conocimiento de euskera en el acceso a los puestos públicos, el texto preveía en 1979 valorar como “mérito preferente” el dominio de la lengua vasca para ejercer como magistrado. En el simbólico terreno de la seguridad, no se regula como tal la Ertzaintza. Ni siquiera se menciona el cuerpo de nombre similar que operó en la Guerra Civil. Se alude a las Policías forales de los territorios -de las que solamente los Miñones de Álava operaron en la dictadura- como base para un futuro cuerpo autonómico. Y se detallan también las funciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil hasta el punto de prever que podrían recibir instrucciones del lehendakari. “Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado podrán intervenir en el mantenimiento del orden público en la Comunidad Autónoma [...] a requerimiento del Gobierno del País Vasco, cesando la intervención a instancias del mismo”, reza el artículo 17.

Y, sí, se prevé una cesión de la Seguridad Social. “Corresponderá al País Vasco: a) El desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma. b) La gestión del régimen económico de la Seguridad Social”, se puede leer. Una disposición puntualiza que la transferencia se hará “dentro” del “carácter unitario” del sistema, es decir, respetando la denominada 'caja única', y con “respeto al principio de solidaridad” con el resto de España.

El Estatuto vasco es, junto con el gallego, el único no reformado en España. Han sido dos los intentos activados. El primero es conocido como el 'plan Ibarretxe', una propuesta con componentes soberanistas que logró mayoría absoluta en el Parlamento Vasco pero que fue rechazado por una mayoría aún mayor en las Cortes Generales. La consulta prevista para otro 25 de octubre, el de 2008, fue suspendida por el Tribunal Constitucional. Esa dinámica acercó a PSE-EE y PP que, en una Cámara con la izquierda abertzale tradicional ilegalizada y con ETA activa, acabaron pactando para desalojar a Juan José Ibarretxe en 2009.

El segundo se produjo en el mandato de Iñigo Urkullu. El lehendakari se presentó en 2012 ante la ciudadanía con una promesa de “nuevo estatus” y varias fechas para poner en marcha una consulta. No se cumplieron, pero durante dos legislaturas trabajó una ponencia de autogobierno que terminó por no alumbrar ninguna propuesta. Inicialmente, PNV y EH Bildu pactaron unas bases para superar el marco de 1979 pero después Urkullu, que participó en primera persona para evitar una declaración unilateral de independencia en Catalunya, cambió el paso y recondujo la situación explorando otro articulado con PSE-EE y Podemos, pero tampoco cristalizó.

Ahora existe también un compromiso de Imanol Pradales por explorar un “nuevo pacto”. “Este nuevo salto cualitativo es necesario también por las dificultades inherentes al proceso anterior: el cumplimiento íntegro de las competencias pendientes avanza con serias dificultades y, además, a lo largo de este tiempo, se ha producido una erosión de las competencias pactadas”, ha plasmado por escrito en una tribuna. Su planteamiento es muy similar al que formulaba Urkullu: cumplimiento íntegro de las transferencias pendientes, un nuevo marco con reconocimiento nacional y bilateralidad con el Estado y más competencias. El PNV comprometió una ronda de reuniones discretas para tantear posibles acuerdos. El PSE-EE insiste en que no coquetee con EH Bildu para una propuesta soberanista, algo que ve como una “verdadera amenaza”.

“Las encuestas señalan que no hay una postura muy favorable a unos grandes cambios respecto a la situación actual. Los cambios muy radicales son cada vez más complicados. La única vía que tiene el Estatuto de autonomía es una reforma. Y una reforma que no implique unos cambios absolutamente sustanciales en lo que tiene que ver con la relación con el Estado español”, opina Elizondo. El propio Estatuto define cómo tiene que ser su reforma. Y, sí, también acaba siempre con un referéndum. Y añade: “La aceptación del régimen de autonomía que se establece en el presente Estatuto no implica renuncia del Pueblo Vasco a los derechos que como tal le hubieran podido corresponder en virtud de su historia, que podrán ser actualizados de acuerdo con lo que establezca el ordenamiento jurídico”.