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Los responsables del vertedero de Zaldibar pactan una pena y una indemnización con la Fiscalía y las familias para no entrar en la cárcel

La Ertzaintza, en Zaldibar

Rubén Pereda

3 de septiembre de 2021 08:21 h

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Los responsables del vertedero de Zaldibar, cuyo derrumbe en febrero de 2020 provocó la muerte de los trabajadores Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze, han alcanzado un preacuerdo judicial con la Fiscalía y las familias de los fallecidos en el que aceptan que se produjo un homicidio imprudente, según han publicado 'El Correo' y 'El Diario Vasco'. En total, aceptan una conformidad que suma penas de dos años de cárcel, por lo que al no superar ese umbral y carecer de antecedentes no habrá ingreso efectivo en ningún centro penitenciario.

Los imputados por un juzgado de Durango son José Ignacio Barinaga, dueño de Verter Recycling, empresa gestora de las instalaciones; Arrate Bilbao Barinaga, administrativa de la compañía y sobrina del primero, y Juan Elosegui, ingeniero que ejercía de responsable técnico. En julio de 2020 fueron detenidos por la Ertzaintza. Según explica la Fiscalía de Bizkaia, el pacto ha de ser ratificado aún judicialmente, por lo que no es efectivo.

Tal y como adelantó elDiario.es/Euskadi, la empresa gestora del vertedero conocía la existencia de grietas y no les dio importancia. “En los vertederos es normal observar este tipo de movimientos”, interpretó apenas 24 horas antes de que se desencadenara la avalancha de residuos que se llevó por delante la vida de los dos trabajadores. Fue el propio Beltrán, “el jefe de la contrata de los trabajaos de aplanamiento”, el que según ese informe dio la voz de alarma. “Trasladó que el lunes descubrió algunos cambios en diferentes puntos del vertedero”, se puede leer en el informe.

Los gestores, que en febrero ya pagaron una fianza por su posible responsabilidad en la muerte de los dos operarios sepultados, eludirán de esta manera la cárcel. También han sido investigados en otra causa judicial, en la que un juzgado de Durango ha tratado de dilucidar si los hechos son constitutivos de un delito contra el medioambiente. Si fueren condenados en ella, operarían ya los antecedentes penales.

18 meses del derrumbe

El vertedero de Zaldibar se desplomó ladera abajo el 6 de febrero del año pasado. Quedaron sepultados Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, que ya habían advertido del riesgo de deslizamientos. Los primeros restos humanos se encontraron ya en agosto del año pasado en la zona de la antigua báscula, y las pruebas de ADN certificaron que pertenecían a Alberto Sololuze. Más tarde, ya en octubre, el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, anunció que daba comienzo una “fase” decisiva para la búsqueda del segundo cuerpo sepultado, el de Joaquín Beltrán, pues había un “alto porcentaje” de probabilidad de hallar los restos en la zona en la que se estaban adentrando los equipos de búsqueda. Sin embargo, no se encontró y el 14 de mayo de 2021, siete meses después, se anunció que se daba por finalizada la búsqueda. El 31 de agosto, el Gobierno vasco dio por concluidas también las labores de estabilización y recalcó que, desde el derrumbe, se había actuado de manera “constante e ininterrumpida” en la zona.

Hay constancia de que la empresa no actuó a pesar de las alertas. La catástrofe medioambiental también desnudó la gestión de los residuos, ya que en el lugar se almacenaban materiales con amianto, extremo que no fue comunicado en las primeras horas de búsqueda, en la que los operarios de rescate actuaron sin protecciones. Igualmente, los fuegos en la masa de residuos generaron flujos contaminantes en la comarca durante varios días.

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