La reforma educativa, un desplante a Urkullu y varias sentencias ponen el euskera en el centro del debate político en Euskadi
El lehendakari se ha enfadado con empresarios en Bilbao mientras hablaba en euskera y ha visto “impresentable” que Juan Luis Ibarra vincule a ETA con la lengua vasca; mientras, EH Bildu considera que los socialistas aplican la misma política que “Vox en Baleares” al defender los modelos A, B y D
Urkullu, con gesto serio, durante el Congreso Nacional de la Empresa Familiar de Bilbao, este lunes IREKIA
Mientras el Congreso de los Diputados ha abierto la puerta a las intervenciones en las lenguas cooficiales más allá del castellano y mientras España (al fin) ha accedido pedir en Europa mejorar el estatus de estos idiomas, el euskera se ha metido de lleno el debate político en Euskadi. El idioma, que ha ganado 260.000 hablantes en las últimas tres décadas, es también el principal foco de tensiones en la reforma educativa que quiere tramitar con celeridad el Gobierno vasco, particularmente el PNV, como hito final de una legislatura autonómica que tiene los meses contados. En apenas dos semanas, ha ocurrido todo lo que sigue:
En el Congreso Nacional de la Empresa Familiar, en Bilbao, un grupo de empresarios, en presencia del jefe del Estado, el rey Felipe VI, tosieron en señal de disgusto cuando el lehendakari, Iñigo Urkullu, pronunciaba unas palabras en euskera. Las fuentes consultadas indican que es algo que le pasó 24 horas antes al alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, y que, en otro acto anterior, a Urkullu se le marcharon algunos oyentes cuando pasó del castellano al euskera. Antonio Garamendi, el vasco que preside la patronal española, ha tenido que disculparse ante Urkullu, al igual que Andrés Sendagorta, el representante de las empresas familiares. Sendagorta y Urkullu se volverán a reunir este lunes en Zamudio.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en concreto la sala de lo contencioso-administrativo del juez Luis Garrido, un viejo conocido del Gobierno vasco desde que le tocó revisar las restricciones durante la pandemia, ha dado continuidad a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley Municipal de 2015 y ha anulado en dos resoluciones artículos de decretos para priorizar el euskera en las instituciones locales recurridos por Vox y por el PP. Estas decisiones siguen a otras de los últimos meses que han acotado la exigencia del euskera en oposiciones, por ejemplo, o que incluso vetaron que una familia pusiera 'Hazia' a su bebé al asegurar que era un equivalente a 'semen'. Diferentes organismos sociales y las fuerzas nacionalistas, PNV y EH Bildu, hablan ya de “euskarafobia”.
Urkullu, desde la más solemne de las tribunas de que dispone, la del Parlamento Vasco, ha pedido “sensibilidad” a los jueces. No es un mensaje nuevo en el PNV, que demanda un poder judicial propio en Euskadi. El PSE-EE, que es socio del PNV en el Ejecutivo vasco, en las diputaciones y en los ayuntamientos, se ha desmarcado de acuerdos o movilizaciones en contra de las sentencias y ha ironizado que el PNV ha reaccionado a los varapalos judiciales sobre sus medidas lingüísticas como Irene Montero con la ley del 'sólo sí es sí', culpando a los jueces y no haciendo autrocrítica de su mala factura técnica. En la legislatura 2016-2020, cuando los socialistas dirigían Justicia, enviaron al Parlamento un informe sobre la escasa euskaldunización en la Administración de Justicia. En datos, apenas tres juicios en 2016 se hicieron íntegramente en lengua vasca y, en 2017, apenas 16 magistrados y dos fiscales tenían nivel alto en lengua vasca.
El expresidente del Superior, Juan Luis Ibarra, que ahora es responsable de un órgano de control del propio Gobierno vasco, la comisión que realiza seguimiento de las actuaciones de la Policía, ha manifestado en un foro sobre el terrorismo de ETA organizado por la Fundación Buesa lo que sigue sobre el euskera, las sentencias y la respuesta social: “No se trata [...] de una movilización social promovida desde la verdad expresada en la ejecutoria judicial sino desde el prejuicio expresivo de un proceso de intenciones. Un proceso de intenciones en el que se detecta el eco sostenido y específico del discurso de deslegitimación social que la cultura de la violencia política dirigió durante más de una década contra la judicatura ejerciente en los órganos jurisdiccionales del País Vasco. Un discurso vinculado a la mitología del MLNV que, tiempo atrás, se sustentó sobre tres proposiciones tópicas”. El MLNV es el Movimiento de Liberación Nacional Vasco, como se denominaba al conglomerado que lideraba ETA. Y dijo más: “Debemos reclamar de las formaciones políticas democráticas que los ecos reelaborados de los mitos de aquel pasado de violencia no interfieran el diálogo social, en este caso en el debate sobre eventuales sesgos en la actuación jurisdiccional referida al régimen jurídico de cooficialidad lingüística. Lo que exige que la crítica y el debate se sustenten sobre la premisa comúnmente admitida por los demócratas de los principios de la separación de poderes y la independencia judicial y no desde la sola imputación de infundados procesos de intenciones respecto de los integrantes del poder judicial. También en ello nos jugamos la posibilidad futura de una memoria apaciguada sobre nuestro reciente pasado de coexistencia con la violencia terrorista”.
“Impresentables”. Así definió el lehendakari las palabras de Ibarra. “Vincular [a ETA] el euskera precisamente, que es la lengua de todos los vascos, seamos nacionalistas o no nacionalistas, me parece impresentable”, fueron sus palabras precisas en un acto de presentación del primer satélite vasco en el parque tecnológico de Miñano, en Álava . Es una brecha considerable porque Urkullu e Ibarra habían encarnado precisamente el acercamiento y el reencuentro entre el poder ejecutivo y el judicial en Euskadi después de la escisión en tiempos de Juan José Ibarretxe en Ajuria Enea y Fernando Ruiz Piñeiro en Jardines de Albia. “Estuvimos contra ETA tanto como él”, le ha dicho también al magistrado el PNV.
El lehendakari, Iñigo Urkullu, al lado de Juan Luis Ibarra, en un acto en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco IREKIA
Así, el próximo fin de semana Euskalgintzaren Kontseilua ha llamado a “llenar las calles de Bilbao”, así como a participar en iniciativas más locales. En realidad, la convocatoria lleva meses encima de la mesa por la “ofensiva contra el euskera”. El lema elegido es 'Oldarraldien aurrean, euskararekin bat, euskaraz bat'. Sin embargo, el lingüístico es también el eje fundamental de la reforma educativa, que ha encarado ahora su fase definitiva en el Parlamento. Ironizó el lehendakari que la ley de Educación parece más la de los Idiomas ya que, en euskera, a ambas palabras ('Hezkuntza' e 'Hizkuntza') solamente les diferencia una letra.
En abril de 2022, los dos partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, y las dos principales fuerzas de la oposición, EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU, firman un acuerdo de bases para la reforma educativa. El pacto estuvo en riesgo a última hora por diferencias sobre el euskera principalmente entre nacionalistas y socialistas. Finalmente, se alumbra un documento en el que se apuesta por un modelo único de enseñanza adaptable centro a centro según su contexto con el euskera como eje y con unos mínimos en ambos idiomas oficiales (B2 a los 16 años) y en el inglés u otra lengua extranjera (B1 con esa edad).
En abril de 2023 (con retraso) el Gobierno de Urkullu presenta el proyecto de ley que bebe de las bases y desarrolla ese marco único. El PSE-EE levanta la voz y asegura que no aceptará la eliminación de los modelos lingüísticos actuales, A, B y D en castellano, mixto y en euskera, respectivamente. Considera que es la garantía de la libertad de elección de las familias. En busca de un equilibrio, el consejero del ramo, Jokin Bildarratz, asegura que esos modelos que ni se citan en cien artículos y mil páginas de informes adjuntos a la ley no desaparecen porque están contemplados en otra norma diferente que no se toca, la del Euskera. Elkarrekin Podemos-IU ya no forma parte del acuerdo educativo por otros motivos pero sí EH Bildu, que asegura que hay que respetar lo pacto, un modelo único con el euskera como eje.
EH Bildu, formalmente, no ha roto las negociaciones con el Gobierno, aunque habla de “crisis” por la “quinta enmienda”, cuya retirada exige. Que todavía hay un hilo de contacto lo prueba que ya se han redactado los 23 artículos iniciales de la ley y que PNV y PSE-EE han aceptado en ellos 14 enmiendas de la coalición abertzale y hasta transaccionado textos alternativos conjuntamente en cuatro puntos, según fuentes conocedoras de los acuerdos. Pero no se ha llegado al punto que los separa, los idiomas. La formación que tiene en Pello Otxandiano e Ikoitz Arrese sus referentes en esta materia ha metido presión al PNV para que se desdiga de su acuerdo con el PSE-EE, aunque es improbable que Urkullu ponga en riesgo la estabilidad de su Gobierno de coalición por este motivo. Sostiene EH Bildu que los socialistas vascos actúan “como Vox en Baleares” en relación a los idiomas, mientras que de ellos mismos dicen que son como el PSOE balear. Allí, la ultraderecha ha llegado a pedir multas de 100.000 euros para quienes “impongan” el catalán. La Cámara encara una semana decisiva con la reforma educativa. Es probable que en los próximos días la ponencia legislativa que la tramita tenga que meterse ya a redactar los puntos relativos a los idiomas. Y es que el PNV ha decidido fijar un calendario exprés para despachar esta importante ley sin garantías de que no encalle por las diferencias políticas. La cercanía del final de la legislatura ha forzado a esta decisión.
El director de programa de EH Bildu, Pello Otxandiano EH BILDU