El acuerdo de investidura al que han llegado el PNV y el PSOE lleva un claro guiño hacia los funcionarios y hacia los sindicatos que han levantado en pie de guerra a una plantilla de alrededor de 150.000 trabajadores públicos, que secundaron mayoritariamente la huelga el pasado 25 de octubre y que están llamados a salir a otra el 19 de diciembre. Pero es un gesto que las centrales no se acaban de creer. No sólo no desactiva las convocatorias de huelga sino que las reafirma. “Se abre una puerta, pero está por ver si la cruzan”, dicen. “Sigue estando todo en manos del Gobierno de Madrid, porque el PNV está muy cómodo así”, insisten. Pero a la vez, recalcan en que el acuerdo deja completamente claro una cosa: “Es una cuestión de voluntad política. Si se quiere, las condiciones de los trabajadores públicos se decidirán aquí, pero hace falta querer”.
En el documento suscrito el pasado viernes se establece que “se pactarán en la Comisión Mixta del Concierto las tasas de reposición de la oferta de empleo público de nuevo ingreso a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren absolutamente prioritarios, y los máximos globales al incremento de la masa retributiva de los empleados y la subidas salariales de los funcionarios”. Es decir, se establece la posibilidad de que tanto las tasas de reposición como la subida salarial de los funcionaros sea más elevada que en el resto del Estado. Pero “los trabajadores seguimos estando fuera de la negociación”, censuran.
“Hasta ahora siempre se ha dicho desde el Gobierno vasco que era una cuestión que no dependía de ellos, y nosotros siempre hemos dicho que era un tema de voluntad política. El contenido que vaya a tener después habrá que verlo, pero que es una cuestión de voluntad política ha quedado de manifiesto”, señala Igor Eizagirre, responsable de Función Pública de ELA. Aunque emplaza a una reunión que tendrá este martes el sindicato para valorar más en profundidad el acuerdo, insiste en que “el documento demuestra que el hecho de que se pueda decidir aquí los salarios y las condiciones de los funcionarios no tiene que ver con las competencias, sino con la voluntad política”. “Nos están vendiendo que hacemos una huelga por algo que se decide en Madrid y se ha demostrado que el que eso cambie es una cuestión de voluntad”, y en ese sentido, “se nos da la razón respecto a lo que siempre hemos defendido”, afirma. Dicho eso, considera que el hecho de que quede en manos de la Comisión Mixta de Concierto supone que no se trata más de “una declaración de intenciones”. “Se reconoce que es una cuestión de voluntad política, cosa que antes ese negaba. Pero al final la última palabra la tiene Madrid”, recalca.
Xabier Ugartemendia, de LAB, tampoco cree que el hecho de que quede en manos de un pacto en la Comisión Mixta sea una garantía de que la cosa va a cambiar. De entrada, porque se trata de un organismo en el que está presente el Gobierno central y el vasco, pero “se deja de nuevo a los trabajadores al margen de la decisión”. Además, recuerda que hasta ahora voluntad del Gobierno vasco para mejorar las condiciones de sus trabajadores “ha sido nula”. “No veo por qué va cambiar eso ahora”. Y en el caso de que haya voluntad por parte de Ejecutivo vasco “el Gobierno central sigue teniendo capacidad de veto”. “Es más que nada fuego artificial, una escenificación y poco más”, señala. “No veo que responda a lo que demandan los trabajadores y por los que vamos a la huelga. Básicamente que se negocie aquí, en Euskadi y en las mesas negociadoras. Y ni se negocia aquí ni los trabajadores estamos en la mesa y por lo tanto se nos va a imponer”, abunda. Ugartemendia considera que el resultado de la primera jornada de huelga entre los funcionarios “ha forzado al PNV a poner este tema en su agenda”, pero que “lo que han acordado no va dar salida a la situación”. “Una escenificación para hacernos creer que están haciendo algo pero con poco significado”, sostiene.
“Que se abra la puerta a la posibilidad de que se pacte en la Comisión Mixta no quiere decir que se traspase la puerta de que se mejoren en Euskadi las condiciones de los trabajadores públicos”, señala Iñigo Garduño, responsable de CCOO en el sector público. Aunque este sindicato también está pendiente de realizar una valoración más en profundidad, Garduño considera que el Gobierno vasco hasta ahora “ha estado muy cómodo agarrándose a que Madrid no permite modificar las condiciones laborales de los funcionarios y el Gobierno vasco ha aceptado de buen grado todos los recortes que se han planteado”. En este sentido, consideran que el acuerdo “apunta en la línea correcta de lo que se reivindica y que supone una parte importante de por qué se va a la huelga: que se decidan nuestras condiciones en Euskadi”. “Pero falta la segunda parte, que eso se materialice en las mesas. Apunta en la línea de evitar la normativa básica, pero no basta con abrir la puerta, tiene que tener la intención de cruzarla”, subrayan.
También es pesimista sobre los resultados del acuerdo del PNV y el PSOE Amaia Mayor, secretaria general del sindicato Satse. “El Gobierno vasco siempre se ha aferrado a las tasas de reposición que fijan los Presupuestos del Estado. Este año existía la posibilidad de hacer una tasa excepcional para conseguir bajar la temporalidad por debajo del 8% como marca a conocida como Ley Iceta, lo hemos planteado en la mesa de Osakidetza y no han querido”, recuerda, dando por sentado que no va a haber voluntad de incrementar las plantillas. “Somos críticas porque no vemos que haya ninguna voluntad. Todo se mide en cuestión presupuestaria, pero la realidad es terca y la realidad es que necesitamos más gente”, incide. Y lo mismo en relación con la subida salarial. “Hay una clara contradicción. Están pidiendo independencia para muchas cuestiones, pero para los empleados públicos no se pide que se pueda hacer la negociación de forma directa aquí y siempre se alude a que es algo que no tiene remedio. Viene bien ese discurso de no soy yo, es el otro”, que cree que se va a mantener ahora pese a que pueda llevarse a la Comisión Mixta. “Nosotras seguimos reclamando lo mismo que reclamábamos hasta ahora”, zanja.
UGT, que no secunda la convocatoria de paro en el sector público vasco, cree que tanto en la tasa de reposición como en la cuestión salarial el Gobierno vasco siempre ha puesto Madrid como disculpa para “no negociar nada aquí”. “Se aferraban a los presupuestos generales para no negociar nada aquí. Nos parece bien que pueda pactar en la Comisión Mixta del Concierto porque las condiciones que tenemos en Euskadi son diferentes a las que tienen en otras comunidades autónomas. El sueldo puede ser más alto, pero también lo es la cesta de la compra o la vivienda”, señala Arantza Agote. “Tenemos un Cupo, unas haciendas forales, unos presupuestos... y este Gobierno vasco puede hacer un esfuerzo”, señala. Recuerda además que hasta ahora la máxima del Gobierno vasco es “escudarse en Madrid para lo que no le interesa aunque para lo que quiere tiene autonomía suficiente”.
El sindicato principal de la Ertzaintza, Erne, ha preferido optar por la “prudencia” y esperar a ver cómo se desarrolla el acuerdo. “No conocemos suficiente como para valorarlo”, señala su secretario general, Sergio Gómez de Segura. “Pero está claro que necesitamos más plantilla y seguiremos exigiéndolo, igual que nuestra equiparación salarial con otros cuerpos policiales de Euskadi”, recalca.
El acuerdo suscrito entre PNV y PSOE incluye también un apartado que se acuerda una modificación del Estatuto de los Trabajadores para que los convenios colectivos firmados en el ámbito de la comunidad autónoma vasca tengan prevalencia sobre los convenios estatales. Esta modificación la exigió el PNV en el momento de votarse la reforma laboral y no lo consiguió, por lo que no la apoyó con su voto en el Congreso. También fue uno de los motivos, entre otros, que llevó a ELA y LAB a posicionarse en contra de esa reforma, mientras que desde CCOO y UGT en Euskadi siempre se ha defendido que esa prevalencia estaba garantizada ya con el acuerdo suscrito entre sindicatos y Confebask en 2017, en la que se establecía esa posibilidad. Esa división se ha mantenido también ahora, al valorar el acuerdo suscrito para la investidura.
A diferencia de las dudas que se muestran respecto al tema de los funcionarios ELA y LAB han acogido con satisfacción este punto. Es un logro que ELA atribuye a sus movilizaciones en contra de la reforma laboral. No obstante recuerda que está todavía por saber cuál es la postura al respecto de los socios de Gobierno. “Si este punto del acuerdo se confirmara podría considerarse una buena noticia para la clase trabajadora vasca. Los distintos puntos del texto deben validarse en el Congreso, y de momento no se conoce la posición del resto de socios de Gobierno, por lo que persiste la incertidumbre sobre la aplicación de lo pactado”, recuerdan.
De igual forma, LAB considera “un paso positivo” que se dé oficialmente prioridad de los convenios vascos, aunque critica que no se hayan introducido medidas para mejorar la situación de los que tienen contratos más precarios, o para poder subir en Euskadi el Salario Mínimo que este sindicato reclama que esté en 1.400 euros. CCOO considera que dota a los convenios autonómicos más seguridad, porque “los blinda jurídicamente”, pero recuerda que la prevalencia ya estaba recogida el Acuerdo Interprofesional de 2017, mientras a UGT no le ha gustado mucho que el pacto entre PNV y PSOE se meta en estas cuestiones y quiere se lleve a la Mesa de Diálogo Social según ha señalo este mismo lunes Pepe Álvarez, donde precisamente no hubo acuerdo al respecto en el momento de pactar la reforma laboral.
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