La cronología de Zaldibar: las fechas más destacadas desde la desaparición de Alberto y Joaquín

Una lengua de más de medio millón de metros cúbicos de residuos engulló el 6 de febrero a dos trabajadores del vertedero de Zaldibar, gestionado por la empresa Verter Recycling. Han pasado ya once meses desde el derrumbe. Los restos de Alberto Sololuze aparecieron a mediados de agosto; los de Joaquín Beltrán se siguen buscando. elDiario.es/Euskadi repasa las fechas más destacadas.

6 de febrero: A las cuatro de la tarde, tres operarios de la empresa Verter Recycling están trabajando en el vertedero vizcaíno de Zalldibar. Uno de ellos, montado en una grúa, se percata de que el suelo se mueve. Al poco tiempo, una avalancha se lleva árboles y tierra a su paso ladera abajo. Medio millón de metros cúbicos de tierra caen desde el vertedero hacia la carretera y hacia el barrio de Etizaga. Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán quedan sepultados bajo la lengua de escombros.

Poco después del derrumbe llegan los servicios de emergencia, equipados con un helicóptero y drones; personal de rescate de montaña y la unidad canina, así como dotaciones de bomberos.

7 de febrero: La búsqueda se prolonga hasta la una de la madrugada, cuando se encuentra amianto en la zona y se suspende de inmediato.

A las 9:30, un grupo de geólogos estudia el terreno, que sigue “inestable”.

Las labores de rescate se reanudan esa misma tarde, pese a la existencia de amianto y la propia inestabilidad del terreno.

9 de febrero: El Gobierno delega la portavocía de la crisis de Zaldibar en los viceconsejeros de Seguridad y Medio Ambiente. Cuatro días después del derrumbe, el lehendakari, que asegura estar “coordinando la respuesta institucional”, sigue sin ofrecer valoración alguna.

Ese mismo día, el principal sindicato de la Ertzaintza, Erne, denuncia que los protocolos de seguridad no son los que se habían anunciado después de que se descubriese que entre la lengua del alud había restos de amianto.

10 de febrero: Cuatro días después de los hechos, el lehendakari preside la mesa de crisis: “No se trata de estar por estar. Se trata de que seamos operativos”, proclama. Asegura no sentirse interpelado “por las campañas que se hagan en Twitter” en torno a su papel al frente de la crisis y garantiza que sigue “desde el primer minuto” la situación.

Asimismo, da a conocer el adelanto electoral -si bien los comicios al final se postergarían hasta julio por la llegada del coronavirus- y, horas después, se reúne de urgencia con los alcaldes de los municipios próximos al vertedero. Mientras personas de toda la comarca toman las calles para protestar por la gestión de la tragedia, el lehendakari anuncia un fondo de emergencia para Zaldibar.

11 de febrero: El juzgado de instrucción de Durango abre diligencias por presuntos delitos medioambientales y laborales contra la empresa Verter Recycling, titular del vertedero de Zaldibar. Es Josu Erkoreka, portavoz del Ejecutivo, quien da a conocer el dato de la investigación.

12 de febrero: Seis días después del derrumbe del vertedero, Urkullu visita Zaldibar y se reúne con los familiares de los operarios sepultados.

14 de febrero: El Gobierno vasco aconseja, de forma preventiva, a los vecinos del entorno del vertedero -esto es, a los residentes en los pueblos de Zaldibar, Eibar y Ermua- que “no hagan deporte ni ventilen la casa, sobre todo por la noche”. Esto se debe a que los informes de calidad del aire revelan un alto nivel de furanos y dioxinas, surgidos al quemarse el plástico.

15 de febrero: Siguiendo las recomendaciones del Departamento de Salud, LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol acuerdan suspender el derbi de fútbol que iban a disputar ese mismo domingo la S. D. Eibar y la Real Sociedad.

17 de febrero: Los vecinos de Ermua se reúnen con representantes del Gobierno vasco y les trasladan su preocupación por la contaminación producida por el incendio. Salud asegura a los vecinos que “un 0,6% de lo que hay en el vertedero” es amianto.

Según el director de la Agencia Vasca del Agua (URA), sobre las 20:30 quedan “vencidos los frentes más importantes de todo el incendio” en el vertedero. Admite, sin embargo, que las brasas se pueden reproducir y advierte que hay “unos pocos rescoldos que pueden humear”, por lo que se da por resuelto el fuego “desde la precaución”.

18 de febrero: elDiario.es/Euskadi adelanta que los responsables de la empresa Verter Recycling admitieron después de la catástrofe que “días atrás se había detectado la existencia de grietas”, tal y como queda certificado en el informe presentado en el Parlamento Vasco por el consejero de Medio Ambiente, el socialista Iñaki Arriola.

En puertas de las elecciones ya convocadas del 5 de abril, el Parlamento Vasco ha quedado disuelto. Sin embargo, Urkullu comparece ante la diputación permanente -el órgano 'de guardia'- para dar cuenta de su gestión de la crisis. Reconoce “errores” ante la Cámara, pero defiende la actuación de su Gobierno y denuncia la “utilización política” de la catástrofe por parte de la oposición al “agitar los miedos, los deseos vindicativos o la prisa por debilitar al adversario político”.

Más de una semana después del derrumbe del vertedero, Zaldibar sigue en un impás. elDiario.es se traslada hasta la localidad, a donde la información llega con cuentagotas. Además, los niños no corren por los parques y el Carnaval se ha suspendido.

21 de febrero: El Gobierno vasco vuelve a activar la alerta sanitaria en un barrio de Ermua, aunque esa misma tarde, después de apagarse el último incendio, levanta las medidas preventivas.

Ese mismo día, el Gobierno vasco traslada a la Fiscalía un segundo expediente sancionador a la empresa Verter Recycling, al entender que ha podido cometer algunos delitos. Ha apreciado actuaciones que “directa e indiciariamente, pudieran tener impacto en la producción o impedimento de la detección temprana del incidente del deslizamiento del vertedero”.

25 de febrero: El Departamento de Medio Ambiente solicita a los vertederos públicos de Euskadi que concreten su capacidad para acoger, tanto a corto como a medio plazo, los residuos que varias empresas llevaban a la instalación de Verter Recycling.

Esto tensiona a las tres diputaciones. El Gobierno vasco da a los vertederos públicos un plazo de dos días en el que habrán de remitir un “compromiso fehaciente” para acoger los residuos que hasta ahora iban a parar a Zaldibar. De buenas a primeras, Bizkaia y Gipuzkoa dicen no. El Ayuntamiento de Vitoria, pese al rechazo de la oposición, brinda los datos relativos a la cantidad de residuos que podría recibir el vertedero municipal de Gardelegi, situado en la capital.

3 de marzo: El Gobierno vasco aprueba la construcción de dos depósitos que recogerán los escombros del vertedero de Zaldibar. Las celdas, que albergarán hasta 300.000 metros cúbicos de residuos, se sellarán posteriormente.

4 de marzo: Prácticamente un mes después del derrumbe, la familia de Joaquín Beltrán, uno de los trabajadores sepultados, denuncia que las labores de búsqueda están “totalmente descoordinadas desde arriba y han sido inadecuadas e insuficientes”.

Ese mismo día, Urkullu se dirige a las familias de los desaparecidos: “En momento alguno he rehuido de los posibles errores cometidos ante un hecho sobrevenido y en la gestión del mismo pero he conocido y conozco, de primera mano, el compromiso de todas las personas representantes institucionales así como la voluntad, el esfuerzo y la tenacidad con la que se está trabajando sobre el terreno y fuera de él, sin escatimar medios, para lograr -¡ojalá que fuera cuanto antes!- la aparición de Alberto y Joaquín”.

5 de marzo: Ekologistak Martxan se querella contra Verter Recycling, pues considera que el derrumbe no es casual y que puede implicar delitos contra el meidoambiente y la seguridad de los trabajadores.

Por otra parte, Medio Ambiente se pone duro e impone a las empresas límites para eliminar residuos en los vertederos.

7 de marzo: Justo cuando se cumple un mes del derrumbe, las familias de los desaparecidos comparecen por primera vez ante los medios de comunicación y anuncian que van a emprender acciones legales, “pero ahora la prioridad es encontrarlos”.

10 de marzo: La plataforma ciudadana Zaldibar Argitu (que se puede traducir al castellano como “Esclareced Zaldibar”) convoca junto con los vecinos de la comarca un paro laboral y movilizaciones. Quieren mostrar su “hartazgo” por la gestión y exigir que “los responsables den la cara de una vez”.

13 de marzo: Urkullu acorta su rueda de prensa en relación con la crisis del coronavirus porque -siempre según lo que señalan fuentes del Gobierno a este periódico- “había adquirido un compromiso con las familias de los desaparecidos del vertedero de Zaldibar para visitar el vertedero y ver la evolución de los trabajos”. Los familiares, sin embargo, se levantan de la reunión porque tienen “constancia fehaciente de la intencional filtración de la cita a los medios de comunicación”.

5 de abril: Los equipos de búsqueda hallan entre los escombros el vehículo de Alberto Sololuze.

6 de abril: Al cumplirse dos meses de la desaparición de Alberto y Joaquín, y dadas las restricciones derivadas de la pandemia, los vecinos de Zaldibar convocan un “estruendo en los balcones” para recordarlos.

Como publica este periódico ese mismo día, un informe del Departamento de Medio Ambiente cuantifica en 6,87 millones de euros (sin IVA) el coste de las actuaciones posteriores al desprendimiento del vertedero.

6 de mayo: Se cumplen tres meses del derrumbe y los vecinos homenajean a los trabajadores desaparecidos con ofrendas florales en las plazas.

14 de mayo: La Comisión Europea decide investigar las causas del derrumbe del vertedero, pues considera que la información que se le ha facilitado “deja entrever importantes deficiencias en el funcionamiento”. Es el lituano Virginijus Sinkevicius quien decide intervenir por la “gravedad” del caso. Asegura que tanto los órganos competentes en el País Vasco como los nacionales deberían “haber detectado, vigilado y, en ultima instancia, sancionado” a la empresa.

18 de mayo: Urkullu no recibe de buen grado la noticia. “Lo hemos comentado desde la Secretaría Exterior del Gobierno vasco, con el Departamento de Medio Ambiente y con el Gobierno español para saber cómo puede proceder un comisario europeo a emitir una opinión en respuesta a partidos políticos o grupos parlamentarios sin previamente tener conocimiento de lo que son las actuaciones, que en principio son objeto de denuncia de las preguntas de los grupos parlamentarios europeos”, comenta a los periodistas el mismo día que da por superada la emergencia sanitaria y convoca elecciones para el 12 de julio.

6 de junio: Se cumplen cuatro meses del derrumbe. Los vecinos de Zaldibar y de los pueblos cercanos se echan a las calles con pancartas en las que se pueden leer las palabras “salud” y “responsabilidad” al lado de los nombres de los trabajadores.

7 de junio: La Ertzaintza constata “indicios de criminalidad” en la gestión del vertedero y determina que el derrumbe estuvo relacionado con “algún tipo de actuación irregular”.

12 de julio: En los comicios, el derrumbe y su gestión no pasan factura ni a 'jeltzales' ni a socialistas en Zaldibar ni en el cinturón que lo rodea. Apenas hay cambio de papeles en los distritos que componen Zaldibar, Ermua y Eibar.

21 de julio: La propia Ertzaintza arresta a José Ignacio Barinaga, dueño de Verter Recycling; a Arrate Bilbao Barinaga, administrativa de la compañía y sobrino del primero, y al ingeniero que ejercía de responsable técnico. La causa, instruida por un juez de Durango, analiza las consecuencias tanto medioambientales como personales del suceso.

22 de julio: Estas detenciones dan lugar a un entuerto jurídico entre la Ertzaintza y el juzgado de Durango que dirige la investigación. Las fuentes del cuerpo de la Policía vasca aseguran que actuaron como Policía judicial, pero la magistrada Sofía María Sánchez Ortega emite un comunicado en el que asegura “la operación se enmarca, exclusivamente, dentro del ámbito policial” y que ella no ha dictado “ninguna orden de detención”.

23 de julio: La jueza de instrucción número 1 de Durango imputa a los responsables un delito de homicidio imprudente a los tres responsables del vertedero, si bien decreta su libertad condicional con medidas cautelares.

6 de agosto: Se cumplen seis meses del derrumbe y la plataforma Zaldibar Argitu convoca dos concentraciones para exigir responsabilidades. “Todavía sigue saliendo polvo tóxico desde el vertedero los días de calor, por lo que pedimos a las instituciones que tomen medidas para garantizar la salud”, declara.

14 de agosto: Elkarrekin Podemos-IU plantea en el Parlamento Vasco una comisión de investigación sobre Zaldibar. “No se puede pasar página de lo ocurrido sin extraer lecciones”, subraya su portavoz, Miren Gorrotxategi.

16 de agosto: Los responsables del operativo de búsqueda de Joaquín Beltrán y Alberto Sololuze confirman en una rueda de prensa de urgencia que, más de seis meses después, han sido hallados al fin restos óseos humanos. Se tratará de identificar mediante pruebas de ADN a quién pertenecían.

17 de agosto: Aparecen más restos humanos en la misma zona; están aflorando “de continuo” y se analiza si se corresponden con los de Alberto y Joaquín. El viceconsejero de Seguridad, Josu Zubiaga, confía en poder tener los primeros resultados en unos días.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, se reúne con la familia de Alberto Sololuze y le pone al día sobre el avance de los trabajos de búsqueda. La familia de Joaquín Beltrán, que también ha recibido la invitación, rehúye entrevistarse con él.

La empresa encargada del vertedero, Verter Recycling, asegura que seguirá colaborando para culminar las labores de rescate y estabilización del terreno, así como para brindar “una solución segura a los residuos derramados” y “para conocer las causas del derrumbe”.

A lo largo del día, además, se hallan diferentes objetos personales de uno de los desaparecidos.

19 de agosto: Las pruebas de ADN confirman —con una certeza superior al 90%— que los restos humanos hallados en la zona de la antigua báscula del vertedero pertenecen a Alberto Sololuze.

2 de septiembre: Un informe de Medio Ambiente concluye que el amianto estaba correctamente aislado. Apunta que “no se ha identificado la deposición de ningún residuo distinto de los contemplados en la autorización ambiental integrada concedida”.

4 de septiembre: La auditoría externa encargada a una consultora británica concluye que el Departamento de Medio Ambiente dirigido por Iñaki Arriola cumplió con los requisitos de control de la instalación.

29 de septiembre: EH Bildu propone en el Parlamento Vasco la creación de una comisión especial de investigación sobre la gestión de la crisis del derrumbe del vertedero. “Es necesario utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para aportar luz en el esclarecimiento de esa tragedia”, defiende Mikel Otero, uno de sus parlamentarios.

1 de octubre: En el arranque de la nueva legislatura, la oposición en el Parlamento Vasco trata de exprimir su capacidad para la presentación de iniciativas en torno al vertedero de Zaldibar y las consecuencias medioambientales que trajo consigo el derrumbe. El Gobierno responde que la única prioridad consiste en localizar el segundo cuerpo. “Hay una urgencia: encontrar a Joquín Beltrán. No hay ponencia en el mundo que acelere eso”, argumenta la portavoz 'jeltzale', María Eugenia Arrizabalaga.

15 de octubre: Arranca, según Josu Erkoreka, una fase “decisiva” en la búsqueda del segundo cuerpo sepultado en el vertedero, el de Joaquín Beltrán, todavía no localizado. El vicelehendakari y consejero de Seguridad explica que se inician las tareas de vaciado y revisión de una zona con “alto porcentaje” de probabilidad de hallar los restos.

6 de diciembre: Diez meses después del derrumbe del vertedero, la plataforma Zaldibar Argitu se echa a la calle para reclamar, con diversas movilizaciones, “justicia” y que se depuren responsabilidades. Los portavoces señalan que quieren que lo ocurrido “no caiga en el olvido” y que “encuentren ya, de una vez por todas, a Joaquín”.

2021

20 de enero: El Gobierno vasco concluye que Verter Recycling es “responsable” de los “daños significativos” de suelos y aguas de Zaldibar y requiere a la empresa que presente un proyecto de reparación de los daños medioambientales. Asegura que esta responsabilidad recae sobre la empresa “en su condición de operador de la instalación”.

6 de febrero: La familia y miles de personas se echan a la calle para exigir que se localice a Joaquín: “No podemos llevar flores a un vertedero”, protestan.

9 de febrero: La plataforma Zaldibar Argitu abre una campaña de captación de fondos para el juicio y suma ya más de 7.500 euros. “Llevamos un año con movilizaciones en la calle, y creemos que ahora debemos dar protagonismo al juicio”, reivindican.

8 de febrero: La ministra de Defensa, Margarita Robles, desliza que Euskadi habría encontrado el cadáver de Joaquín Beltrán de haber pedido ayuda al Ejército. Poco más de una semana después, no rectifica sus palabras, aunque matiza que el Gobierno vasco ha hecho “todo lo que está en su mano”. El PNV, socio del PSE-EE, califica de “impresentable” la acusación.

19 de marzo: La empresa gestora del vertedero sabía que había grietas y no les dio importancia. Lo admite en un informe que desvela elDiario.es/Euskadi. “En los vertederos es normal observar este tipo de movimientos”, interpretó Verter Recycling 24 horas antes de la avalancha de residuos que mató a dos trabajadores a pesar de las alertas que ya tenía sobre la mesa

19 de abril: Los trabajos en el vertedero han tenido hasta la fecha un coste de 16,2 millones de euros para la Administración vasca. Es lo que se desprende de los expedientes enviados al Parlamento Vasco por la consejera Arantxa Tapia. El Gobierno, que ha realizado 29 adjudicaciones en 14 meses, actúa de manera “subsidiaria” y cargará los gastos a la empresa gestora de la planta, Verter Recycling.

28 de abril: El Gobierno vasco anuncia que se rastreará una nueva zona del vertedero, pero que, si no aparece allí el cadáver, la búsqueda del trabajado sepultado parará. Es la última 'zona caliente' y fuentes del Ejecutivo precisan que se trata de la última en la que considera que puede aparecer el cuerpo de Joaquín Beltrán.

14 de mayo: Aunque todavía no se ha encontrado el cadáver de Joaquín Beltrán, el Gobierno vasco le comunica a su familia que finalizará la búsqueda. La familia Beltrán llevaba meses demandando que no llegará este momento y que, a pesar de la complejidad técnica de las labores de búsqueda y del coste de la operación -más de 16 millones de euros-, no se diera por finalizada la búsqueda. La principal hipótesis, recogida en un informe, es que los restos de Beltrán han podido haber quedado descompuestos por “procesos físicos y químicos”.

27 de agosto: El Gobierno vasco anuncia que el 31 de agosto concluirá las labores de estabilización del vertedero. Recalca que, desde el derrumbe, ha actuado de manera “constante e ininterrumpida” en la zona. Concluidas estas labores y tras cerciorarse de que tras las obras la estructura es “estable” y “sin movimiento”, el Gobierno vasco se propone clausurar el vertedero por completo.

3 de septiembre: Los responsables del vertedero pactan una pena y una indemnización con la Fiscalía y las familias para no entrar en la cárcel. Los tres gestores —José Ignacio Barinaga, dueño de Verter Recycling, empresa gestora de las instalaciones; Arrate Bilbao Barinaga, administrativa de la compañía y sobrina del primero, y Juan Elosegui, ingeniero que ejercía de responsable técnico— acatan la pena por el homicidio imprudente de los dos trabajadores.

21 de octubre: La empresa propietaria del vertedero, Verter Recycling, inicia los trámites legales para su disolución. Tiene pendiente el abono de las facturas de los trabajos de estabilización y contención de la contaminación realizados por el Gobierno vasco tras el derrumbe del vertedero, cuantificados en 28 millones. A esta cantidad se suman los más de 3 millones de euros que la Diputación Foral de Bizkaia asumió para liberar de escombros y acondicionar la AP-8.