La ley estatal de Vivienda aprobada en 2023 establece la posibilidad de limitar los precios del alquiler en dos supuestos: en las declaradas 'zonas tensionadas' y en pisos que pertenecen a grandes tenedores, aquellas personas o empresas que disponen de cinco viviendas o más. Sin embargo, para el sindicato ELA estas medidas son “insuficientes” y “no resuelven” el problema de acceso a la vivienda que en lugares como Euskadi afecta de manera significativa.
Según han denunciado en una rueda de prensa en la que han presentado el 'Análisis del impacto de las zonas tensionadas en el precio de la vivienda en alquiler' en Euskadi y Navarra, “el 81% de las personas que viven de alquiler lo hacen porque no pueden permitirse una vivienda o están de forma temporal”. “La gente no quiere vivir de alquiler, pero no le queda otra opción y cada vez es más complicado encontrar alquileres dignos y asequibles”, ha indicado Janire Landaluze, representante del Gabinete de Estudios del sindicato.
En este sentido han exigido al Gobierno estatal y al vasco, por las aplicaciones que pueden realizar en materia de vivienda con la nueva ley -que el PNV tiene recurrida por considerar que invade competencias autonómicas-, que tomen otro tipo de medidas como declarar toda Euskadi y Navarra como zonas tensionadas sin excepción y no solo unas zonas concretas, que se aplique la normativa a todas las viviendas de alquiler y no a las de los grandes tenedores, crear una empresa pública de construcción, movilizar las 100.000 viviendas vacías que hay en Euskadi y Navarra para el alquiler y limitar y controlar las viviendas de uso turístico.
Según han explicado, el hecho de igualar las condiciones de pequeños y grandes tenedores en cuanto a los precios de sus alquileres puede contribuir a que bajen los precios. “Analizados los datos, es inviable encontrar en Euskadi a grandes tenedores y en zonas tensionadas que es donde se va a aplicar la normativa. Consideramos que todo aquel que tiene una vivienda en alquiler tiene que estar bajo una regulación con un precio y condiciones concretas. Los precios de alquiler ya están desorbitados y muchas personas destinan más del 30% de sus ingresos a pagarlos. Si se aplicase la norma a todos los tenedores, los precios del alquiler serían otros”, ha detallado Landaluze.
Preguntada por si el hecho de aplicar la normativa a todos los propietarios por igual puede hacer que quienes optan por el alquiler anual destinen sus viviendas a alquiler turístico, ha indicado que “eso es ya una realidad del mercado”. “Las viviendas turísticas cada vez son más porque el tenedor o propietario saca más rentabilidad destinándolo a una vivienda turística que a un alquiler convencional o tradicional. Los datos cercioran que alquilar siempre sea rentable y que con la turistificación las viviendas turísticas sean más rentables para los propietarios”, ha argumentado.
El informe publicado por el sindicato informa que en Euskadi existen 92.231 propietarios con viviendas en alquiler, cuyo perfil responde a personas de 60 años, con estudios superiores y de nacionalidad española. Son personas que cuentan con menos de cinco pisos, en ocasiones solo tienen uno, por lo que en su mayoría quedan fuera de la normativa de la ley de Vivienda. Por el contrario, el perfil de las personas que alquilan tienen una media de 46 años, estudios primarios y la mitad de ellas son personas extranjeras. A modo de ejemplo, el precio medio de alquiler de un piso de 80 metros cuadrados es, según recoge el documento del sindicato ELA, de 1.376 euros en Donostia, 1.136 en Bilbao, 912 en Vitoria y 848 en Pamplona.
“La principal conclusión de este informe es que las medidas contempladas en la ley de Vivienda del Estado español para limitar el precio de los alquileres no va a tener ningún impacto en Euskal Herria. Primero, porque no existe ninguna voluntad por parte del Gobierno vasco, ni del de Navarra de aplicar estas medidas. Recordemos que el PNV dice que la nueva ley invade competencias de las comunidades autónomas y que ya hay una ley vasca de Vivienda en la que no se legisla el alquiler. No obstante, el propio PNV estuvo en contra de la ley vasca de 2015. Quién sí la apoyó fue el PSE, que además ha sido y será socio de gobierno y quién ha tenido la cartera de vivienda durante los últimos años. A pesar de ello, no ha habido ningún tipo de presión política por su parte al PNV para la implementación de los mínimos que plantea la ley. Tampoco el Gobierno de Navarra está teniendo demasiada prisa en implementar medidas”, destacan desde el sindicato.
Por el momento, Errenteria ha sido el primer municipio vasco en convertirse en zona tensionada y topar los alquileres de las viviendas. El pueblo guipuzcoano se trata de uno de los 43 municipios vascos identificados en un diagnóstico realizado por el Ejecutivo a través del Observatorio vasco de la Vivienda como lugares que podrían ser declarados zonas tensionadas por cumplir con los requisitos establecidos por la ley estatal. La mayoría de estos municipios está en Gipuzkoa, con un total de 20, en Bizkaia son 19 y en Álava dos.
De los 20 municipios que se identifican en Gipuzkoa que cumplen uno de los dos requisitos, 15 lo hacen de forma completa: Andoain, Astigarraga, Beasain, Errenteria, Hernani, Irún, Lasarte-Oria, Lazkao, Lezo, Ordizia, Urnieta, Pasaia, Usurbil, Zestoa y Zumaia. Los otros cinco lo hacen parcialmente, es decir unos distritos sí y otros no: Arrasate-Mondragón, Azkoitia, Tolosa, Zarautz y Donostia. En la capital quedan fuera de ser zonas tensionadas los distritos 2 y 6 que se corresponden con partes de Centro, Aiete, Amara Berri, Martutene y Miramon-Zorroaga, y los barrios completos de Antiguo, Añorga, Ibaeta, Igueldo y Zubieta.
En Bizkaia serían 19 municipios, de los que ocho entrarían de forma completa: Barakaldo, Basauri, Berango, Etxebarri, Santurtzi, Sestao, Sondika, y Urduliz. Mientras que 11 podrían declararse de forma parcial: Abanto-Zierbena, Arrigorriaga, Balmaseda, Bermeo, Erandio, Galdakao, Gernika-Lumo , Leioa, Ortuella, Portugalete y Bilbao, en el que el distrito seis, que se corresponde con Abando e Indautxu, queda fuera de la declaración de zona tensionada. En lo que se refiere a Álava, son sólo dos los municipios susceptibles de poder optar a una regulación específica del mercado inmobiliario: Alegría-Dulantzi de forma completa, y Vitoria, con cinco de los seis distritos incluidos, quedando fuera las zonas rurales este, noreste y sureste.
“La nueva Ley no garantiza el derecho subjetivo a la vivienda, no acaba con la especulación inmobiliaria y renuncia a regular las viviendas turísticas. A eso se le suma el debate competencial, de corto recorrido, ya que dado que la competencia en materia de vivienda está en manos de las comunidades autónomas, dependerá de la voluntad de éstas su aplicación o no y en consecuencia su alcance. La Ley deja en manos de estas la fijación de las denominadas zonas tensionadas y la concreción del número de viviendas que deben estar en manos de los propietarios para ser considerados grandes tenedores. Limita a su vez, la subida de los precios del alquiler, pero partiendo de una situación viciada, con unos precios de alquiler de vivienda, ya de por sí muy elevados, desorbitados, por lo que el problema no se soluciona ni desaparece. Y sin olvidar que será de aplicación solo en las denominadas zonas tensionadas”, concluyen desde el sindicato ELA.
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